SUSCRÍBETE
Han pasado dos administraciones federales y aún no se sabe qué pasó con los estudiantes normalistas de Guerrero. Foto: Especial

Ayotzinapa, una herida heredada de sexenio a sexenio

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa hace casi 10 años continúa cimbrando a la sociedad, las exigencias de justicia y fin a la impunidad continuarán en la próxima administración

Una herida que se abrió hace casi 10 años con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa abierta y no se sabe cuándo va a cicatrizar.

Han pasado dos administraciones federales y aún no se sabe qué pasó con los estudiantes normalistas de Guerrero, mucho menos su paradero.

Si bien ha habido avances en las investigaciones es muy probable que las diligencias sobrepasen a la actual administración y tengan que ser resueltas por la próxima presidenta o presidente de la República.

Si bien, el foco de las protestas y exigencias por la verdad se centran en la actual administración, las candidatas presidenciales deberán integrar en su plan de trabajo y promesas de campaña el cómo resolverán esta crisis heredada.

Después de que las protestas de los padres y otros estudiantes normalistas de Ayotzinapa aumentaran en recurrencia e impacto por la falta de respuestas y que tuvieran su punto mediático más alto con el derribo de una puerta de Palacio Nacional, la herida se volvió a abrir, también el dolor.

El pasado 7 de marzo a las 22:00 horas el normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, de tan solo  23 años y que participó en las protestas de Palacio Nacional, fue asesinado por elementos de la Policía del Estado de Guerrero en un retén ubicado en Chilpancingo.

De acuerdo con reportes policiacos, el joven iba circulando, con otros tres compañeros, en una camioneta Frontier de Nissan con un presunto reporte de robo.

La corporación policiaca argumentó que los jóvenes comenzaron a disparar por lo que ellos repelieron la agresión con más balas.

“Los tripulantes de la camioneta recibieron a los elementos de seguridad con disparos de arma de fuego, por lo que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública repelió la agresión logrando detener a un masculino”, indicó la dependencia estatal.

Durante la refriega, Yanqui Gómez fue alcanzado por las balas y murió.

‘Abuso de autoridad’

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el fallecimiento del estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fue fruto de un “abuso de autoridad” por parte de la Policía del Estado de Guerrero y reveló que el normalista no disparó en ningún momento como lo dijeron los uniformados.

“Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo. Entonces, hay que ver todos los peritajes. Ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General. No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables. Ya está el expediente en manos de la Fiscalía General. Y no vamos a permitir ninguna injerencia ni tentación de querer defender a los responsables”, dijo el político tabasqueño.

Finalmente, López Obrador adelantó que buscará reunirse con los padres de los normalistas desaparecidos en abril mientras avanzan las investigaciones, pero sin la presencia de integrantes de organizaciones de Derechos Humanos ni abogados.

“Quiero hablar con los papás de manera directa. Si no se puede, ya veremos, pero quiero hablar con ellos, quiero que me permitan tener este diálogo con ellos, sin ningún compromiso de nada, solo quiero que me escuchen”, dijo.

Por su parte la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aceptó el abuso de autoridad de su policía.

“Acompaño lo expresado por el presidente López Obrador y reitero el compromiso del Gobierno de Guerrero para que prevalezca la justicia en el caso del joven Yanqui Kothan Gómez Peralta.

“Reafirmo que en todo momento este gobierno seguirá contribuyendo a que la investigación sobre este hecho concluya con estricto apego a la justicia y la legalidad”, escribió en redes sociales.

Se pasa la estafeta

En el ocaso de la actual administración y en las vísperas de la llegada de una nueva presidenta o presidente al poder, se comienza a involucrar a las candidatas presidenciales para que incluyan en sus propuestas cómo resolverán el caso que seguramente heredarán.

Puntera en las encuestas y con las miras en ella, la candidata del partido en el poder, Claudia Sheinbaum, asegura que en caso de que los votos en las urnas le den el gane, continuará con las investigaciones.

La morenista además recordó que el presidente López Obrador ha atendido personalmente a los padres de los normalistas y ha habido avances en las investigaciones.

“Claro que vamos a continuar con las investigaciones en caso de que no se llegue a su conclusión, pero es importante que el presidente personalmente reciba a los padres y madres de Ayotzinapa.

“Este Gobierno se ha encargado de echar abajo la ‘verdad histórica’ de (Enrique) Peña Nieto o de la Procuraduría de entonces, (…) hay un reporte que es público donde hay investigación muy profunda de que fue lo que pasó y hay tres hipótesis y se sigue investigando”, dijo Sheinbaum.

Por su parte, la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, rechazó reunirse con los padres de los normalistas para no politizar el tema.

“Yo creo que lo que menos ellos quisieran es politizar el tema. Es lamentable que hayan asesinado a un joven, sobre todo en condiciones tan sospechosas. Los padres argumentan que se había bajado a comprar unos cigarros, no veo al joven con un arma ahí en la camioneta, parece que ya le hicieron la prueba, no disparó.

“Las policías no están preparadas, reaccionaron de manera inadecuada. Que se investigue, que se castigue el hecho, yo creo que en ese sentido seré prudente con los padres”, dijo Gálvez.

La ruptura

La relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se ha fracturado, desde las promesas de campaña hechas hace seis años y las primeras labores del Gobierno federal hasta el portazo que demuestra la ruptura de sus relaciones.

