Por tercera ocasión el mismo grupo detrás de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua es señalado por la invalidez jurídica de su papelería oficial y la posible falsificación de documentos.
Comenchi, como también se le conoce a esta compañía, ahora es señalada por la falta de legalidad de una anuencia municipal para abrir casinos dentro de la capital regia.
Un documento en poder de Reporte Indigo, el cual la empresa ha utilizado dentro de expedientes para solicitar el amparo de la justicia federal y seguir operando casinos, no es reconocido por puntos específicos que ponen en duda su legalidad.
Esta supuesta anuencia tiene al menos cinco elementos claves que no son reconocidos y que llaman la atención a primera vista por su sospechosa aparición en el documento.
No tiene sello oficial y está sellado por el Notario Público Número 44, Arnulfo Gerardo Flores Villarreal. Es el mismo que dio fe del supuesto permiso de uso del suelo que el Municipio acusa ser falsificado.
También, se dirige a la Secretaría del Ayuntamiento, pero el entonces titular, Édgar Oláiz, no lo firma.
Y además, según el Artículo 22 del Reglamento de Juegos y Sorteos, la anuencia municipal debería ser expedida por el Ayuntamiento, por el Cabildo, y no por el alcalde o el secretario.
Por otro lado, las anuencias o permisos para diversos giros se otorgan una por cada negocio.
Pero ésta ni siquiera establece el lugar exacto donde sería instalado el casino y Comenchi tiene en operación al menos seis casas de juego.
Luego, suponiendo que el documento fuera verdadero, habría sido redactado y firmado apenas siete días después de la fecha en que aparece el supuesto permiso de Gobernación concedido a Comenchi.
Es decir, el permiso “fabricado” que presuntamente dio Gobernación a Comenchi es del 28 de noviembre de 2005 y esta supuesta anuencia municipal es del 5 de diciembre de ese mismo año.
Además, sería inválida alguna anuencia para casino firmada sólo por el alcalde, que en ese entonces fue Ricardo Canavati Tafich.
Es decir, la invalidez del documento hace posible su falsificación y nuevamente es utilizado por Comenchi para buscar amparar a los casinos a los que rentan el supuesto permiso de Gobernación, autorización que también fue impugnada en su momento por la Segob.
Este tipo de papelería es utilizada por la empresa para tratar de que algún juez federal les conceda una suspensión, o un amparo, contra la acción de autoridades municipales que clausuran los centros de apuestas por falta de uso del suelo para casas de apuestas.
Tal y como lo hizo el Foliatti, ubicado en la avenida Fidel Velázquez al norte de Monterrey, que cuando fue cerrado por el Municipio regio el pasado 27 de febrero, buscó la suspensión con documentos apócrifos.
En este caso el Municipio de Monterrey ya presentó una denuncia penal por falsificación de la firma del exsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología durante la administración de Adalberto Madero 2006-2009, José de Jesús Garza Gallardo.
Y además de esta denuncia por falsear la firma de un supuesto uso del suelo, está la acusación de la PGR porque la Secretaría de Gobernación no reconoció el supuesto permiso para que Comenchi opere 60 casinos en el país.
Tres veces falsa
Esta empresa, en la que Marco Antonio Ayala Anzaldúa aparece como representante legal, se constituyó el 21 de enero de 2005 y desde entonces tiene tres acusaciones de falsear documentos.
Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., opera con el supuesto permiso GAJS/SCEVF/P-08/2005 para 60 centros de apuestas remotas, con 60 salas de sorteos de números y captación de apuestas vía Internet.
Supuesta autorización con una vigencia de 25 años, del 28 de noviembre de 2005 al 28 de noviembre de 2030.
Permiso que la Secretaría de Gobernación nunca reconoció.
Y aunque la Segob denunció que el permiso con el que puede operar hasta 60 centros de apuestas es apócrifo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Puebla resolvió el 9 de agosto de 2012 que el permiso es válido.
Además, la supuesta autorización de 2005 nunca estuvo en los sistemas y en el padrón de permisionarios de Segob, hasta que en 2011 Comenchi salió a decir que tenía un permiso y que estaba firmado por Manuel Ignacio Fierro Evans, exdirector de la Unidad de Gobierno de Gobernación.
Funcionario que fue destituido e inhabilitado para el servicio público en 2007.
Mismo servidor que en 2012, la Procuraduría General de la República acusó de autorizar “criterios de excepción” que permitieron la operación del trágico Casino Royale.
Denuncia que no prosperó porque un magistrado federal negó la orden de aprehensión contra este personaje por supuestas fallas técnicas del Ministerio Público.
Esa fue, desde su origen, la primera vez que Comenchi fue acusada por la propia autoridad de falsear documentos oficiales.
La segunda fue cuando el casino Foliatti en Monterrey, que opera con ese supuesto permiso de Comenchi, trató de obtener una suspensión contra la clausura impuesta por el Ayuntamiento el 27 de febrero pasado.
La acusación penal del Municipio abrió la averiguación por falsificación.
Aquí uno de los abogados que aparece como representante legal del Foliatti es Patricio Manuel Martínez Brito, detenido por falsificación en el 2007, según una nota periodística de Milenio.
Y ésta es la tercera ocasión que Comechi aparece en una acusación de falsificación, en el caso de esta supuesta anuencia municipal firmada por el exalcalde.
