La Contraloría General será clave en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción local que ya establece la Constitución de la CDMX
Los diputados locales deben cuidar que sus leyes en materia de anticorrupción no se contrapongan con la norma aprobada en el Congreso de la Unión
“Está muy atorado, para no variar todo mundo ha presentando iniciativas, el tema integrador es el que al parecer no avance”
A dos meses de que entre en operación el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa no ha conseguido armonizar las diversas leyes que sean compatibles con la norma federal y que permitan funcionar al órgano regulador con el que se combatirán las prácticas ilegales.
El Sistema Anticorrupción tiene fecha de caducidad. El próximo 9 de julio debe entrar en vigor y la Contraloría General de la Ciudad de México aún no cuenta con los recursos para soportar financieramente la operación del sistema.
De ahí que la presión hacia la ALDF no se ha hecho esperar, pues el 19 de julio es la fecha límite para que los diputados emitan las leyes secundarias que van a permitir arrancar con todos los procedimientos que ya iniciaron a nivel federal.
Los tiempos parecen haber alcanzado a la Asamblea Legislativa para sacar adelante las dos leyes que no se tienen en la Ciudad de México: la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley Anticorrupción, además de las adecuaciones al Código Penal y a la Ley de Fiscalización capitalina, por mencionar algunas.
“Está muy atorado, para no variar todo mundo ha presentando iniciativas, el tema integrador es el que al parecer no avance”, comentó el diputado local Raúl Flores, del grupo parlamentario del PRD quien, pese a la presión, confía que destrabarán durante el periodo extraordinario.
En este punto, parece que es muy temprano para saber quién será el fiscal de la capital de la República y quién el secretario técnico, puestos clave en el Sistema Anticorrupción que avanza de manera lenta.
El papel de la Contraloría
Eduardo Rovelo Pico, contralor general de la Ciudad de México, estimó un gasto de arranque en 500 millones de pesos para dar vida y armar con dientes al Sistema Anticorrupción local.
“Es una proyección general para todo lo que tiene que ver con el Sistema Anticorrupción de la Capital”, precisó.
La Contraloría General será uno de los integrantes clave del Comité Coordinador que establece la Constitución de la Ciudad de México, donde ya se prevé el Sistema Anticorrupción.
Además de la Contraloría, el Comité Coordinador estará integrado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura de la CDMX, el InfoDF y el comité de participación.
El Sistema Anticorrupción será una entidad que gozará de autonomía y no dependerá de la Contraloría General, dependencia que no desaparece, se incrusta en todas las áreas del gobierno de acuerdo al Nuevo Régimen de Responsabilidades Administrativas publicado en julio del 2016.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa capitalina, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, presidida por el diputado Iván Texta Solís, aprobó al menos cinco iniciativas de ley que integrarán el Sistema y que concentra las propuestas para sancionar y prevenir actos de corrupción en la administración pública local.
Uno de los objetivos de los diputados responsables de preparar y armonizar dichas leyes es que el Sistema Anticorrupción de la capital de la República contenga sanciones ejemplares para quien cometa este tipo de actos, pues actualmente hay un vacío que tolera la impunidad.
El objetivo de este periodo extraordinario, además del reto de aprobar la Ley Electoral que confronta a los grupos parlamentarios, es que las leyes en materia de anticorrupción no se contrapongan con la norma aprobada por el Congreso de la Unión.
Es decir, armonizar las atribuciones de la Contraloría General de la Ciudad de México y de la Auditoría Superior capitalina a fin de que puedan desarrollar las actividades fiscalizadoras dentro del nuevo Sistema Anticorrupción.
El vigilante
El Gobierno local aún no cuenta con los recursos para la operación del Sistema Anticorrupción:
>> 500
Millones de pesos estimados para armar el Sistema Anticorrupción en la CDMX
>> 2
Leyes urgentes de elaborar, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley Anticorrupción
>> 156
Sanciones económicas impuso la Contraloría General local en 2016 a servidores públicos
>> 316
Millones de pesos el monto que deberán pagar los funcionarios que incurrieron en alguna falta
Un largo camino
Para dar una idea del trabajo que le espera al fiscal anticorrupción capitalino basta decir que la Contraloría General ha impuesto, en lo que va del 2017, al menos 378 sanciones administrativas a igual número de servidores públicos: 173 de dependencias, 97 de delegaciones y 108 de entidades.
Mientras que en el 2016, la Contraloría inició 16 mil 218 expedientes de investigación; se tramitaron 3 mil 599 procedimientos administrativos disciplinarios, de los que derivaron 2 mil sanciones administrativas impuestas.
En ese año se impusieron 156 sanciones económica por un monto de 316 millones de pesos que deberán pagar los servidores públicos que incurrieron en alguna falta en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se impusieron mil 23 amonestaciones, 67 apercibimientos, 668 suspensiones temporales en suelo y funciones, 181 inhabilitaciones: 2 destituciones y 60 más con inhabilitación para desempeñar cargos en la administración pública de la Ciudad de México.
Con ese escenario a cuestas, el Sistema Anticorrupción capitalino proyecta subsanar los vacíos legales que impiden que casos de corrupción queden en completa impunidad. Hay tela de dónde cortar.
