Casinos, ilegales y amparados

A pesar de que en Guadalajara existen casinos que no cumplen con la reglamentación municipal, la autoridad no puede hacer nada para erradicarlos.

Con todo y que el Ayuntamiento emitió a inicios de 2011 una regulación especial para las casas de apuestas, es imposible cerrar algunas de ellas.

Y es un problema que afecta a todo el estado. De hecho, Jalisco es la cuarta entidad del país con más casinos en operación.

Según cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob), actualmente funcionan 27 casas de apuestas, solo tres menos que en Nuevo León, el estado del trágico Casino Royale.

Aunque algunos casinos no cuentan con la anuencia del Municipio de Guadalajara y enfrentan denuncias interpuestas por su otorgamiento irregular, siguen trabajando porque tienen los permisos de Segob.

El Casino Folliati, ubicado en el Mercado de Abastos, es uno de ellos. Opera desde hace más de tres meses amparado por el Poder Judicial.

Es uno de los 17 establecimientos que están en operación, clausurados o en construcción. De esos casinos, 14 abren sus puertas diariamente.

Al menos tres casas de juego funcionan al margen de la Segob, según registros periodísticos.

Se trata del Social Room, de Plaza Pabellón; el Casino Habana, de la Plaza Mull Bar, en el centro de la ciudad, y el GDL Casino, en Agustín Yáñez.

Aunque Jorge Aristóteles Sandoval Díaz prometió que no aprobarían la apertura de nuevos casinos durante su administración como alcalde de Guadalajara, seis se han establecido en lo que va del actual gobierno priista.

Es el caso del Casino Capri, de la Avenida Circunvalación en su cruce con Ávila Camacho, el Casino Habana, Social Room, Folliati, Gdl Casino y Fantastic.

Estas casas de juego se instalaron en la ciudad gracias a una serie de argucias legales que atropellan la autonomía municipal. En su momento, esto propició que se redactara un reglamento de casinos para la capital del estado.

Pero esta reglamentación, que entró en vigor a principios de 2011, sirvió de poco.

Y es que el Casino Folliati se valió de un amparo concedido por el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) para conseguir su cometido de operar sin ser regulado.

Con ello, sus propietarios lograron obtener no solo el permiso de operación como casa de juego –facultad exclusiva de Gobernación–, sino también la licencia para vender alimentos y bebidas.

Fue la misma estrategia que utilizaron el Casino Habana y el Casino GDL.

La administración priista también concedió el permiso para la operación del Casino Capri, lo cual provocó uno de los escándalos más sonados del periodo de gobierno de Sandoval Díaz porque se corroboró –mediante un documento firmado por el entonces regidor y hoy presidente estatal del PRI Eduardo Almaguer Ramírez, que el Ayuntamiento había dado su aval para la instalación.

La versión no pudo ser desmentida, pero sí matizada por las autoridades municipales, que argumentaron que solo se había otorgado la licencia de restaurante-bar.

Pero más de un año después de ese escándalo, que derivó en la elaboración del reglamento de casinos, la autoridad municipal dice que está atada de manos.

Funcionarios del Ayuntamiento aseguran que en el caso del Casino Folliati, el concesionario ni siquiera completó el trámite de permisos. Decidió iniciar el juicio y así facilitar la operación de su negocio.

Los empleados de esta casa de juego reconocen que no han podido inaugurar el salón de apuestas porque no tienen el permiso, sino un amparo del Poder Judicial.

“Estamos esperando a tener más clientes”, explica una empleada del casino.

Casino Folliati, al margen de la ley

En un recorrido que realizó Reporte Indigo se observó que el Casino Folliati está prácticamente nuevo, incluso hay sitios que se mantienen cerrados y algunas máquinas están apagadas.

Este casino, estratégicamente ubicado en una de las calles principales del Mercado de Abastos, ya tiene clientes cautivos.

Al menos eso aseguran los meseros, quienes dicen que les gusta atender a los dueños de las bodegas porque además de que dan buenas propinas, gastan hasta 5 mil pesos en poco menos de tres horas.

No hay mayor novedad en el lugar: comida barata, promociones de juegos, arcos de seguridad, luces de neón y ruido abrumador en cada esquina.

Este casino fue abierto gracias el amparo que le concedió el magistrado de la sala cuarta del TAE, Armando Estrada García, el pasado 30 de marzo.

El juicio fue promovido por Ramón Aguirre Joya, gerente administrativo de la empresa ALZ Juegos y Entretenimiento, S.A.P.I de C.V., y la decisión judicial ya fue apelada por la autoridad municipal.

A pesar de eso, no hay recurso legal alguno que permita clausurar el lugar.

El Casino Folliati forma parte de una cadena operada por la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., con domicilio en Monterrey, Nuevo león.

Bajo el mismo nombre, operan en Jalisco otros dos casinos, uno en Ajijic y otro en el malecón de Puerto Vallarta.

Su permiso no figura en el registro de la página electrónica de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, según documentos a los cuales tuvo acceso Reporte Indigo, la autorización fue otorgada el 28 de noviembre de 2005 por la Subsecretaría de Gobernación.

El permiso DGAJS/SCEVF/P-08/2005 fue firmado por Manuel Ignacio Fierro Evans, titular de la Unidad de Gobierno, y autoriza la operación de 60 centros de apuestas.

La diputada federal Lizbeth García Coronado interpuso en 2011 una denuncia penal contra el titular de la Segob y otros funcionarios de esta dependencia por solapar la operación de más de mil casinos en todo el país.

Una las empresas aludidas en la denuncia penal es Comercializadora de Entretenimiento Chihuahua, S.A. de C.V., consorcio que presuntamente obtuvo sus permisos durante el mandato del ex titular de gobernación Francisco Blake Mora (octubre 2010-noviembre 2011), no en 2005.

Atados de mano

Con la creciente oferta de casinos en Guadalajara, también aumenta la adicción al juego. Pero ante la impunidad con la que llegan y se instalan estas casas de juego, la autoridad se defiende diciendo que está “atada de manos”.

La síndico municipal María de los Ángeles Arredondo Torres explica que quienes operan el Casino Folliati no culminaron los trámites para obtener el permiso de restaurante-bar y violentaron el reglamento municipal de casinos.

Agrega que se valieron de una certificación de hechos emitida por un corredor público en la que se validó que el Municipio no les había dado las licencias. Y con base en ello, exigieron al juez que les otorgara el permiso.

Arredondo Torres afirma que el magistrado se excedió en sus facultades porque la suspensión permite que el negocio opere como casino, lo cual invade una atribución exclusiva de la Segob. Además, para la instalación se requiere el aval del presidente municipal.

La síndico comenta que la empresa solicitó a Obras Públicas un certificado de habitabilidad en 2010, y el Municipio respondió que el espacio era adecuado para brindar servicios a la industria y el comercio por ser parte de los terrenos del Mercado de Abastos.

“Ellos argumentan que no se les admite el trámite, pero lo señalan sin conceder”, expone la abogada, quien puntualiza que los empresarios no mostraron ningún documento oficial para comprobar que el Ayuntamiento les había negado las licencias.

Cuestionada sobre la efectividad del reglamento de Casinos, la síndico Arredondo Torres asegura que ha servido para sentar un precedente en el país y para inhibir la instalación de nuevos negocios.

Aunque reconoce que ha habido excepciones porque hay “personas que quieren jugar al margen de la ley”.

El juicio del Casino Folliati durará lo que determine la autoridad judicial. “Estamos a expensas de su calendario”, dice la síndico. Mientras tanto, la casa de juego sigue en operación sin que la autoridad municipal la pueda clausurar.