Apelan vendedores a nueva Constitución

Medio centenar de líderes del comercio ambulante en el Centro Histórico acusan al gobierno central, específicamente a la Secretaría de Gobierno que encabeza Patricia Mercado, de ejecutar una estrategia silenciosa para despojarlos de los predios que ocupan en las plazas comerciales.

En vísperas de la elección del 2018 en la que se votarán por los nuevos alcaldes y por el jefe de Gobierno de la capital, los ambulantes realizarán hoy un pronunciamiento en contra del Gobierno de la Ciudad de México para expresar su rechazo por la exclusión de la que son objeto.

Se trata de miles de comerciantes informales que fueron reordenados al paso de los años en alguna de las 45 plazas comerciales que se construyeron en administraciones pasadas para sacar de las calles a los ambulantes.

Los comerciantes amagan a las autoridades del gobierno central de retomar las calles debido a la exclusión de la que son objeto sin explicación alguna.

“En el marco de la nueva Constitución Política capitalina, proponen la entrega de calles donde realicen su actividad comercial, adhiriéndose a los programas de comercio formal que propone ahora la Constitución de la Ciudad de México”, expone el Frente Nacional del Comercio Informal (FNCI).

A mediados de 2016 este grupo del ambulantaje anunció públicamente su ruptura con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En aquella ocasión, su líder, David Arévalo Méndez, que aglutina a poco más de 3 mil informales del Centro Histórico, cortó con unas tijeras la bandera del Sol Azteca mientras lo acusaba de pisotear a la militancia.

De ahí que en el pronunciamiento exigirán los espacios que garantiza la Carta Magna para este sector de la sociedad.

La no represión

En pleno debate del texto constitucional, la Confederación Patronal de la República Mexicana expresó abiertamente su rechazo al contenido proteccionista hacia los ambulantes, a pesar de que estos no pagan impuestos como sí tienen la obligación los empresarios.

En la Carta Magna, el documento precisa en su artículo 15, Ciudad Productiva, inciso F, “De las personas no asalariadas”.

“De conformidad con los requisitos que establezcan las leyes correspondientes, las personas prestadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a contar con servicios de educación y cuidado para sus hijas e hijos en instalaciones cercanas a los lugares donde se les permita operar; la certeza jurídica, la seguridad física y la no represión”.

De manera puntual, en el tema de los ambulantes refiere que se protegerá el trabajo autónomo realizado en espacios públicos permitidos por la ley, además de otras regulaciones.

“Asimismo se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos materiales o herramientas de trabajo”, puntualiza el documento que levantó ámpula en algunos sectores de la capital al considerar que de fondo se estaba formalizando la creación de redes clientelares para el partido gobernante.

Con base en esa interpretación de la Constitución de la CDMX, el Frente Nacional del Comercio Informal acusa que la exclusión de plazas comerciales obedece a una revancha política contra los ambulantes que han declarado su apoyo a Morena, sobre todo, si se tiene en cuenta que los partidos políticos ya preparan sus cuadros con miras a la elección a jefe de Gobierno del próximo año.

Planean nuevo reordenamiento

Algunos de los grupos de informales que operan en el Centro Histórico de la capital se acogieron al Programa de Mejoramiento de Comercio Popular 1991-1993 impulsado por el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís.

En esa administración se les entregó algunas plazas en propiedad a través de la Secretaría de Gobierno.

A principios de este año, Patricia Mercado Castro, titular de la Secretaría de Gobierno, anunció la intención de elaborar un nuevo padrón.

La meta, precisó, es abundar en el reordenamiento del ambulantaje, que es entendido por la administración central como una repercusión directa de la falta de empleo y de los salarios mal remunerados.

El primer objetivo que se planteó la CDMX será frenar los casi mil “toreros” que se colocan en las vialidades, burlando a las autoridades locales y a la policía de la Secretaría de Seguridad Pública, que mantiene un grupo para la remisión de informales.

Mercado informó desde principios de año que se calculan al menos unos cien millones de pesos para remodelar las 45 plazas, algunas de las cuales lucen en franco deterioro.

Además de 70 millones de pesos más para levantar nuevos centros que permitan el ordenamiento de más vendedores ambulantes.