Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder se pronunció en contra de una serie de empresas y atacó a otras tantas que fueron las predilectas durante la administración de Enrique Peña Nieto y recibieron millones de pesos a través de contratos.
Entre los nombres que destacan se encuentran Laboratorios PISA SA de CV y su filial Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, SA de CV (Dimesa).
“Como es sabido, tres proveedores de medicinas y materiales de curación, las empresas: Farmacias Especializadas, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (DIMESA) y MAYPO vendieron en 2018 al ISSSTE y al IMSS, 34 mil 280 millones de pesos, el 62.4 por ciento de todas las compras que llevaron a cabo dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales”, acusó el presidente López Obrador en julio de 2019 en una carta enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
No obstante, sus ataques no impidieron que durante su administración se les volvieran a otorgar contratos millonarios, muchos de ellos por adjudicación directa.
De acuerdo con datos de Compranet, nada más durante el 2019, Laboratorios PISA recibió 447 contratos por un monto de 2 mil 123 millones de pesos, mientras que Dimesa obtuvo 399 contratos del Gobierno federal por un monto total de 7 mil 849 millones de pesos.
En enero de este año, en medio del problema por la escasez de medicamentos oncológicos para niños, el titular del Ejecutivo acusó a Laboratorios Pisa de chantajearlos con los fármacos contra la enfermedad al ser la empresa que controla la distribución de este producto en el país, y aseguró que se debe a su intento por acabar con “los jugosos negocios” que realizaban con el suministro de fármacos en años pasados
Sin embargo, al revisar las contrataciones realizadas por el Gobierno federal durante este año, se puede comprobar que a la fecha tiene activos contratos que entregó a PISA por más de 5 mil 994 millones de pesos, de los cuales el 24 por ciento fueron mediante adjudicación directa.
Hoy en día, tanto PISA como Dimesa, se encuentran inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública.
“La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resolvió sancionar a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, SA de CV (Dimesa), y Laboratorios PISA, SA de CV, con inhabilitación por 30 meses y multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una por actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social”, informaron a través de un comunicado.
Los hechos ilegales se dieron durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017 a raíz de una denuncia presentada por otra empresa del sector Salud ante el Órgano Interno de Control en el IMSS.
“Las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS”, destacó la SFP.
IMSS”, destacó la SFP. De acuerdo con la institución que encabeza Eréndira Sandoval, tras una minuciosa investigación en la que se garantizó el derecho de audiencia y se contó con información de otras instituciones, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, resolvió que las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La actuación de la autoridad en los contratos
En entrevista con Reporte Índigo, Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, explica qué acciones o medidas deben emprender las autoridades para evitar opacidad en la compra de medicinas o insumos hospitalarios, garantizar que es la mejor oferta disponible y evitar beneficiar a empresas que hayan incurrido en actos ilícitos anteriormente.
“Hay distintas acciones. La primera es publicar todas las licitaciones mediante el estándar de datos de contrataciones abiertas. Una segunda acción es que cualquiera, y no solo el gobierno, pueda monitorear las distintas etapas de la contratación y la ejecución del contrato. En tercer lugar, cuando identifica prácticas anti-competencia debe informar a la Cofece.
“Finalmente, tras los ejercicios de fiscalización, y en caso de encontrar una posible responsabilidad administrativa o penal, debe presentarse la denuncia correspondiente ante SFP o la Fiscalía General de la República”, menciona.
Con relación a por qué el Gobierno federal continuó otorgando contratos a estas empresas a pesar de las críticas por presuntos actos de corrupción y acciones monopólicas, Bohórquez comenta que hay que distinguir entre corrupción, faltas administrativas y prácticas anti-competitivas.
“Son materias distintas. La primera la investiga la Fiscalía General de la República, la segunda la Secretaría de la Función Pública y la tercera la Comisión Federal de Competencia Económica. Las sanciones por corrupción son en materia penal; las faltas administrativas o los temas de competencia económica son de carácter civil, como multas.
“En tanto un juez no dicte sentencia, las acusaciones por corrupción son solo eso, acusaciones. En materia administrativa, la Secretaría de la Función Pública puede inhabilitar e imponer multas, lo cual ya hizo. La Cofece puede imponer cambios en las prácticas de mercado o imponer multas que el SAT cobra”, agrega el especialista.
Considera que cuando una empresa es inhabilitada por una falta administrativa, como las mencionadas, pierde su derecho a vender al gobierno pero no a seguir vendiendo a particulares.
“Cuando la Cofece establece una sanción o una multa, una vez aplicada, la empresa puede seguir operando normalmente. Así que mientras una empresa no sea encontrada responsable por un juez o inhabilitada por una autoridad administrativa, como Función Pública, puede seguir operando”, expone Bohórquez.