“Carece de interés legítimo” promover controversia constitucional en contra del “decretazo”
Ricardo Monreal afirmó que 80 senadores no están de acuerdo en que Sánchez Cordero firme el recurso planteado por la oposición
Rubén ArizmendiLuego de que 53 senadores de oposición emplazaraon recientemente a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que considera de “seguridad nacional” las obras y proyectos de la Cuarta Transformación, la presidenta de la Cámara alta respondió en su cuenta de Twitter.
“Conforme a los criterios de la SCJN se concluye que el Senado mexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Además, los opositores a Morena en el Senado dejaron en claro que el “decretazo viola la Constitución y atenta contra la división de poderes”.
En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado.
Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial. 2/4— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) December 8, 2021
En su momento, Sánchez Cordero señaló que someterá la solicitud de la oposición a consulta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, ya que tiene “serias dudas” sobre el interés y la legitimación del Senado para promover esta controversia.
Ricardo Monreal afirmó que 80 senadores no están de acuerdo en que Sánchez Cordero firme el recurso planteado por la oposición.
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“En todas sus decisiones, y ésta es una de ellas, está subordinada a la mayoría del pleno. Ella no puede asumir por sí sola una decisión del pleno”, declaró el zacatecano.
Además, los senadores de oposición entregaron el 26 de noviembre a Sánchez Cordero un documento, en el cual manifiestan su preocupación, porque desde el Ejecutivo federal se pretende establecer “un régimen de excepción”, porque se recurre a los conceptos de interés público y de seguridad nacional para afectar la rendición de cuentas, favorecer la opacidad, la poca claridad en la contratación pública y el ejercicio de los recursos.
