Los casinos, apuesta del narco

En México, de acuerdo a señalamientos emitidos desde Estados Unidos, no se ha podido combatir certeramente el delito de lavado de dinero, lo que posibilita el fortalecimiento de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Por esa razón, el gobierno norteamericano clasifica a nuestro país en la lista de naciones reconocidas por el auge de ese delito.

 El propio Gobierno federal reconoce que dos son los factores que representan la mayor amenaza para México en relación con al lavado de dinero: las organizaciones delictivas y el volumen de fondos generados por las actividades ilícitas, según lo expone informe “1ª Evaluación Nacional de Riesgos De Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo en México”.

Lo que ninguno de las dos administraciones acepta es que el propio gobierno mexicano ha posibilitado las actividades de lavado de dinero, luego que se disparó la instalación formal de casas de juegos y apuestas tras la autorización de permisos para el establecimiento de casinos, que inició en el 2004.

A partir de ese año, los casinos se convirtieron en el instrumento de los grupos del narcotráfico para blanqueo de dinero y la comisión de otros ilícitos.

De acuerdo a la PGR, a la fecha existen abiertas al menos 85 carpetas de investigación contra igual número de casas de apuesta, en donde al menos una tercera parte son por la presunción de lavado de dinero.

Actualmente, de acuerdo a información oficial de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, existen en el país 37 empresas registradas como permisionarias de casinos ante esa dependencia.

Esas compañías mantienen en operación 365 casinos en todo el país, los que en su mayoría se concentran en Baja California, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Quintana Roo, Chihuahua y en la CDMX.

Pero esas son sólo las cifras oficiales, pues se estima que en todo el país operan al menos 127 casinos irregulares, lo que no ha sido observado debidamente por la Secretaria de Gobernación ni por la Procuraduría General de la República.

En el 2013, la entonces Comisión Especial que investigó la operación de Casinos en la Cámara de Diputados solicitó un informe a la PGR sobre el particular, que no ha sido entregado. En la Cámara de Senadores, desde enero de este año, José María Martínez solicitó también a la Segob que presentara un informe sobre el número de casinos que operan en México, los permisos otorgados y las solicitudes en proceso.

De acuerdo con los datos del senador panista por el estado de Jalisco, actualmente en todo el territorio nacional operan más de 100 mil máquinas tragamonedas, instaladas en 434 casinos de los 798 autorizados por la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Segob.

Según el Inegi el lavado de dinero en México representa una pérdida de unos 340 mil millones de pesos, lo que equivale al 1.6 por ciento del PIB del país.

El caso Raúl Flores

Un ejemplo de la importancia de los casinos para el lavado de dinero, es el caso del narco Raúl Flores Hernández, ligado con la operación del casino Grand Zapopan, en Jalisco, desde donde el indiciado habría blanqueado millones de dólares.

El casino, por el momento cerrado, operaba bajo la razón social de Jevy de Nuevo León S.A. de C.V., la misma firma que es propietaria de Jubilee, New York y Paradise, ubicados en Monterrey, y del Providens Casino, de Guadalajara, Jalisco.

El permiso bajo el que operaba el casino de Flores Hernández, hoy identificado por el Departamento de Estado de EU como cabeza de una importante red de lavado de dinero en México -en donde estaría involucrado el Cártel Jalisco Nueva Generación- es propiedad de la permisionaria Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V.

Esta misma empresa -que cuenta con el permiso de la Segob para operar casinos en México al menos hasta junio del 2032- es la responsable de la operación de 28 casinos en Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Colima y Baja California Sur.

A Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V. la Segob le había cerrado uno de sus casinos, el Crown Arandas, por la posibilidad de la comisión del delito de lavado de dinero.

Otros dos casinos de la empresa ligada a Flores Hernández fueron clausurados a instancias de la autoridad local: el Crown Torreón y el Majestic, ambos en Coahuila

México, paraíso del lavado de dinero

Edgardo Buscaglia, uno de los principales analistas en materia de seguridad y autor entre otros del libro “Lavado de Dinero y Corrupción Política” (Debate 2015), considera que en México, el lavado de dinero es también producto de la globalización de la delincuencia organizada y de corrupción oficial.

Buscaglia estima que parte de los fondos bloqueados por el crimen organizado sirven para financiar campañas políticas de funcionarios incorporados dentro de la estructura del gobierno mexicano, lo que hace México sea un país en donde los controles para el lavado de dinero brillen por su ausencia.

Por esa razón, el analista considera que México es el tercer país del mundo con los mayores flujos de dinero sucio, los que evidentemente se tienen que lavar en instituciones financieras formalmente establecidas; por encima de México, en cuestión de flujos ilegales de dinero solo se encuentran China y la Federación Rusa.

Aun cuando los señalamientos de lavado de dinero que se han hecho públicos en México, principalmente desde el gobierno de Estados Unidos, se atribuyen a cárteles de las drogas, para el Buscaglia ese es el sector que menos participa en la legalización de dinero sucio.

Son las actividades de tráfico de personas y explotación sexual las que más utilizan la redes mafiosas para la comisión de este delito, asegura.