Ley de Víctimas: ¿cambiar para seguir igual?

La reforma a la Ley General de Víctimas que se trabaja en el Senado de la República podría convertirse en otro intento fallido por mejorar los mecanismos de atención a quienes han sido afectados por la comisión de un delito o la violación a sus derechos humanos.

Comisiones del Senado se aprestan para aprobar reformas a la Ley General de Víctimas con las que se pretende dar más autonomía a la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), pero también dejar a la Secretaría de Gobernación a la cabeza de la atención.

Desde la sociedad civil, esto se ve como un intento por continuar con la simulación y con la contención política y social de las víctimas.

En el proyecto de dictamen que se estudia en comisiones, se establece, entre otras cosas, que ahora la CEAV dejará de estar compuesta por un grupo de comisionados; los actuales, serán cesados en cuanto las reformas entren en vigor.

En vez de eso, la CEAV se convertirá en un organismo unipersonal, comandado por un Comisionado Ejecutivo, que será nombrado a propuesta del presidente de la República y deberá ser ratificado por 

el Senado.

Sin embargo, este nombramiento se llevará a cabo sin la necesidad de realizar una consulta con la sociedad civil.

El máximo órgano de decisión de la CEAV será la Junta de Gobierno, que estará presidida por la 

Secretaría de Gobernación.

En la Junta participarán también representantes de las secretarías de Hacienda; Desarrollo Social; Educación; Salud; del Trabajo; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Así como de la PGR; el IMSS; el Inmujeres; la Secretaría Ejecutiva de Protección a Niños y Adolescentes; el Comisionado Ejecutivo de la CEAV; y tres representantes de la Asamblea Consultiva.

Dicha Asamblea Consultiva es el órgano conformado por nueve representantes de la sociedad civil que servirán sólo como consultores del Comisionado Ejecutivo.

Esto, desde la perspectiva de la sociedad civil, se aprecia como una forma de controlar a la CEAV y que ésta se convierta en un organismo de contención política y social de las víctimas, más que un verdadero intento por resolver el problema. El esquema se presta a la simulación, acusan.

Para Silvano Cantú, defensor de Derechos Humanos y uno de los abogados que ha acompañado a las asociaciones y colectivos de víctimas –entre ellas el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad- para construir y ahora reformar esta Ley, el peligro es que se busque corporativizar a las víctimas para contener su clamor de justicia.

“Frente a las propuestas que hicieron las víctimas, el Senado está presentando una redacción en la cual en la forma, en las figuras que proponen las víctimas, se adoptan; pero siempre con este mecanismo de corrección, de manipulación, de sesgo, en el cual se vuelven inocuas las propuestas y se convierten finalmente en un objeto secuestrado por la agenda gubernamental. Tomaron las propuestas de las víctimas para ir en contra del interés de las víctimas.

“Lo que me preocupa es que se convierta esto en lo que ya se había prefigurado con el reglamento (de la Ley vigente) y con la línea que mandó Segob a los comisionados, que es la de contener todos los conflictos que se producen por la presión política que generan las víctimas, y corporativizarlas”, expresó Cantú.

Los grupos de víctimas y defensores de derechos humanos presentaron en febrero de este año una serie de propuestas al Senado sobre la mejor forma para procurar la justicia a las víctimas.

Una de ellas fue que la CEAV tuviera mayor autonomía, y estuviera regida por una sola persona; jamás propusieron que fuera la Secretaría de Gobernación la máxima autoridad, pues ello desvirtúa el propósito de atención.

Además, el dictamen prevé ahora que la designación de presupuesto para la atención a víctimas quede sujeto al ejercicio del que ya se tiene, y que presenta un subejercicio de más del 90 por ciento.

Los recursos para reparación del daño están radicados en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, manejado por la CEAV, que ha tenido aportaciones por mil 536 millones de pesos del 2014 al 2016.

El dictamen del Senado refiere que sólo se ha utilizado el 3 por ciento de dichos recursos, por lo que es urgente flexibilizar la manera en que se accede al dinero para ayuda y reparación del daño.

También se prevé que cada entidad del país cuente con un Fondo de Ayuda y Reparación de las Víctimas, un registro de víctimas y una Comisión Estatal de Atención.

Y otro de los puntos cuestionados desde la sociedad civil es que no se permiten, salvo casos excepcionales, que profesionales independientes realicen labores de peritaje o defensa, pues se prevé que estos tengan que estar adscritos al cuerpo de servicio de carrera de la CEAV.

En este punto, la CEAV no alcanza a cubrir los requerimientos, pues en el caso de los asesores jurídicos de las víctimas, por ejemplo, sólo se cuenta con alrededor de 80 profesionales para todos los procesos federales, lo que a todas luces es insuficiente.

‘Corporativizar’ a las víctimas

Silvano Cantú advierte que, de aprobarse el dictamen en la versión que preparan las comisiones del Senado, las reformas a la Ley General de Víctimas tendrían un “pronóstico reservado”, pues no se resolverá el problema de fondo y solo se buscará contener el descontento por la falta de justicia.

Cantú, quien renunció a la Dirección de Vinculación de la CEAV en marzo del 2015 por considerar las presiones políticas volvieron a la propia Comisión un obstáculo para la atención a las víctimas, sostiene que en el modelo actual se ha privilegiado la contención de un movimiento social y no la verdadera resolución de los daños que han tenido miles de personas ante la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.

“(Se corporativiza a las víctimas) dándoles apoyos, foros, ayudas provisionales, pero nunca llegar al fondo de los asuntos. Ya lo hemos visto, hay reparaciones en donde les dieron a elegir a las víctimas entre ir por sentencias condenatorias con quienes habían violado sus derechos, o quedarse con los cheques que les daba la CEAV. Así de ese tamaño.

“Parecería que lo que está en el cálculo y el ánimo gubernamental es crear una especie de CTM de víctimas, al más puro y viejo estilo, en el que las víctimas estén corporativizadas, que sean clientelas de apoyos y medidas asistenciales, y que no se resuelvan de fondo los problemas de impunidad y violencia que se viven en el país”, denunció Cantú.

Desde la sociedad civil, la exigencia al Senado es que se realicen cambios al dictamen que está a punto de ser votado, y se dé plena autonomía a la CEAV, sin que dependa de la Junta de Gobierno presidida por Gobernación.

Además, que los ciudadanos puedan participar con voz y voto en acciones concretas de la Comisión; y se fortalezca la posibilidad de hacer investigaciones independientes, con personal externo a la CEAV.

“Indistintamente de cómo quede la reforma (…) las víctimas no se quedarán sentadas y calladas frente a la indolencia. Esta reforma, salga como salga, tiene un mensaje: todos los comisionados (de la CEAV) se van porque ya son insostenibles, por su falta de legitimidad que pega a toda la clase política.

“Lo operaron tan mal, que ahora son incómodos incluso de los intereses gubernamentales de que eran incondicionales. Las víctimas seguirán castigando la indolencia”, recalcó Cantú.

La construcción y el estudio del dictamen ha estado a cargo de las comisiones de Justicia, 

Gobernación y Derechos Humanos del Senado de la República, donde ya es inminente su aprobación.