En el 2011, el entonces Gobierno federal al mando del presidente Felipe Calderón, dio a conocer la construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) en conjunto con la iniciativa privada.
La operación de dichos CEFERESO consistió en otorgar a una compañía o consorcio de empresas la construcción, mantenimiento y operación de un centro penitenciario por al menos 20 años según la investigación ¿Qué tal han funcionado las cárceles privadas en México? de la organización México Evalúa, publicada en 2021.
“En ese entonces se dijo que las empresas se encargarían de construir, administrar y aportar absolutamente todos los insumos necesarios para el funcionamiento de los centros (mobiliario, alimentos, artículos de limpieza, ropa para los internos, servicios de lavandería, agua, luz, etcétera), en tanto que las instituciones públicas se limitarían a prestar los servicios de seguridad dentro de los penales”, señala el informe.
Sin embargo, detalla que desde el principio de la construcción de dichos centros de reclusión, las malas prácticas se hicieron presentes.
La estrategia implementada en el Gobierno de Felipe Calderón para que empresas privadas construyeran y manejaran ocho cárceles, ha fracasado
“Fueron seis los consorcios empresariales a los que, sin concurso ni licitación de ninguna clase, se les asignó esta suerte de concesiones federales: Desarrolladora Homex, empresa dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación y que, a la postre, firmó un acuerdo con Inbursa de Carlos Slim; ICA (Ingenieros Civiles Asociados), una de las constructoras más antiguas de México; Prodemex (Promotora y Desarrolladora Mexicana), de Olegario Vázquez Raña; los consorcios ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez; y GIA (Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados), que preside Hipólito Gerard Rivero.
“Ninguno de estos consorcios contaba entonces con conocimientos en cuanto a la construcción de este tipo de infraestructura ni mucho menos con experiencia en el manejo de centros penitenciarios”, menciona México Evalúa.
Además, a 10 años de su funcionamiento, las ocho cárceles privadas tienen los mismos problemas que las públicas.
“En ese trabajo descubrimos que en los centros de reclusión privada persistían problemas idénticos a los que se tenían en los centros públicos: autogobierno, tráfico de drogas, prostitución, tratos crueles y degradantes, entre otras prácticas semejantes”, afirma.
Además, los costos de operación son elevados: mantener a un recluso en un penal privado ronda en los mil 500 pesos diarios, mientras que en los penales públicos, 390 pesos.
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