Cartilla Moral, la Cruzada de la Cuarta Transformación
Con el inicio de la repartición de la Cartilla Moral se ha abierto un nuevo debate en el país, en donde por una parte se defiende la participación de grupos religiosos en actividades del Estado y por otra se cuestiona el respeto a la laicidad del Gobierno federal
Imelda GarcíaEl debate por el reparto de la Cartilla Moral a manos de la Iglesia evangélica va más allá de la posible violación del Estado laico por ese solo acto.
Expertos difieren sobre lo que significa que este y otros grupos religiosos hayan ganado terreno desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó protesta como presidente de México.
Aunque el primer mandatario se refiere a Benito Juárez como ejemplo personal y eje de su Administración, el discurso y los hechos del jefe del Ejecutivo demuestran algo distinto.
El presidente Juárez proclamó, en el siglo XIX, la separación de la Iglesia católica y el Estado, tomando las riendas de los asuntos que entonces eran atendidos por la institución religiosa, despojándola de sus bienes, impidiéndoles el acceso al poder político y a participar en tareas del Estado. México se convirtió entonces en un Estado laico.
La cercanía del presidente con líderes cristianos evangélicos ha representado una oportunidad para que otras denominaciones, distintas de la Iglesia católica, ganen terreno en la arena pública.
La discusión se profundizó después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó a la asociación civil La Visión de Dios una concesión para transmitir radio y televisión a nivel nacional.
En ese contexto se inscribe el lanzamiento de la Cartilla Moral, un documento con principios de moral pública y personal cuyo objetivo fundamental es, según lo dijo el propio presidente, fortalecer los valores de los mexicanos.
Los cuestionamientos aumentaron después de que se diera a conocer que la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) y sus 7 mil congregaciones serían las encargadas de repartir la Cartilla Moral y lo harán casa por casa y templo por templo.
Incluso, la Iglesia católica, que aglutina la mayor cantidad de fieles en el país, se negó a participar en esta actividad y recordó al presidente López Obrador que México es un Estado laico.
Todo indica que aunque en las formas puede ser cuestionada la participación de grupos religiosos en tareas públicas, legalmente no hay nada escrito que se los impida; incluso, se les va abriendo camino.
En mayo, la Secretaría de Gobernación modificó su reglamento interno para crear una Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, en la que habrá una Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social, lo que abre las puertas a la participación de las iglesias en asuntos de Estado.
La mesa está puesta para el debate. Por un lado están quienes justifican el regreso de elementos religiosos a la vida pública del país; por otro, hay quienes ven en esto el peligro de un retroceso para las libertades personales.
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La fe, un recurso político
Una de las metas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado clara desde el principio: buscar no solo el bienestar material del cuerpo, también el del alma.
Esta máxima ha servido para que el mandatario vaya abriendo puertas que durante años estuvieron cerradas para las iglesias y todo lo que éstas representan.
El presidente López Obrador ha procurado estar cerca de los grupos religiosos durante toda su vida política, rasgo que se acentuó durante los 12 años que buscó la Presidencia de la República.
Simbólicamente, el jefe del Ejecutivo ha echado mano de varios elementos que evocan a la religión católica, la que cuenta con el mayor número de fieles en el país.
Estos símbolos van desde el nombre de su partido, “Morena”, derivado del Movimiento de Regeneración Nacional y que evoca a la Virgen de Guadalupe; hasta el lanzamiento de su campaña como precandidato a la presidencia de la República el 12 de diciembre del 2017, día en que se celebra a la Virgen del Tepeyac.
Lo mismo recibió la bendición de un grupo de jóvenes evangélicos en Torreón, Coahuila, en febrero del 2017; y en marzo del 2018, previo a la campaña presidencial, se definió a sí mismo como cristiano “en la extensión amplia de lo que significa el cristianismo”.
Vino después la alianza electoral con el Partido Encuentro Social (PES), claramente identifcado con grupos cristianos pentecostales.
Ya en la campaña electoral también sostuvo encuentros con la cúpula del catolicismo mexicano.
El acercamiento con los grupos religiosos y el uso de referencias a la divinidad o a la moral cristiana se hicieron más patentes una vez que ganó los comicios del 1 de julio del 2018.
Incluso diversas denominaciones religiosas participaron también en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo (PND), tarea en la que el Ejecutivo delinea la visión y estrategias del gobierno que comienza.
El uso de frases y reflexiones relacionadas a la moral cristiana son recurrentes, por lo que ha convertido a la fe en un recurso político que utiliza con frecuencia.
La Biblia “es un libro de valores en donde están preceptos básicos morales. Ahí se dice que no se debe de maltratar al forastero, que se tiene que dar apoyo y solidaridad al migrante”, lanzó el presidente López Obrador el 14 de junio pasado en un evento en Chiapas.
Dentro de su idea de recuperar los valores y reconstruir el tejido social, López Obrador convocó a cuatro personas de su confianza para redactar la Cartilla Moral.
En su primera edición de 10 mil ejemplares que fue puesta a disposición del público, en la portada aparecían las figuras de Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Benito Juárez y Francisco I. Madero.
