La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el empresario Carlos Ahumada Kurtz sí acudió esta mañana ante el juez de Ejecución, luego de llegar a México extraditado la madrugada de este martes.
“Contrario a la versión de su defensa, que señaló que Carlos Agustín “N” no asistió al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la institución refiere que el sentenciado se apersonó ante la autoridad judicial, se identificó con un pasaporte extranjero e hizo entrega de diversos documentos”, se lee en el comunicado.
La Fiscalía capitalina señaló que, durante la audiencia, celebrada poco antes del mediodía, el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento solicitó a la autoridad judicial, la continuación del proceso de Carlos Ahumada, respecto al cumplimiento de su pena en internamiento, misma que fue negada por el juez de Ejecución al señalar y reconocer que el empresario cuenta con una suspensión provisional vigente por amparo.
La Fiscalía afirmó que se encuentra pendiente la fijación de una audiencia respecto a la solicitud de prescripción presentada por Carlos Ahumada a través de su defensa, en la que el representante social presentará los argumentos necesarios para establecer la “no prescripción del delito”.
Con ello, busca que Carlos Ahumada cumpla con una pena de un año, 10 meses, 23 días de prisión, además de cubrir la reparación del daño que asciende a cerca de 30 millones de pesos, por la sentencia condenatoria impuesta por su responsabilidad penal en el delito de fraude genérico.
Finalmente, la Fiscalía capitalina aseguró que Ahumada no fue conducido ni acudió voluntariamente a ninguna instalación de la dependencia, como su defensa lo informó.
¿De qué acusan al empresario en México?
Carlos Ahumada Kurtz está acusado en México por presunto fraude genérico del fuero común en contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la Ciudad de México durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno (2000-2006).
Esta acusación se fundamenta en irregularidades encontradas en contratos de obras públicas realizadas durante su administración y otras gestiones locales. El gobierno mexicano solicitó su extradición en julio de 2020, y esta solicitud fue aprobada en diciembre de 2021.
