Carretera Monterrey-Monclova; un camino sin ley

Entre Nuevo León y Coahuila se extiende una tierra sin ley.

Se trata de la carretera Monterrey-Monclova, una vía que, a lo largo de sus 153 kilómetros, ha sido escenario de múltiples ejecuciones, secuestros en vehículos, cadáveres cercenados y abandonados a plena luz del día, así como de narcomantas con amenazas hacia las autoridades, bodegas llenas de estupefacientes y una larga variedad de actos ilícitos.

Quienes viven en alguno de los cinco municipios colindantes (Escobedo, El Carmen, Abasolo, Hidalgo y Mina) procuran evitarla, ya que la probabilidad de encontrarse con una situación de riesgo es sumamente alta, por lo que muchos optan por no arriesgarse.

Reporte Índigo Monterrey realizó un recorrido por la zona, visitando tres de los cinco municipios aledaños a través de esta vía, denominada popularmente como “carretera sin ley”, un pequeño entronque ubicado en el noreste de México.

‘Estamos conscientes del riesgo’

La carretera federal 53, nombre oficial de la vía, parece no contar con vigilancia alguna; la presencia de corporaciones como la Guardia Nacional, Fuerza Civil u otras es prácticamente inexistente, situación que pone en riesgo a quienes se atreven a recorrerla.

Aunque se divisan puntos de revisión instalados a lo largo de la carretera, estos lucen abandonados, lo que ha abierto la puerta a que la delincuencia se apodere de la zona.

La primera parada del recorrido es en el municipio de Abasolo, el más pequeño de Nuevo León, en donde la población total es de aproximadamente mil 200 personas.

Aquí, el titular de la Secretaría de Seguridad, José Juventino Bernal González, ha sido víctima de dos atentados directos por parte del crimen organizado. En el segundo de ellos, uno de sus compañeros fue asesinado.

“Somos servidores públicos y estamos conscientes del riesgo que corremos como policías (…) Es difícil como ser humano el perder a un compañero en el cumplimiento de su deber; eso nos hace querer capacitarnos más y mejor”, narra Bernal González mientras hace un recorrido por los vehículos de los que dispone la corporación; casi todos presentan múltiples impactos de bala.

“Son las huellas de la guerra”, reconoce con pesar.

Al clima de muerte que se respira en la zona debe agregarse el sofisticado armamento con el que cuenta el crimen organizado, mismo que supera con creces el utilizado por las fuerzas del orden.

“Son ataques con armas de grueso calibre, incluso calibre 50, granadas de mano, de fragmentación, nos arrojan ‘poncha llantas’ para dañar los vehículos en persecuciones (…) Esto ya es un ataque más sofisticado, más bélico, que no contamos con la capacidad de fuego, pero tenemos la fuerza y capacitación para hacerles frente”, asegura el mando policial.

Sitiados por el crimen organizado

El viaje continúa en el municipio de Mina, a 17 kilómetros de Abasolo.

Los estragos de la interminable lucha contra grupos delictivos son evidentes; la comandancia policial del municipio se encuentra prácticamente abandonada, y al exterior, una patrulla inservible guarda la entrada.

Se tiene constancia de que los pocos elementos policiales que permanecen en el municipio se dedican a realizar labores de prevención y tránsito, ya que el combate en contra de grupos delictivos es prácticamente una sentencia de muerte.

El recorrido terminó en el municipio de Hidalgo, ubicado a escasos ocho kilómetros, donde la historia no es muy diferente.

En menos de tres semanas, dos directores de seguridad municipales fueron ejecutados por el crimen organizado, un claro mensaje de amenaza dirigido a las autoridades estatales.

Ante la situación, el Gobierno de Nuevo León determinó que Fuerza Civil debía “entrar al quite” y hacerse cargo de la seguridad del municipio.

Sin embargo, debido a que la presencia de esta corporación se limita a la realización de rondines de vigilancia al interior del municipio, los grupos criminales siguen transitando libremente por la carretera.

Aunque la zona está resguardada por elementos de la Guardia Nacional, se constató que estos elementos cumplen otras funciones y no están estrictamente dedicados al combate del crimen organizado.

Una de ellas es la vigilancia de un filtro instalado por el Instituto Nacional de Migración (INM) entre Hidalgo y Mina; en donde sus actividades se limitan a la revisión de autobuses en búsqueda de migrantes.

Aunque el panorama es desolador y la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales no alcanza a resolver el tema de raíz, existen elementos que se rehúsan a ceder el control de la zona a los criminales.

“Vamos a hacerle frente al crimen, organizado o no organizado (…) A nosotros nos competen los delitos del fuero común y federal, y aquí estamos, bien plantados; no vamos a retroceder, al contrario, la vocación que tenemos es la de proteger y servir a la ciudadanía…sólo queda darle para adelante y no aflojar”, afirma Juventino Bernal González.

La violencia que se vive en una de las carreteras más peligrosas de México parece no tener fin.