El diputado Juan Carlos Leal Segovia ha presentado iniciativas que van en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
El 28 de septimbre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las neoleonesas exigieron su derecho a decidir sobre su propio cuerpo en la Explanada de Los Héroes.
“Aborto sin estigmas y sin criminalización”, “La maternidad será deseada o no será”, “Sí o no, eso lo decido yo”, fueron algunas de las frases que cerca de 500 mujeres recitaban mientras colocaban los pañuelos verdes frente a Palacio de Gobierno.
En Nuevo León el aborto es legal bajo causales como violación, peligro de muerte y riesgo a la salud. Por lo que una de las exigencias de las mujeres es la legalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, en el Congreso de Nuevo León, el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Juan Carlos Leal Segovia, presentó el 28 de septiembre en la Oficialía de Partes una iniciativa de reforma a los delitos contra la vida y la integridad de las personas.
“Al que induzca, auxilie o hiciera abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare siempre que lo haga con el consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al autor de cuatro a nueve años de prisión”, mencionaría el artículo 329 del Código Penal para el estado de Nuevo León en caso de aprobarse.
Actualmente, este artículo se refiere sólo a quien haga que una mujer aborte. Es por eso que esta propuesta, a decir del propio legislador, es para ampliar la interpretación.
Aunque un aborto se realice de forma clandestina no es sinónimo de que sea una práctica insegura o solitaria
“Queremos ampliar para ayudar a los magistrados con este tema, ya que actualmente en Nuevo León es un delito el tema del aborto, y nos hemos encontrado con colectivos que están haciendo promoción de un delito”, expresa.
Carlos Leal Segovia también presentó una iniciativa para modificar el artículo 4º de la Ley de Salud y así evitar la difusión del uso de medicamentos para abortar, como el misoprostol, el 12 de agosto de 2020. Cinco días después, el 17 de agosto, Leal Segovia promovió reformar el artículo 18º de la Ley de Salud para prohibir los servicios médicos a distancia, o telemedicina, en procedimientos con restricciones legales, como el aborto.
Denuncia Carlos Leal a feministas ante la FGJNL
El diputado del PES, Juan Carlos Leal Segovia, solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León a colectivos feministas que realicen acompañamientos para que las mujeres aborten.
“Al consultar acerca de sus actividades me percaté que dentro de las mismas promocionaban e invitaban al acompañamiento como apología y realización de abortos de manera clandestina e ilegal”, menciona la denuncia con fecha del 25 de septiembre.
Pero incluso en lugares donde el aborto tiene restricciones ante la ley, no es ilegal hablar sobre el tema y no tendría razón de serlo. Asimismo, el legislador desconoce que aunque un aborto se realice de forma clandestina no es sinónimo de que sea una práctica insegura o solitaria.
Leal Segovia, además, señaló en su denuncia a una persona como representante de las organizaciones de la sociedad civil y proporcionó datos personales como su domicilio.
“Existen declaraciones y confesiones mediáticas por la ahora denunciada en su carácter de titular de dichas organizaciones, en las cuales confirman y aceptan la probable comisión de la apología del delito y delito de aborto”, dice el documento.
Juan Carlos Leal Segovia utiliza su curul para criminalizar a las mujeres y legisla desde sus creencias. La querella presentada ante la FGJNL y recibida por este organismo autónomo no es una denuncia ciudadana, sino que utiliza los logotipos tanto de la legislatura como del PES para promoverla.
Además en su queja y propuestas atenta contra los derechos sexuales y reproductivos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que está por encima de cualquier ley local de Nuevo León.
“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos”, dice el artículo 4.