CDMX, sin proyectos de planeación ni desarrollo urbano por falta de resultados del IPDP

La administración 2018-2024 de la Ciudad de México está en su última etapa y uno de los grandes pendientes que deja es la planeación urbana.

Diputados locales y miembros de la sociedad civil acusan que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) no cumplió con el propósito por el que se conformó: guiar el crecimiento de la ciudad.

De este modo, el sexenio terminará sin que exista una política concluida en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que cuente con el apoyo de la ciudadanía.

El IPDP se creó con la intención de que sea el órgano rector de la política en desarrollo urbano y el ordenamiento territorial durante los próximos 20 años.

Instituto de Planeación, entre polémicas y dificultades desde el inicio

En diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), como parte de los mandatos constitucionales establecidos en la Carta Magna local promulgada en 2017.

Según la ley, al instituto se le facultó para elaborar el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) y el Programa de Ordenamiento Territorial (POT), documentos rectores del crecimiento de la capital y su infraestructura para un periodo de 20 años.

El 14 de diciembre de 2020, un año después de que se creó la normativa, Pablo Benlliure Bilbao recibió el nombramiento de director del organismo.

No obstante, colectivos sociales y asociaciones vecinales reprocharon la decisión.

Ruta Cívica fue una de las organizaciones en desacuerdo con las elecciones del titular del organismo al señalar presuntas irregularidades y un probable conflicto de interés de Benlliure Bilbao con desarrolladores inmobiliarios.

Los vecinos acusaron que el señalado supuestamente participó en el “boom” inmobiliario que hubo en la capital del país de 2012 a 2018; en ese lapso, se desempeñó como director de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Además, la sociedad civil denunció que el proceso de nombramiento fue irregular porque, desde el principio, lo favoreció a él.

Posteriormente, en julio de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México inició el desarrollo de consulta del proyecto de PGDU y el POT. Otra vez, la sociedad civil expresó su inconformidad, pues ninguno de los documentos se construyó en conjunto con la ciudadanía.

¿Qué ha hecho el IPDP?

En febrero de 2023, Pablo Benlliure renunció a la dirección del Instituto de Planeación; trascendió que esto se debió a las críticas recibidas durante su encargo y a los retrasos en los procesos de elaboración del PGDU y el POT.

Tres meses después, el 22 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las versiones finales de ambos programas, las cuales entregaría al Congreso de la Ciudad de México.

No obstante, ambos documentos no han contado con el consenso político para ser aprobados y no han sido discutidos en el pleno del legislativo.

Diputados de la oposición afirmaron que los proyectos no cuentan con respaldo ciudadano y no atienden las necesidades de la población.

Reiniciar al organismo para componer el camino, proponen vecinos

El proceso de creación del PGDU y el POT deben reiniciarse desde cero por las irregularidades que cometió el Instituto de Planeación, manifiesta en entrevista con Reporte Índigo, Alejandro Velázquez, vocero de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, una de las organizaciones que han criticado el proceso de creación de ambos documentos.

“Creemos que no tomó en serio el tema de la consulta a los pueblos, en alguna ocasión tuvimos una reunión con el instituto y les mencionamos la importancia de realizar asambleas, la participación y la difusión, pero al final el instituto no tuvo la capacidad de dialogar, ni establecer acuerdos mínimos con los pueblos y barrios originarios”, detalla.

Tambén afirma que, en la creación de ambos documentos, el instituto dejó de lado temas trascendentales como el suelo de conservación y rural.

“Recibimos negativas, que no se iba a modificar y que solo iban a incluir cambios menores. Ellos ya tenían sus proyectos”, explica.

Asimismo, comenta que, ante las críticas que hubo al IPDP y a los procesos de creación de los proyectos, el Gobierno de la capital responsabilizó a Pablo Benlliure y fue posiblemente que por esto presentara su renuncia.

Por último, reitera que el principal problema del organismo es que buscó imponer sus proyectos a la ciudadanía y no se instauró el Consejo Ciudadano, órgano legal dentro de la estructura del IPDP.

“Nunca se conformó este consejo que supuestamente debería garantizar la participación ciudadana. En su ley orgánica se estipulaba cierta autonomía, pero nunca se percibió, siempre estuvo supeditado a lo que dictó el Gobierno de la Ciudad de México”, declara.

El diputado Royfid Torres opina que al IPDP le faltó autonomía

El instituto no contó con la suficiente autonomía para poder llevar a cabo su trabajo y esto derivó en los malos resultados que hubo en planeación urbana, dice para este medio el diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (APC) en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González.

“Definitivamente los proyectos de PGDU y el POT son parciales, porque no están completos, no cuentan con la aprobación de la ciudadanía. Esto es una violación completa a lo que marca la ley”, explica.

Un ejemplo de lo que está mal, dice el legislador, es que los proyectos no contemplan a Milpa Alta dentro del crecimiento de la ciudad ni su ordenamiento.

Ante esto, afirma, se debe reivindicar el camino: nombrar un nuevo director, así como al Consejo Ciudadano del instituto para que la ciudadanía participe en la creación del PGDU y el POT.