Tras prometer que esclarecería el caso de ganar la elección de 2018, López Obrador se reunió con los padres de los normalistas en septiembre, durante su periodo de transición y al cumplirse cuatro años del caso. Ahí, los reconoció como “un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia”.

Posteriormente, la promesa de buscar a los 43 retumbó en la asunción de López Obrador. Siendo repetida tanto en el Congreso de la Unión, acompañada de su respectivo pase de lista por los diputados de Morena, como en el Zócalo de la Ciudad de México cuando anunció los 100 compromisos de su sexenio.

En seis años, el presidente López Obrador pasó de considerar a los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa como ‘un ejemplo para los que luchan por la justicia’ a acusar manipulación. Foto: Especial

Los primeros pasos

López Obrador no perdió tiempo en poner en marcha estas labores y el primer lunes de su sexenio, el 3 de diciembre, recibió a los padres y su abogado, Vidulfo Rosales, en Palacio Nacional para firmar el decreto presidencial con el que creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del caso Ayotzinapa.

La nueva comisión, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, comenzó a trabajar con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la Fiscalía General de la República, a cargo de Omar Gómez Trejo.

En este primer año, estas dependencias lograron avances como encontrar restos posteriormente identificados como de Christian Rodríguez Telumbre en un lugar distinto al basurero de Cocula o al río San Juan. En tanto que López Obrador continuó recibiendo a los padres en Palacio Nacional para rendir informes periódicos.

Rompiendo el pacto

En estas reuniones, los padres de Ayotzinapa manifestaban su molestia por la lentitud de las investigaciones y la falta de resultados para castigar a autoridades, tanto civiles como militares, que participaron en la desaparición de sus hijos y en la fabricación de la denominada verdad histórica en el sexenio pasado.

Ante las presiones que generaban estos comentarios, en 2020 López Obrador comenzó a denunciar públicamente la existencia de “una especie de pacto de silencio” entre las autoridades y los delincuentes que participaron en los hechos de 2014 para dificultar el avance de las investigaciones por parte de su administración.

Para sortear este obstáculo, el primer mandatario pidió al fiscal general Alejandro Gertz y a Arturo Zaldívar, entonces ministro presidente de la Suprema Corte, dar trato de Estado al caso. Así como ofrecer protección a los involucrados que tuvieran la voluntad de colaborar para conocer el paradero de los jóvenes.

Tiempo de persecución

En junio de 2020, Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, se volvió el primer objetivo de alto nivel del Gobierno cuando se giró tanto orden de captura como ficha roja de la Interpol en su contra. Sin embargo, hasta la fecha sigue prófugo en Israel, pese a las gestiones del Gobierno mexicano.

Esto siguió en agosto de 2022 cuando el primer informe de la Covaj proclamó el caso Ayotzinapa como un crimen de Estado. Así como reconoció pocas posibilidades de que los normalistas siguieran vivos y, por el contrario, se responsabilizó a autoridades federales, estatales, municipales y narcotraficantes.

Tras este informe, la FGR giró 46 órdenes de aprehensión contra personas involucradas en el caso. Destacando el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue detenido esa misma semana, y el capitán José Martínez Crespo, mando del Batallón de Infantería de Iguala señalado como el primer militar detenido por este caso.

A partir del 2020, la actual administración centró sus esfuerzos para detener a probables responsables involucrados en la desaparición de los normalistas y así terminar con la impunidad. Foto: Especial

Salen Gómez Trejo, Encinas y el GIEI

Aunque esto generó expectativa, llegó acompañado de polémica cuando Gómez Trejo renunció a la Ueilca. Al confirmar esto, López Obrador acusó que las órdenes de aprehensión habían causado una rebelión al interior de la FGR y tachando al exfiscal especial de ser un colaborador del senador Emilio Álvarez Icaza.

La polémica continuó cuando se dio a conocer que Encinas había sido espiado por el Ejército con Pegasus, el software adquirido por Zerón. La respuesta de López Obrador causó críticas, pues pidió no darle importancia al asunto. Encinas dejaría el cargo en noviembre de 2023 para sumarse a las campañas de Morena.

Las críticas a López Obrador y la participación de las Fuerzas Armadas aumentaron con el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de dejar México. Pues implicó no solo al Ejército en la desaparición, sino a la Marina en la fabricación de la verdad histórica.

El quiebre de relaciones

En este contexto, López Obrador ordenó transparentar toda la información del caso que cumplía nueve años. Así, se dio a conocer un segundo informe con tres causales que aumentaron la molestia de los padres por retomar versiones de la llamada verdad histórica y aminorar la participación de las Fuerzas Armadas.

Con el inicio de su último año de Gobierno, López Obrador también publicó su último libro “¡Gracias!”, en donde plantea que el caso Ayotzinapa “nunca se va a cerrar”. Versión que retomó en su mañanera del 15 de febrero al reclamar que los padres y sus asesores habían politizado el tema en lugar de ayudar a resolverlo.

La situación llegó a un nuevo nivel el miércoles 6 de marzo cuando, tras una semana de plantón, normalistas trataron de ingresar a Palacio Nacional estrellando una camioneta en una puerta. López Obrador acusó que los padres “están siendo manipulados” por sus abogados, Álvarez Icaza y diversas entidades nacionales y extranjeras.

Síguenos en Google News para estar al día
Te puede interesar