Caso Andrés Roemer: así construyó su “poderío” con dinero público

El nombre de Andrés Roemer Slomianski había quedado en los archivos del Estado mexicano como el de un intelectual de prestigio que en casi dos décadas fue beneficiario del erario como servidor público, asesor y fundador de una organización civil. Desde esa posición se hizo de autos Mercedes Benz, relojes, obras de arte y una mansión.

Ahora su nombre está en el centro de un proceso judicial por decenas de presuntos delitos de violación y abuso sexual perpetrados en contra de mujeres en la Ciudad de México. El otrora reconocido comunicador, diplomático y escritor fue detenido por la policía israelí y será traído a México mediante una orden de extradición, según informó en su conferencia “mañanera”, del lunes 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Roemer Slomianski empezó a ganar dinero de los gobiernos federales en 2002 cuando gobernaba Vicente Fox Quesada (2000-2006). Ese año fue secretario técnico del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura). Casi una década después, en 2013 –cuando se iniciaba el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018)– fue nombrado cónsul en San Francisco, California, cargo que dejó en 2016. Casi de inmediato se convirtió en embajador en temas de cultura ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Las declaraciones patrimoniales de Roemer Slomianski, en el archivo de la Secretaría de la Función Pública, arrojan que como servidor público obtuvo en promedio, por cada año trabajado, 1 millón 865 mil 82 pesos a valor actual. Pero a ello se añadió otra percepción como asesor. En 2011, por brindar consejos por 21 días para “determinar los criterios teóricos para el desarrollo de industrias creativas” del extinto programa Proméxico, cobró 1 millón 500 mil pesos (unos 2 millones 566 mil 971 pesos de ahora).

Proméxico fue creado en 2007 en la administración de Felipe Calderón Hinojosa como el epicentro de una política mediante la cual, se intentó promover el turismo y atraer la Inversión Extranjera Directa. 

En poco más de una década de funciones tuvo el encargo de promover la internacionalización de las empresas mexicanas y brindar asesoría sobre tratados internacionales. En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su desaparición.

La asesoría de Roemer Slomianski gestó proyectos como la Ciudad Creativa Digital y Puebla, Capital Mundial. La primera fue un megaproyecto en Guadalajara, Jalisco, planeada para detonar inversiones, pero que se fue a las ruinas. La segunda estuvo vinculada al festival de la Ciudad de las Ideas, un proyecto que las víctimas de sus presuntos delitos han mencionado como “la oferta laboral” que solía hacer.

Al mismo tiempo, la fundación Poder Cívico A.C. que fundó en 2007 y en la que aparecía como representante legal y presidente percibió 72 millones 588 mil pesos del Gobierno federal entre 2013 y 2018, de acuerdo con la documentación de la organización en el extinto Instituto Nacional de Desarrollo Social.

El flujo de dinero hacia la organización y su puesto en el gobierno ocurrió de manera simultánea; no obstante que expuso en su declaración patrimonial que tenía un posible conflicto de interés por estar vinculado a esa asociación con una “participación voluntaria”. Un año después, cambió esa especificación y suscribió que carecía de “posibles conflictos de interés”; aunque aún conservaba el cargo de presidente de esa asociación civil.

De hecho, la sede de Poder Cívico A.C. era el domicilio de Roemer Slomianski, una casona ubicada en Plaza Río de Janeiro de la colonia Roma. Los testimonios recopilados por la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas, y otros difundidos en redes sociales y medios coinciden en que la mayor parte de los abusos y violaciones de los que se le acusa ocurrieron en una especie de estudio en ese sitio.

Roemer Slomianski frente al espejo

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los funcionarios mexicanos pueden dejar de manera pública su declaración patrimonial o suscribir en la misma: “El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”. Ello pone en el espejo a los políticos en su voluntad en transparentar su fortuna. También en lo que les interesa adquirir.

Roemer Slomianski fue un funcionario que no tuvo reparos en reportar en sus declaraciones iniciales sus adquisiciones de lujo. Publicó en 2002 que el año anterior había comprado al contado un BMW modelo 1998 y que en 1999 se había hecho de una casa de un valor de 3 millones 500 mil pesos, con mil 100 metros cuadrados construidos, al contado. Tampoco ocultó que en 2011, también con un pago inmediato de 2 millones 706 mil 828 pesos, se hizo de un departamento de 171 metros cuadrados.

Ni que dos años después, incrementó sus bienes con una camioneta Suzuki Gran Vitara, un Jetta gen, otros dos Mercedes Benz (uno pagado en dólares) y un automóvil Volkswagen Polo GTI BI Turbo DGS.

Andrés Roemer no omitió hacer público que se hizo de tajo de un “lito carbón” de Picasso en 32 mil dólares en 2013, ni que compró cuatro relojes por 25 mil dólares en 2008; tampoco que adquirió sillones, comedor, camas y libreros por 400 mil pesos. Tampoco se guardó que en 2013 tenía cinco cuentas bancarias -una en dólares- y algunos fondos de inversión. Y en 2014, no dejó de informar al público que abrió una segunda cuenta en dólares.

Para 2015, su estilo de presentar declaraciones patrimoniales cambió. Dejó de publicar los valores de sus bienes y cuentas bancarias. En 2016, de plano decidió ya no hacer público nada, ni un inmueble, ni un reloj, ni un automóvil. Como funcionario público se volvió opaco y clausuró las miradas sobre su fortuna.