Un juez federal otorgó una suspensión definitiva por la orden de aprehensión girada contra Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por presuntos actos de tortura, desfalco y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
La resolución ocurrió luego de que el exfuncionario de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) interpusiera un juicio de amparo para evadir la orden de captura por supuestamente torturar a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, operador del grupo criminal Guerreros Unidos implicado en la desaparición de los 43 normalistas.
“Con fundamento en los artículos 128, 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede al quejoso, la suspensión definitiva de las órdenes de aprehensión reclamadas, así como su cumplimiento”, señala la resolución dictada por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en la CDMX.
El amparo se otorgó con el objetivo de que, una vez arrestado, Tomás Zerón quede a disposición del juez y continúe su proceso. Al momento, él se encuentra prófugo en Israel.
“Para el único efecto de que una vez que sea aprehendido, el impetrante quede a disposición del juez de la causa para la continuación del proceso que se le instruye y a disposición de este juzgado, dentro del lugar que deba estar recluido, por lo que a su libertad personal se refiere”.
Fue el 27 de abril cuando la Fiscalía General de la República (FGR) giró la orden de aprehensión contra Zerón por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. En esos momentos, la Interpol emitió una ficha internacional para buscarlo en más de 190 países.
Además de la tortura contra el operador de Guerreros Unidos, al exfuncionario se le acusa de comprar a sobreprecio vehículos equipados con sistemas de inteligencia, así como la construcción de una sede de la PGR en Querétaro.
Zerón de Lucio, junto con el entonces procurador Jesús Murillo Karam, son señalados como orquestadores de la “verdad histórica” con que el gobierno de Enrique Peña Nieto cerró la investigación en torno a la desaparición de los normalistas.
Según esa versión, tras el secuestro de los estudiantes, policías y miembros del crimen organizado desaparecieron, asesinaron y quemaron a los estudiantes para después arrojarlos al basurero de Cocula, cerca de Iguala.
EL julio del año pasado, Proceso hizo pública la declaración de un testigo de los hechos, donde acusó la participación directa del Ejército y otras fuerzas de seguridad pública en la desaparición de los estudiantes.
Según esa versión, las autoridades de seguridad federales detuvieron a los jóvenes, los ingresaron a instalaciones militares, los interrogaron y más tarde los entregaron al grupo criminal; cuyos miembros los destazaron, incineraron y disolvieron en ácido.
