CDMX: Aumentan deudores alimentarios en tres años

En la Ciudad de México, los deudores alimentarios se han incrementado de forma alarmante de 2020 a 2022.

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que, en dicho lapso, el número de carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones alimentarias se duplicó.

Víctimas del ilícito señalan que la problemática se acentuó tras la pandemia de COVID-19 y sus efectos económicos adversos.

El incumplimiento de las obligaciones alimentarias ocurre cuando la madre o el padre de un menor de edad, ya sea que la pareja esté separada o divorciada, no paga la pensión alimenticia que le corresponde.

Lo anterior se considera un delito, por lo que la parte ofendida puede interponer una querella ante el Ministerio Público.

Entidades como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirman que el incumplimiento de obligaciones es un delito que padecen principalmente las mujeres y sus hijos e hijas, y consideran que es una forma de violencia económica.

Igualmente, la CNDH señala que, a nivel nacional, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria.

Los datos

De 2020 a 2022, las carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias crecieron 112 por ciento en la Ciudad de México, señalan estadísticas del SESNSP del Gobierno de México consultadas por Reporte Índigo.

Según la fuente, en 2020 se presentaron 443 carpetas de investigación por dicho ilícito; para el año 2021, la cantidad creció a 848 carpetas, 93 por ciento más; y, en 2022, el número de carpetas se situó en 940, 112 por ciento más respecto al primer año de referencia.

Esto indica que, en ese periodo de tiempo, se abrieron un total de dos mil 231 carpetas de investigación por el incumplimiento de obligaciones alimentarias en la capital del país.

El testimonio

Gabriela Cervantes, madre de una niña de ocho años, con quien habita en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, cuenta que en 2018 se separó de su pareja y ella se quedó con la custodia de su hija.

Desde entonces, la mujer padeció del incumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de su expareja, pues el hombre se negaba a entregar la manutención en tiempo y forma, de acuerdo con lo resuelto por un juez.

“Solo me depositaba una vez cada dos meses y menos de lo que correspondía”, explica.

Cervantes denuncia que el padre de la menor de edad, cuyo nombre se reserva para evitar alguna repercusión legal o problema posterior, argumentaba que a ella solo le interesaba el dinero y no cuidar a la niña, por eso no le depositaba el dinero de la manutención.

“Decía que soy una interesada y que solo me preocupa tener dinero, cuando sabe lo que gano y no me alcanza para todos los gastos, además de que mi hija necesita medicamento especializado por una enfermedad de nacimiento”, declara.

Asimismo, relata que con la pandemia de COVID-19, la situación empeoró porque su expareja se quedó sin trabajo y desconoce a qué se dedica actualmente.

“Es muy difícil, porque entre la pandemia, la enfermedad de mi hija y tener que pagar renta, no alcanza para los demás gastos como alimentación y vestido”, menciona.

Dice que, en su opinión, hace falta una reforma legal para garantizar la manutención de los menores de edad.

“Hacen falta modificaciones a la ley para que los obliguen a pagar, como en otros países, donde, si se quedan sin trabajo, el Gobierno paga la manutención a la familia y, cuando el obligado encuentra trabajo, le descuentan lo que ha pagado el Gobierno”, declara.

La víctima del ilícito señala que en diciembre de 2021 interpuso una denuncia ante la Fiscalía local por el incumplimiento; sin embargo, hasta el momento no existen avances en su caso.

La iniciativa

El pasado 23 de octubre, se presentó una iniciativa de reforma en el Congreso de la Ciudad de México para garantizar que los deudores alimentarios cumplan con sus obligaciones.

Las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), María Gabriela Salido y Luisa Gutiérrez Ureña; así como Gabriela Quiroga Anguiano y Polimnia Romana Sierra, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propusieron que la Unidad de Medidas Cautelares del Poder Judicial (UMECA) local, intervenga para investigar y localizar a las personas que enfrentan demandas por incumplimiento de pensión alimenticia.

Esto, con el fin de garantizar que cumplan con sus obligaciones.

La iniciativa presentada por la oposición propone modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se garantice el interés de la infancia, a través de la UMECA.

Actualmente, dicho organismo emite los dictámenes que establecen el riesgo de fuga de las personas que enfrentan algún tipo de proceso, y, con la propuesta legislativa, también determinaría la peligrosidad procesal del presunto deudor, así como la emisión de las medidas legales para evitar su fuga.

Sin embargo, hasta el momento la iniciativa no ha sido dictaminada por las comisiones correspondientes ni votada en el pleno.