Carlos Joaquín: La red inmobiliaria y de despojo

Una nueva red inmobiliaria que a través de la impunidad sostenida por personajes en puestos clave, habría beneficiado directamente al exgobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, así como a al menos seis funcionarios de su círculo político cercano, opera en Quintana Roo.

Gracias a denuncias de propietarios que sufrieron el mismo esquema de despojo de sus tierras, se descubrió un modus operandi que podría ser uno de los casos más fuertes de corrupción durante los últimos meses de la administración del hoy embajador de México en Canadá.

José Alonso Ovando, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) del estado de Quintana Roo, confirmó que la región de Tulum es uno de los principales centros de operaciones de esta red, que a través de empresas ligadas al exgobernador Joaquín González, habría adquirido propiedades de manera ilegal.

“Hay una mafia terrible de despojos a familias, a personas que tienen muchos años y falsificación de títulos de propiedad”, declaró Alonso Ovando tras la salida a la luz de las primeras denuncias de los afectados. La más notoria de ellas, el caso de un adulto mayor que fue despojado de 179 hectáreas de terreno a través de títulos falsos.

“A nosotros mismos nos han falsificado títulos, en Tulum, sobre todo. Tenemos identificados por lo menos tres casos de falsificación de terrenos de muchas hectáreas”, declaró el funcionario (quien fue colocado en el cargo por el propio Carlos Joaquín) a medios locales.

Implicados en la operación

Dentro de las áreas que estarían directamente involucradas con el esquema, se encuentran la exdirectora del Registro Público de Quintana Roo, Layla Lorena Flores Terrazas, así como Solangel Azucena Alonso Madrigal, presuntas responsables de haber dado de alta movimientos ilegales en el Registro Público de la Propiedad sin que cumplieran con los requisitos.

Previo a su nombramiento como representante de nuestro país en Canadá, Joaquín González habría articulado una operación de compra-venta de inmuebles por toda la entidad. Una red de despojos en donde además de los funcionarios señalados, también se encontrarían el notario 109 del estado de Quintana Roo, Manuel Chejin Pulido, quien abría dado “validez” a los movimientos ilegales, bajo la protección del fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales.

Otra de las figuras clave para la operación habría sido el extitular del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, José Cisneros Paredes. Mientras que Carlos Nassim Joaquín Rejón, hijo del exgobernador, también ha sido señalado por su participación. Hasta el momento, ninguno de los señalados ha brindado una aclaración o espacio de réplica ante la gravedad de los señalamientos.

Denuncias clave

Dentro de los casos más relevantes en la entidad está la denuncia de Cayetano Nieto, propietario que descubrió que sus 179 hectáreas pasaron a manos de un grupo empresarial ligado al exgobernador Carlos Joaquín.

De acuerdo con sus declaraciones, la propiedad pasó en tiempo récord a manos de los funcionarios de Tulum, quienes habrían  falsificado documentos públicos en Chetumal, para luego validarlos en la región de Progreso, Yucatán, para después pasar al Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo. Quedando así a nombre de los personajes señalados en la carpeta de investigación con folio 8144/2022.

Otra denuncia por falsificación de títulos públicos y despojo de propiedad se dio en 2021, cuando la señora Natalia S se presentó a las oficinas de la Tesorería municipal de Tulum para ponerse al corriente del pago de impuestos, cuando en la oficina de la Tesorería le informaron que todo se encontraba al corriente.

Ante la sorpresa, Natalia se trasladó a los terrenos y vio que estos se encontraban bardeados, y en su interior ya había maquinaria de construcción y anuncios de venta de lotes unifamiliares de un desarrollo llamado “Solemn”.

De acuerdo con declaraciones publicadas a medios locales, la propietaria regresó a las oficinas de la Tesorería y logró conocer que los dos terrenos de su familia habían sido adquiridos sin su consentimiento por la empresa Akela Development Group SA de CV.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los funcionarios vinculados a la red de Carlos Joaquín, actual embajador de México en Canadá, estarían involucrados en la adquisición de al menos otra decena de lotes, superiores a los 5 mil metros cuadrados, en la región del sureste mexicano.