Casino Royale: disculpa pública sin justicia

Javier Navarro, secretario general de Gobierno de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, ofrecieron disculpas públicas a las familias de las víctimas del Casino Royale; si bien es una medida de reparación del daño, no se ha alcanzado justicia
Luz Rangel Luz Rangel Publicado el
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En la disculpa pública a las víctimas del Casino Royale se rompió el protocolo. Las primeras voces que se escucharon fueron las de las familias.

Las víctimas indirectas prepararon un video como parte del diálogo con los gobiernos actuales sobre lo que ocurrió el 25 de agosto de 2011, durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón y Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León en ese año.

“Un grupo de hombres armados rociaron con gasolina el casino y en cuestión de segundos se vio envuelto en llamas. La tragedia nos arrebató de tajo a 52 más dos seres amados, pues dos mujeres estaban embarazadas”, se escucha en el audiovisual.

En el video, las familias exhortaron al alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio, al gobernador de Nuevo León Samuel García y al presidente de la República mexicana Andrés Manuel López Obrador a que pidieran disculpas. Se trata de una medida de reparación que consiste en un pronunciamiento para reconocer la responsabilidad por la violación a los derechos humanos, la cual va dirigida a las víctimas y puede ser pública o privada, según el caso.

52
personas perdieron la vida
11personas fueron lesionadas

Se disculpan los tres niveles de gobierno

Tras el exhorto, la disculpa pública fue dirigida a las familias de 63 personas, 52 de las cuales perdieron la vida y 11 fueron lesionadas en el atentado del crimen organizado al Casino Royale. En el acto participaron los tres órdenes de gobierno.

“Nos indignan las omisiones por parte de la entonces administración pública federal, estatal y municipal en el ámbito del control y de la vigilancia de las medidas de seguridad pública y de protección civil. Por ello ofrecemos nuestra más honesta y sincera disculpa”, mencionó el secretario general del Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro.

El funcionario estatal adelantó que los tres niveles de gobierno buscan edificar un memorial para recordar a las víctimas y también para exigirle a las autoridades su obligación de garantizar a la ciudadanía el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, reconoció que hace 11 años el gobierno de Monterrey no fue eficiente ni solidario con las víctimas y sus familiares.

“Hoy a 11 años, aunque muy tarde, a nombre de la ciudad de Monterrey y el mío propio, les pido de corazón perdón. Porque esta tragedia se pudo evitar, que es lo más grave, pero hubo algo que hizo mayor la tragedia: que no se les escuchó”, declaró.

En el evento participaron funcionarios federales como la titular de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la Coordinación General de Seguimiento y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosalba María del Carmen Zarate Quintana; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez Estrada; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

“Yo vengo a nombre del Gobierno de México a ofrecer una disculpa pública porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que amparaba el funcionamiento del Casino Royale”, lamentó Encinas. 

El derecho de réplica de las familias víctimas de Casino Royale

En otras administraciones Casino Royale no era un tema mencionado, menos aún sus familias. Pero en esta ocasión, Samara Pérez, en representación de las víctimas, tomó la palabra en la disculpa pública.

En su intervención reclamó que los funcionarios que autorizaron las operaciones ilegales del Casino Royale siguen libres a 11 años del atentado.

“De los funcionarios que se encontraban en aquel entonces, como lo vimos en el video, ni uno, ni uno solo tuvo ni siquiera una sanción administrativa”, expresó.

Si bien Alejandro Encinas dijo que desde el 13 de mayo de 2013 existe un protocolo de inspección para instalaciones donde se realizan juegos y sorteos y ya hay un directorio de empresas permisionarias, que es una base de datos o registro público, Pérez pidió que no sea una simulación.

“Que cumpla estrictamente con los reglamentos que se encuentran vigentes hoy en día porque lastimosamente, si bien nos han mencionado que hay un padrón de estos casinos y salas de apuestas, verdaderamente es simulado porque cuando uno busca dentro de la página de Juegos y Sorteos, no puedes encontrar ni los permisos ni los permisionarios”, solicitó.

Las familias afectadas, el único cambio en los casinos llevan 11 años esperando sentencias como una forma de acceder a la justicia.

“A las personas que fueron detenidas por el gobierno federal jamás se les imputó el delito de homicidio y hoy por hoy las que se encuentran imputadas dentro del estado están peleando que no sea un homicidio calificado”, exhibió.

“De los funcionarios que se encontraban en aquel entonces, como lo vimos en el video, ni uno, ni uno solo tuvo ni siquiera una sanción administrativa”
Samara Pérezrepresentante de las víctimas

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