La agencia de noticias Associated Press (AP) publicó que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) trasladó a decenas de personas indocumentadas de Nuevo Laredo a Monterrey con la promesa de ubicarlos en un albergue. Sin embargo, AP reveló eran abandonados por las autoridades al llegar a la capital de Nuevo León. El gobernador Jaime Rodríguez lo negó y aseguró que los migrantes mienten.
“Investigamos y hablamos con la gente de migración, inclusive con aduanales que tienen que ver con estos temas y no tienen información de que hayan traído gente a Monterrey. Muchos de los migrantes mienten a veces con el afán de quedarse y seguir con su cruce, recuerden que van por una necesidad”, dijo.
“El Bronco” expresó que el estado que gobierna tiene un presupuesto extra de 8 millones para atender a esta población vulnerable.
Hoy miércoles, el mandatario tiene una reunión con Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para abordar esos temas con ellos.
Migrantes, problema social y no de seguridad
El padre Luis Eduardo Zavala, quien está al frente de la Casa Monarca, que ayuda a los migrantes, considera que una gobernanza migratoria podría mitigar la crisis que tiene la entidad.
La connotación de la crisis tiene dos aspectos: hay que despolitizarla y tratar lo que se conoce como una gobernanza migratoria a nivel local, integral, con las autoridades, porque no hay una cabeza. No hay que culpar a los migrantes de la crisis, no culpar a las casas del trabajo que hacemos, no culpar al Gobierno de la ineficacia, hay que buscar soluciones al problema
El padre revela que la ola de migrantes ha ocasionado que los centros de ayuda Casa Nicolás, Casa Monarca, Paso de Esperanza y Casa Indi reportan un aumento en el flujo de centroamericanos, pero no todos llegan a estos refugios.
“Nosotros estamos haciendo una labor humanitaria y estamos siendo solidarios porque vamos a los cruceros, rechazarlos y pedir que regresen a su país es una forma de no atender el problema. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la regulación temporal de los migrantes”, dice el padre.
Los migrantes que llegan a Nuevo León están considerados como un problema de seguridad, pero no han sido atendidos por las autoridades en el ámbito social. El párroco Luis Eduardo Villarreal Ríos, quien guía el refugio de migrantes Casa Nicolás, asegura que la crisis migratoria se ha agravado porque los gobiernos sólo están pensando en cómo regresar a esta población a su país de origen, como un tema de seguridad.
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“Se ha agravado el problema migratorio porque se ha pensado como un problema de seguridad y no como uno social, con razones estructurales de fondo que requiere una respuesta integral. Como que la idea es inmediatista porque dice cómo le hacemos para que sigan su camino o se vayan de aquí, pero no se ponen a pensar que el migrante no puede vivir en su país, no lo quieren en Estados Unidos y ahora no lo quieren en México”, menciona.
Villarreal Ríos señala que el escenario ideal para los migrantes sería que llegaran a un sitio adecuado para integrarse, primero laboralmente, y que tengan derechos.
“Hay muchos inmigrantes retornados y la saturación obedece a que no hay un plan de recepción. El hecho de que vayan y depositen a estas personas cerca de las casas de migrantes y centrales de autobuses denota una improvisación”, explica Villarreal Ríos.
Ley ante aumento de refugiados
La bancada del PRI en el Congreso local considera que Nuevo León está dejando de ser una entidad de paso para convertirse en el destino final de los migrantes centroamericanos, por lo que busca una iniciativa de ley sobre los Derechos de las Personas en Situación de Migración.
Una ficha técnica realizada por el diputado priista, Melchor Heredia, revela que en seis años en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), las solicitudes de refugio de migrantes extranjeros en Monterrey se dispararon hasta 14 mil 900.
La iniciativa de ley contempla 8 capítulos, 48 artículos y 6 transitorios, busca que se garantice el respeto a los derechos humanos y otorga a la Fiscalía General de Justicia la facultad de crear un área especializada en delitos contra los migrantes.
