Castigo al reclutamiento infantil en Jalisco

El Congreso de Jalisco tiene bajo estudio una iniciativa para tipificar en el estado el delito de “Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Armados”, como una medida para castigar directamente y con severidad las prácticas de las organizaciones delictivas que están nutriendo sus filas y estructuras criminales con los menores de edad.

En el año 2021, la organización Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, estimaron con su propia metodología que en este estado, siendo el principal bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría decenas de miles de menores de edad en riesgo de terminar reclutados por el crimen organizado.

En este contexto, el planteamiento de reforma al Código Penal de Jalisco que está haciendo la legisladora, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, contempla un castigo por el reclutamiento de menores de edad para la comisión de actividades delictivas que puede alcanzar hasta los 40 años de prisión, según se expone en la iniciativa.

En concreto, la modificación al Código Penal del Estado contempla la adición de un nuevo “Capítulo X”, dentro del Título de “Delitos contra el Desarrollo de la Personalidad”, y el cual se denominaría: “Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Armados”.

En dicho Capítulo se integraría el nuevo Artículo 142-P.

“Comete el delito de reclutamiento y utilización, quien reclute o utilice a cualquier persona menor de 18 años, y se le impondrá de 10 a 20 años de prisión y multa de 100 a 200 días, con independencia de las penas que resultarán aplicables por los delitos tipificados en el presente Código”, dice el artículo.

Sobre los agravantes del delito, el mismo artículo establecería que la pena se aumentará hasta el doble de la ya señalada, cuando el inculpado sea integrante de asociación delictuosa y concurra alguna de las siguientes circunstancias de vulnerabilidad:

“l. Sea cometido por el ascendiente, adoptante o tutor de la víctima o un familiar en línea colateral hasta el segundo grado; II. Sea cometido por la persona que tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación; III. Se ejerza violencia en contra de la víctima; IV. La víctima se encuentre en condición de orfandad, situación de calle, abandono familiar, discapacidad o migración; V. La víctima sea menor de 12 años de edad; o VI. Sea cometido por un servidor público de una institución de seguridad pública o de procuración de justicia”.

Riesgo en Jalisco

En su informe titulado  “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo”, del año 2021, la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad ofrecieron una estimación sobre la cantidad de menores de edad que están en riesgo de acabar en algún grupo criminal.

Con base en una metodología que considera diversos indicadores socioeconómicos y delictivos, el documento advierte desde la perspectiva nacional que la población en riesgo de reclutamiento o utilización por parte de grupos delictivos asciende a entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, en el caso particular de Jalisco, el informe arrojó una estimación mínima de 12 mil 441 menores de edad que estarían en riesgo de ser reclutados por los grupos criminales asentados en el estado, mientras que en el peor escenario este cálculo se eleva hasta los 21 mil 521 menores de edad que enfrentan esa condición.

De esta manera, el informe de esas organizaciones ubicó a Jalisco como el segundo estado del país con la mayor problemática en esta materia.

“A partir de los cálculos realizados sobresale que siete entidades concentran alrededor de 55 por ciento de la población de niñas, niños y adolescentes en riesgo: Estado de México (9.7 por ciento), Jalisco (8.6 por ciento), Chiapas (8.1 por ciento), Puebla (7.8 por ciento), Guanajuato (7.3 por ciento), Veracruz de Ignacio de la Llave (7.2 por ciento) y Michoacán de Ocampo (6.5 por ciento)”.

En su iniciativa, la diputada alude al estudio que se publicó en septiembre pasado en la revista Science, que encabezó Rafael Prieto Curiel, del Centro de Ciencias de la Complejidad, con sede en Viena, Austria, y el cual estimó que las organizaciones criminales en México están integradas actualmente por un ejército de al menos 160 mil miembros, y un máximo de 185 mil; de todos los cuales una quinta parte estarían afiliados al  cártel hegemónico en Jalisco (el CJNG concentra el 17.9 por ciento).

Funciones criminales

De acuerdo con el informe de las organizaciones ciudadanas, el reclutamiento de los menores de edad por parte de las estructuras criminales que operan en el país, representa una “excelente inversión” para las mismas, particularmente por el tratamiento jurídico especial que reciben cuando llegan a caer detenidos por las autoridades.

“La corta edad de los miembros les permite retomar actividades ilegales con facilidad en caso de tener breves encuentros con el sistema de justicia, además, otro beneficio de su juventud es la creación de lazos profundos con las personas con las que se relacionan a partir de la colaboración o el miedo”.

En el caso de Jalisco, la Fiscalía del Estado ha reportado con anterioridad la detención de al menos 150 menores de edad durante la actual administración estatal, por la comisión de delitos que suelen estar ligados con  las organizaciones criminales, incluyendo: narcomenudeo, homicidio doloso, desaparición de personas, secuestro y privación ilegal de la libertad.

“En el caso de los niños y adolescentes reclutados, ellos generalmente desempeñan labores como informantes o halcones, y adquieren mayores responsabilidades y son promovidos para tareas más riesgosas como trasladar mercancías ilegales o vigilar casas de seguridad. En ocasiones son obligados a participar en conflictos armados que ponen en riesgo su vida e incluso se les llega a asignar la ejecución de secuestros u homicidios”, dice al respecto el informe de las organizaciones.