Aunque fue cuestionada por contener principios de comportamiento para todas las personas, el debate se transformó en uno donde se cuestionó el Estado laico cuando la Confraternice se reunió con el presidente en Palacio Nacional y ahí se acordó que participarían en el reparto del documento en todo el país.
“No hay ninguna violación al Estado laico. Es muy importante definir qué es el Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o a no creer.
“Si en las iglesias se ayuda a fortalecer valores, lo celebro; si en las logias se fortalecen valores, lo celebro; si en la asociación civil de ateos se fortalecen valores, lo celebro; si en la asociación civil de agnósticos se fortalecen valores, lo celebro. ¡Que vivan los valores! ¡Que viva lo espiritual! Que no reine y predomine lo material. No solo del pan vive el hombre”, dijo AMLO en la conferencia matutina del 27 de junio.
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Abriendo camino
Antes de cumplir los 100 días como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya se había reunido con representantes evangélicos agrupados en la Confraternice.
Arturo Farela, su líder, pidió al mandatario que se abriera la posibilidad para que se les pudieran otorgar frecuencias para realizar labores de evangelización que llegaran a miles de personas.
“En México es más fácil que existan canales pornográficos a que existan canales donde se transmitan principios y valores de amor a la familia, amor a la patria, amor a las instituciones, yo creo que ya es tiempo que se dé libertad a todas las confesiones religiosas”, expuso Farela al salir de su segundo encuentro con el presidente en marzo pasado.
El 22 de mayo, la asociación civil La Visión de Dios, relacionada con la iglesia Visión Cristiana —con presencia a nivel internacional— recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones una concesión para poder transmitir servicios de radio y televisión
Los líderes evangélicos se comprometieron a coadyuvar con el gobierno de López Obrador en programas contra las adicciones y para el fortalecimiento de los valores.
En esa estrategia entra la entrega de la Cartilla Moral a los ciudadanos, tarea que la Confraternice llevará a cabo y que otras denominaciones han criticado.
Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México, sostuvo en una entrevista publicada por la revista Contraréplica que una cosa es que las iglesias participen en actividades para la paz y, otra cosa, es que sean parte de la estrategia gubernamental.
“(Es) un paso riesgoso en el marco constitucional del Estado laico. Esta ya es una alteración. No quiero hablar de violación a las leyes, pero sí de una alteración a los márgenes de actuación, de colaboración, en un Estado que no puede inmiscuirse en las actividades de las Iglesias, ni ellas ser parte de las actividades de éste”, comentó Flores.
Otros grupos evangélicos no afiliados a la Confraternice también rechazaron participar en esta actividad
Opiniones encontradas por el Estado Laico y la Cartilla Moral
Para Elio Masferrer Kan, antropólogo de las religiones y académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), es un acto de cinismo criticar no solo la participación de parte de la comunidad evangélica en actividades que apoyen la tarea del Gobierno federal, sino la concesión de radio y televisión que le fue otorgada a una agrupación por el IFT.
En el primer punto, el historiador señala que no hay un solo enunciado en la Constitución ni en ley o reglamento alguno, en el que se prohíba expresamente a las iglesias acompañar al Gobierno federal en tareas propias de su actividad.
Masferrer califica como un absurdo decir que es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien está cancelando el Estado laico y eliminando el legado de Benito Juárez, pues el regreso de la Iglesia —especialmente la católica— comenzó a darse con la reforma de 1992, impulsada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando se abrió nuevamente el diálogo con la Iglesia.
A esto se sumó otra reforma impulsada por el PRI en el 2011 para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y abrir más el terreno de participación de las iglesias, particularmente la católica.
Masferrer considera que la diferencia de las reformas pasadas y lo que sucede en el gobierno de López Obrador es que ahora no es la Iglesia católica quien tiene la preferencia.
Por su parte, Roberto Blancarte, especialista en el estudio de las religiones y académico de El Colegio de México, opina que el involucramiento de las iglesias en la vida del Estado es una ruptura con la concepción de la laicidad y un retroceso de un siglo y medio para el país.
“Es un retroceso que se hace de manera impune, porque ni siquiera se intentó cambiar la Constitución, ni se modificaron las leyes, sino que solamente se cambió el reglamento de la Secretaría de Gobernación y ya se sienten habilitados para hacer un giro de 180 grados en materia de laicidad del Estado y de separación del Estado y las iglesias”.
El especialista considera que la división de la Iglesia y el Estado en que se basa la laicidad del país está implícita en la Carta Magna y en todas las leyes que de ella emanan, por lo que es un falso debate decir que si no está textualmente prohibida la participación de las iglesias en tareas del gobierno, éstas pueden hacerlas.
“La participación de las iglesias afiliadas en la Confraternice para repartir la Cartilla Moral es abrir la puerta a la evangelización de las comunidades con el pretexto de llevar un mensaje del Estado mexicano”.
Además, el experto indica que esta acción del presidente tendrá consecuencias negativas, como la disminución de derechos que se ganaron a lo largo de varias décadas —como el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo o el acceso a una muerte digna—.