Castigos ambientales se los lleva el viento

La mayoría de las empresas y entes públicos que provocan la contaminación ambiental en Jalisco evade las sanciones que impone el Gobierno estatal, las cuales quedan sólo en el papel, sin golpear los bolsillos de los responsables.  

Las multas del principal órgano de combate a la contaminación, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), pueden ascender a decenas de millones de pesos, pero al final terminan siendo ignoradas y sin ninguna instancia que logre hacer efectivo su cobro. 

Según los registros que brinda la Proepa sobre la imposición de sanciones por violaciones a la normativa ambiental, de 2007 a 2014 se aplicaron mil 101 penas económicas en todo el estado por un total de 35 millones 88 mil  618 pesos: un promedio de 4.3 millones de pesos (MDP) por año.  

De todas estas, sin embargo, sólo 220 o una quinta parte fueron acatadas por las empresas y entes castigados con la ejecución de los pagos correspondientes, lo que les significó erogar 4 millones 61 mil 497 pesos. 

Ese monto resulta tras los descuentos que les aplicó la Proepa pues, no obstante que son muy pocos los empresarios e instituciones que pagan sus multas, el órgano hizo reconsideraciones para reducirlas en 559 mil 995 pesos. 

De esta forma, sólo el 11 por ciento del monto total que impuso la Proepa para castigar la contaminación en el estado, fue cubierto por los responsables de los daños, o uno de cada 10 pesos, en otra mirada. 

La falta imperante de cumplimiento a sus castigos económicos, hace que la Proepa tenga que turnar a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) sus expedientes para iniciar procesos de cobro coercitivos, así lo hizo con la mitad de ellos: 593. 

Sin embargo, a la fecha la Proepa no ha sido notificada de que esos pagos ya hayan sido cubiertos por los sancionados.

Es decir que, aun con la intervención de la Sepaf, esos casi 600 casos yacen en impunidad, aunque concentran la mitad de todo el monto con que se pretendió castigar la contaminación: 18 millones 4 mil 751 pesos. 

Los 288 casos restantes en los archivos brindados aparecen como conmutaciones autorizadas, o bien como expedientes en los que no se precisa el estatus jurídico que guarda la multa. 

Las conmutaciones avalan la cancelación de la medida económica, sustituyéndola, por ejemplo, con la entrega de árboles para reforestar, o la ejecución de obras para corregir o prevenir el daño ambiental. 

En ese último apartado de conmutaciones y casos sin clarificar, se hallan otros 12 millones 462 mil 373 pesos, más de una tercera parte (35.5 por ciento) del monto total con que se debían penar los impactos al medio. 

La misión

Con sólo una quinta parte de sus sanciones económicas acatadas por los responsables de la contaminación, la Proepa se coloca lejos de lo que propugna como su misión oficial:

“Procurar la Justicia Ambiental a través del cumplimiento de la ley, desterrando impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de autoridad”.

Así como de su visión: ser una “institución fuerte y confiable, en donde la procuración de la justicia ambiental responde a los principios generales del derecho”. 

Sólo en los años 2013 y 2014 de este gobierno impuso 374 castigos. De ellos, 267 están reservados por ser procesos abiertos, pero de los que sí detalla hay multas en 30 casos por 2.2 MDP, aunque confirma su pago únicamente en 10 por 255 mil 370 pesos. 

En 2015 la operación de la Proepa le costará a los jaliscienses 17.6 MDP, de los que el 87 por ciento se dirige a su nómina: 15.4 MDP. 

También es cierto que en 2013, primer año de la gestión del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, el órgano tuvo un drástico recorte presupuestal del 42 por ciento, pasó de 18.7 MDP en 2012 a 10.8 MDP; ya para 2014 volvió a elevarse a los 16.2 MDP. 

El cierre de la llave presupuestal comenzó a resentirlo desde la pasada gestión, su mejor año fue 2009 cuando contó con 37.4 MDP, para 2010 bajó a 27.5 MDP, y para 2011 a 25.4 MDP.

Su personal también ha sido recortado: en 2011 llegó a tener 93 empleados en su estructura, en 2012 se redujeron a 47, y en 2013 a 43, su tamaño actual. 

La Proepa entró en operación en 2008, así que las sanciones que ubica en 2007 debieron ser impuestas directamente por el área a la que se sectoriza: la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet, antes Semades). 

La ciudad número uno

Mientras el combate a la contaminación acusa esta debilidad, el 1 de septiembre la Semadet aceptó que en Jalisco tan sólo la mala condición del aire causa 655 decesos anuales, con “muertes prematuras asociadas a la exposición de contaminantes atmosféricos”. 

Además “hay una morbilidad de más de 6 mil personas con padecimientos respiratorios, cardiovasculares y afecciones en detrimento del sistema inmunológico”, según los resultados de un estudio en la materia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

La titular de Semadet, Magdalena Ruíz Mejía, declaró que Guadalajara era la ciudad más contaminada de Latinoamérica, a pesar de que ella y su equipo han sido responsables de la política ambiental de la urbe desde el 2010, cuando ingresó al gobierno tapatío con el gabinete de Sandoval Díaz, entonces alcalde. 

“En la zona metropolitana tenemos primeros lugares a nivel de ozono, del propio Distrito Federal, tenemos el segundo lugar también en varios compuestos de particulado de 2.5 micras, menores a 2.5 micras y somos la zona metropolitana de Latinoamérica más contaminada”, según lo recuperó la estación de radio 1070. 

Tequileras contaminantes

Ser la tierra del tequila tiene su lado oscuro; sus fábricas en el estado son la quinta actividad con más violaciones a la normativa ambiental detectadas por la autoridad de 2007 a 2014, con 48 que ameritaron penas por 1.6 MDP. 

Las primeras cuatro actividades más contaminantes en Jalisco son las granjas porcícolas, avícolas y bovinas, con 161 penas por 3.2 MDP; los bancos de material, con 109 por 3.8 MDP; los basureros, rellenos y vertederos con 87 por 4 MDP; y otras fábricas diversas, con 71 casos por 1.3 MDP. 

Entre las tequileras con varias sanciones de la Proepa están Pernord Ricar, con cuatro; Siete Leguas, tres; Centinela, cuatro; Embajador, tres; Orendain, dos y Supremo, tres. Algunos de los problemas que les fueron señalados están en la disposición y descarga inadecuadas de materiales y aguas residuales. 

Firmas de granjas porcícolas que destacan por ser merecedoras a múltiples sanciones son: Gena Agropecuaria, con 20 penas por 355 mil 624 pesos; Posta El Cuatro, con 10 por 203 mil 16 pesos; Productores Pecuarios San Carlos, con cinco por 168 mil 117 pesos; y Proteína Animal, con seis por 90 mil 702 pesos. 

También la granja avícola Productora de Huevo Gigantes, con cinco multas por 119 mil 475 pesos. 

Hay además grandes cadenas, como Kentucky Fried Chicken, con seis multas por 169 mil 897 pesos; Walmart, con siete por 190 mil 104 pesos, y Coppel, con siete penas por 686 mil 535 pesos. De estas tres firmas ninguna ha pagado una sola sanción, según la Proepa. 

También destacan los talleres mecánicos con 37 casos por 399 mil 106 pesos y las gasolineras con 35 por 856 mil 611 pesos.