Caso Iguala va a ONU

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, presentó en la sede europea de Naciones Unidas los avances de México en materia de derechos humanos.

Campa Cifrián reiteró la voluntad del Estado mexicano “por seguir colaborando de manera propositiva con los organismos internacionales de derechos humanos”.

“Un ejemplo claro de esta política de apertura, fue la solicitud de asistencia técnica que México hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, ocurrida en septiembre del 2014”, dijo Campa.

“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la citada Comisión presentó su informe el pasado 6 de septiembre, el cual integra nuevos elementos y una serie de recomendaciones que coadyuvarán al esclarecimiento de estos lamentables hechos”, indicó.

Señaló que el presidente Enrique Peña Nieto “instruyó a todas las dependencias competentes a tomar en cuenta los elementos aportados por el informe de este grupo, así como a analizar cada una de las recomendaciones formuladas por ellos”.

Incorporarán informe

Campa adelantó que el gobierno incorporará el contenido del informe a la investigación que actualmente realiza la Procuraduría General de la República.

Campa, al intervenir en la apertura de la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reiteró “el irrestricto compromiso de México en la promoción y protección de la libertad de expresión”.

“De forma congruente con el enfoque integral que hemos promovido en el seno de este Consejo, hemos llevado a cabo acciones para la promoción de medios libres y diversos, el fomento al acceso a la información, la búsqueda de accesibilidad a nuevas tecnologías de la comunicación sin discriminación y la protección de periodistas y comunicadores”, señaló.

En lo que se refiere a la protección de periodistas y comunicadores, dijo que México ha tomado una serie de medidas que incluyen a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.