CDMX podría aprobar que las personas con discapacidad ejerzan su derecho de capacidad jurídica

Las personas con discapacidad y todas aquellas mayores de 18 años que viven en la Ciudad de México podrán ejercer su capacidad jurídica si se avala una propuesta de reforma que busca garantizar su derecho a decidir.

La iniciativa con proyecto de decreto plantea echar marcha atrás el denominado juicio de interdicción.

Este mecanismo, de acuerdo con el Poder Judicial capitalino, autoriza a un juez de lo Familiar otorgar un representante o tutor a una persona mayor de edad que sufre de discapacidad física o mental, la cual “no puede valerse por sí misma”.

Dicha representación aplica en los ámbitos jurídico y civil, y desde 2021 fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La determinación se reiteró el 24 de agosto de 2022 por la Primera Sala del máximo tribunal del país tras otorgarle un amparo y protección a una mujer que quedó bajo la tutela de su pareja por lo establecido en la normativa mencionada.

“El 5 de junio de 2013, una mujer que por muchos años fue víctima de violencia física, psicoemocional y patrimonial por su cónyuge, fue declarada en estado de interdicción, quedando a cargo de su capacidad de ejercicio su propio agresor.

“Después de dos evaluaciones médicas en el juzgado y con un diagnóstico realizado sin claridad sobre el método utilizado, se le privó de su capacidad jurídica, es decir, de su derecho a decidir lo más mínimo de su vida”, relató la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al informar sobre la decisión de la SCJN.

Por este caso, la Corte determinó que todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación y el deber de juzgar con perspectiva de discapacidad y de género.

Propuesta local

En la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México del 16 de febrero, la diputada Marisela Zúñiga Cerón presentó la iniciativa por la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley del notariado de la Ciudad de México.

Esto con el objetivo de dotar de capacidad jurídica a aquellas personas que, por décadas, fueron segregadas mediante el denominado juicio de interdicción.

En su intervención, la legisladora de Morena refirió la resolución del amparo 4/2021, cuando la Primera Sala de la SCJN resolvió que el estado de interdicción se considera inconstitucional.

“Al ser una restricción desproporcionada al derecho de la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida, que no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Motivo por el cual la importancia y relevancia histórica de que las Legislaturas locales comiencen y pongan en el centro del debate público las iniciativas que busquen, en todo momento, garantizar los derechos plenos de todas, de todos y de todes (sic.)”, afirmó.

El texto planteado por la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local se basa en la proposición del colectivo de organizaciones y personas con discapacidad Decidir es mi Derecho, titulada “La capacidad jurídica es un derecho fundamental para todas y todos”.

Al respecto, la legisladora indicó que fue la alianza civil la que la instó a promover la iniciativa en la que se busca, no solo la abrogación del juicio de interdicción, sino dotar a las personas de capacidad jurídica para la toma de decisiones mediante un sistema de apoyos y salvaguardias que ellas mismas decidan.

“Este primer paso debe de ser reconocido como un momento histórico en la vida social, cultural, política y legislativa de la capital del país”, mencionó.

Alcance global

El texto impulsado por la colectiva Decidir es mi Derecho subraya que todas las personas a partir de los 18 años tienen el derecho a la plena capacidad jurídica y derecho a la toma de decisiones apoyadas.

Resalta que la propuesta no se enfoca únicamente en las personas con discapacidad debido a que el grupo quiere evitar evaluaciones o diagnósticos a las personas que solicitan apoyo al momento de ejercer sus garantías de decisión.

“Esta idea parte de la filosofía consagrada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es, que no existen derechos especiales o nuevos derechos para las personas con discapacidad.

“Por lo tanto, no hay problema con extender el derecho a la toma de decisiones asistida a todas y todos y no solo a las personas con discapacidad. Esto incluiría a las personas mayores también”, señala el documento “Puntos principales de la propuesta de reforma a la legislación civil de la Ciudad de México en materia de capacidad jurídica que presenta el colectivo Decidir es mi Derecho”.

Destaca que el acuerdo de apoyo puede ser revocado o modificado en cualquier momento y que la propuesta incluye salvaguardias para evitar el abuso y la influencia indebida y garantizar que la persona de apoyo cumpla con su mandato.

“La propuesta establece las obligaciones específicas que tienen las personas de apoyo, entre ellas, la debida diligencia para comunicar todos los detalles relevantes del acto jurídico de que se trate.

“En caso de que esté incluido en el acuerdo de apoyo, las personas designadas como apoyo deben transmitir fielmente la voluntad y las preferencias de la persona a las contrapartes relevantes. Tienen también el deber de confidencialidad, excepto cuando se esté cometiendo un delito”, subraya.