Tras cumplirse un mes de que saliera a la luz el presunto homicidio de Giovanni López a manos de policías de Jalisco y de que se reprimiera a los jóvenes que se manifestaron por aquel incidente, las investigaciones sobre esos hechos han caído en un punto muerto pese a que aún hay múltiples cabos sueltos por resolver.
Aunque ayer se confirmó la salida de Macedonio Tamez Guajardo de la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco, el cargo más importante del gabinete de seguridad del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, la exigencia de justicia alrededor del fallecimiento de Giovanni persiste al día de hoy
En el caso específico de la actuación de la Policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, la cual detuvo a Giovanni el pasado 4 de mayo por no portar cubrebocas -según lo atestiguaron sus familiares-, y que sería responsable de su fallecimiento, se tiene al momento a tres oficiales detenidos.
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“Los señalados son el comisario de Seguridad Pública y una comandante, quienes enfrentan un proceso por el delito de tortura, mientras que un policía municipal lo enfrenta por homicidio calificado y abuso de autoridad. A solicitud del agente del MP los ahora exelementos policiales permanecerán en prisión preventiva oficiosa durante un año como medida cautelar”, informó la Fiscalía el 10 de junio.
Pero no ha habido ninguna sanción para el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, quien fue acusado por los familiares de Giovanni de ofrecerles dinero a cambio de que no exhibieran el video del momento de la detención (viralizado el 3 de junio) y de amenazarlos de muerte.
El pasado 11 de junio, el alcalde compareció ante la Fiscalía de Jalisco como parte de las investigaciones que lleva esa dependencia por la muerte de Giovanni, pero solo en calidad de testigo.
Aquella comparecencia inició a las 12:00 horas de ese día y se prolongó por tres horas. Una vez terminada, el alcalde salió aunque “su testimonio se integrará a la carpeta de investigación que se inició por el homicidio de Alejandro Giovanni presuntamente a manos de policías de Ixtlahuacán”, según la dependencia.
¿Quién dio la orden?
El otro gran cabo suelto que dejó el caso de Giovanni López en Jalisco es la interrogante de quién fue el funcionario que giró la orden de reprimir e incluso desaparecer por algunas horas a los jóvenes que se manifestaron por esos hechos el 5 de junio, en las inmediaciones de la Fiscalía local.
Lo que se sabe hasta ahora es que fue un operativo desplegado por elementos de la Policía Ministerial que depende del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, quien a su vez sigue siendo un subordinado del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues persiste sin concretarse la autonomía de la Fiscalía jalisciense.
De acuerdo con asociaciones y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), habrían sido cerca de 50 detenciones ilegales y desapariciones forzadas de manifestantes, quienes fueron golpeados y torturados por policías ministeriales.
Tras permanecer algunas horas en este encierro ilegal en la propia Fiscalía, las víctimas fueron liberadas en puntos lejanos de la ciudad sin sus pertenencias, incluyendo sus teléfonos.
En su “Informe especial sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en Guadalajara del 4 al 9 de junio de 2020”, la CEDHJ lo consignó.
“Un número indeterminado de personas entre ellas estudiantes, profesionistas y maestros, fueron víctimas de desaparición forzada de persona, agresiones físicas, psicológicas, privadas ilegalmente de su libertad, de robo, al parecer por policías investigadores del estado algunos con sus rostros cubiertos, armados con palos, tubos, armas de fuego cortas y largas; y armas blancas”, señala el documento.
Estos agentes, agrega, “impidieron a las víctimas participar en la manifestación ya que fueron sometidas, llevadas a las instalaciones de la Fiscalía del Estado en donde no fueron registradas como personas detenidas e ingresadas a una especie de jaula metálica, y posteriormente después de recibir amenazas para que no participaran en la manifestación, las trasladaron a diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara en vehículos no identificados e incluso algunos con logos de negocio de alimentos, en donde finalmente recobraron su libertad. Por estos hechos se iniciaron 15 quejas”.
El otro gran cabo suelto es saber quién fue el funcionario que giró la orden de reprimir e incluso desaparecer por algunas horas a los jóvenes que se manifestaron el 5 de junio
Detenidos y suspendidos por caso Giovanni
Las desapariciones forzadas que cometieron agentes ministeriales de la Fiscalía contra manifestantes del caso Giovanni, han conducido hasta ahora a que se detenga y procese a dos de sus miembros: Salvador “N”, comandante del área operativa de la Policía Investigadora; y Raúl “N”, policía investigador, ambos por el delito de abuso de autoridad.
Esta investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, ha sido cuestionada pues no se ha procedido contra el fiscal, Solís Gómez, pese a que los abogados de los detenidos aseveran que estos solo seguían órdenes superiores.
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Otra indagatoria es llevada por la Fiscalía General de la República.
El 23 de junio, además, se informó que “un total de 14 elementos de la policía de investigación de la Fiscalía estatal fueron suspendidos este martes en lo que continúan los procesos para deslindar su responsabilidad como parte de las investigaciones internas que realiza la dependencia estatal derivada de los hechos del pasado 5 de junio”.
