La militarización para combatir al crimen organizado ha sido el común denominador en las estrategias de seguridad de los últimos tres gobiernos.
Del 1 de diciembre de 2018, fecha en la que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a abril de este año, 689 civiles fallecieron como resultado de enfrentamientos contra el Ejército y 166 personas resultaron heridas.
Estas cifras dan como resultado un índice de letalidad de 4.15 personas muertas por cada una que resultó herida.
Por su parte, durante la administración de Enrique Peña Nieto, el índice de letalidad de las fuerzas armadas fue menor al situarse en 3.89. Es decir, se registraron mil 304 fallecidos y 335 heridos.
De acuerdo con la doctora Daira Arana, directora de Global Thought México y especialista en militarización, uso de la fuerza y seguridad, además del aumento en el índice de letalidad, otros indicadores como los altos niveles de tortura sexual, tratos crueles, inhumanos y denigrantes por parte de las Fuerzas Armadas, son muestra de que la estrategia de militarización del país no es el mejor camino porque genera más violencia, principalmente contra las mujeres.
“La violencia contra las mujeres se ha sabido que no solo es la violencia de pareja, es una violencia mucho más pública donde las mujeres son víctimas por armas de fuego, y todo eso deriva de la estrategia militarizadora. Querer combatir con fuerza todos los delitos no nos está dando los mejores resultados”, apunta.
Algunos de los problemas principales que ve la especialista en la estrategia de seguridad pública del país es que todos los problemas se tratan como uno solo y al Gobierno federal como único responsable de solucionarlos.
“Algo que podría apoyar las estrategias en materia de seguridad sería responsabilizar a los tres niveles de gobierno. Es decir, que en los municipios hubiera la voluntad, los recursos, un diseño real de una estrategia para contener los delitos, así como a nivel estatal y federal.
“Esta dinámica de intentar resolver los diversos problemas de seguridad y las distintas violencias en el país desde el ámbito gubernamental, que no ha tenido éxito por las fallidas estrategias y la falta de voluntad, deja de lado que los ciudadanos también tenemos responsabilidad y debemos de comenzar a dimensionar otros escenarios para crear comunidades más seguras”, dice.
La estrategia va rumbo a la militarización
Jun Manuel Aguilar Antonio, especialista en seguridad nacional e investigador senior del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), opina que actualmente hay una contención en el país de los homicidios dolosos, pero tenemos expresiones fuertes de violencia por parte del crimen organizado, como ocurrió en varios estados hace unas semanas por un cambio en la estrategia de seguridad federal.
“El Gobierno comenzó con una falta de interés de ir por los grupos criminales y eso inhibió la explosión de la violencia, pero cuando el gobierno interviene directamente para contenerlos, para atrapar a un gran capo o realizar algún tipo de operativo, comienzan fenómenos como ‘El Culiacanazo’, el cual se está convirtiendo en una constante, por eso lo volvimos a ver en Jalisco, Baja California, Chihuahua y Guanajuato”, apunta.
Aguilar Antonio explica que, lamentablemente, el Gobierno federal está utilizando prácticamente la misma estrategia de seguridad que utilizó Felipe Calderón en 2006 a pesar de que las dinámicas criminales han cambiado y su poderío aumentado.
“Estamos viendo más de lo mismo. La estrategia para combatir al crimen organizado es extremadamente similar a la de Felipe Calderón, el problema es que estos grupos no son lo mismo que en 2006, su sofisticación se ha ampliado de forma tremenda y llegar 14 años tarde y utilizar la misma estrategia es un componente que va a promover más la violencia”
Finalmente, el especialista recuerda que el hilo conductor de la estrategia de seguridad transexenal ha sido el papel elemental del Ejército.
En 2006 salieron de los cuarteles para realizar funciones de seguridad pública, con Peña Nieto comenzaron a tener participación política y en la actual administración se le han extendido sus facultades más allá de tareas de seguridad, por lo que considera que seguramente la militarización del país continuará y junto con ella la violencia.
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