Cárceles violentas

El sistema penitenciario de Jalisco se ha vuelto uno de los más violentos de todo el país, ahí adentro se mata con estrépito y, no obstante, lo que reina es el silencio. 

La cantidad de internos que pierden la vida asesinados y a mano propia en penales de la entidad es de las más altas en una perspectiva nacional, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El 31 de diciembre del 2014, la CNDH publicó su más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, edición 2013, en el que informa que las condiciones de los centros penitenciarios locales están en franca picada.  

En ese año, ya bajo la operación del área de Reinserción Social de la Fiscalía General del Estado, la Comisión halló que las prisiones de Jalisco ocuparon el quinto lugar nacional por el número de homicidios cometidos dentro de sus instalaciones. 

“En el caso de homicidios los estados con mayor índice son Tamaulipas con 24, Distrito Federal con 20, Estado de México 10, Sonora con cinco, Jalisco con cuatro y Nuevo León también con cuatro.

El mes en donde se reportó mayor incidencia de homicidios es septiembre; el horario en donde con más frecuencias suceden es entre las 6:00 a 12:00 horas, y los hechos ocurren con más frecuencias en los dormitorios”, dice el documento. 

La situación con los suicidios es, incluso, peor; Jalisco es el segundo lugar nacional por estos hechos al interior de sus penales.

“En relación a los suicidios los estados que reportaron más fueron, el Distrito Federal 11, Jalisco nueve, Sinaloa ocho, Sonora siete, Guerrero cinco y Tamaulipas cinco; el mes en donde se reportó mayor incidencia de suicidios es marzo y el horario en donde con más frecuencia suceden es entre las 12:00 a 18:00 horas, así como el lugar donde suceden los hechos es en los dormitorios”. 

Apenas el 14 de noviembre pasado dos presos del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Ciudad Guzmán, los hermanos Mario Alberto y Agustín Jiménez Rangel, fueron hallados sin vida.

Estaban en celdas distintas, pero ambos se habrían ahorcado con un paliacate. La autoridad presume que los hermanos pactaron método y momento para suicidarse.

Su aprehensión el 11 de septiembre del 2010 despertó mucho más interés que su muerte. Habían sido detenidos por el Ejército en un narcolaboratorio de Tamazula, y la Procuraduría General de la República los vinculaba con el asesinato de tres militares, ocurrido pocos días antes en Ciudad Guzmán, en el sur de Jalisco.

Durante la glosa ciudadana del 9 de febrero pasado, la directora de México Evalúa, Edna Jaime, le hizo ver directamente al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz la inaceptable condición de las cárceles del estado.

“Jalisco sí presenta un problema de hacinamiento importante, son la tercera entidad con problema de hacinamiento más notorio. 

“Las cárceles en este país son un espacio de violación sistemática de los derechos humanos, cualquier agenda de respeto de derechos humanos tiene que empezar por revisar qué pasa en nuestras cárceles; si el Estado mexicano tiene la capacidad de garantizar los derechos que esas personas no pierden”, exhortó México Evalúa. 

La sobrepoblación en el 2014

La fiscal de Reinserción Social, Marisela Gómez, dijo en ese mismo escenario que si la administración inició en marzo de 2013 con 16 mil 209 presos, ahora hay 18 mil 37 (sólo en 2014 se cumplimentaron casi 3 mil órdenes de aprehensión). 

El dato más reciente de la Comisión Nacional de Seguridad (diciembre de 2014), arrojó que en Jalisco existen 18 mil 225 presos.

Si la totalidad del sistema penitenciario estatal ofrece 10 mil 97 lugares, la sobrepoblación es de 8 mil 128 internos, o un 80.5 por ciento por arriba de su capacidad. 

La respuesta del gobernador a Edna Jaime hizo ver que esto seguirá por un tiempo.

 “(En ) el tema de hacinamiento definitivamente no hay capacidad. En este momento no hay el recurso y lo que se está trabajando es en temas torales para poder desactivar un conflicto que pueda llevarnos a consecuencias mayores”, dijo Aristóteles Sandoval.

Alta peligrosidad

Un reporte elaborado por la Fiscalía General en agosto pasado sobre el perfil de peligrosidad de sus presos, puede ayudar a entender a qué se refiere el gobernador cuando habla de prevenir un conflicto de “consecuencias mayores” al interior de las cárceles de la entidad.

En el sistema penitenciario local hay mil 879 presos clasificados como de alta peligrosidad, donde se incluye a liderazgos de organizaciones delictivas, sicarios, secuestradores y asesinos con conductas sicópatas, como lo ha explicado el especialista en sicología forense de la Universidad de Guadalajara, Francisco Gutiérrez. 

Hay más presos de alta peligrosidad en Jalisco en manos del Estado que de la Federación, pues en el Centro Federal de Reinserción Social de Occidente, en Puente Grande, hay otros mil 581. 

Al hacinamiento carcelario se le aúna, por tanto, la convivencia de casi 2 mil internos que requieren la mayor de las atenciones. 

La prisión donde hay más presos de alta peligrosidad es el Reclusorio Preventivo de Guadalajara, con mil 656, seguido por el Centro de Reinserción Social, con 131.

Después están los Centros Integrales de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta, con 37; el de Autlán, con 26; el Reclusorio Metropolitano, con 11; el de Tequila, con 10; el de Chapala, con cinco; el de Tepatitlán, con dos, y el de Lagos de Moreno, con uno. 

Otros 2 mil 414 están clasificados en media alta peligrosidad; 6 mil 382 en media peligrosidad; 254 en media baja; y 6 mil 28 en baja peligrosidad. 

Pero la gestión del sistema penitenciario de Jalisco antes que mejorar, empeora. La Fiscalía no sólo no ha podido detener el descenso del modelo sino que lo ha profundizado; la CNDH confirmó que en las principales prisiones locales existe descontrol. 

“Deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos (existe control por parte de los internos en tareas de seguridad, actividades, en los servicios de: alimentación, limpieza, mantenimiento y uso de los teléfonos).

“Existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas, así como existencia de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.

“Presencia de cobros por parte de los custodios para protección, asignación de estancia y plancha para dormir, visitas y por no cumplir una sanción administrativa”, dice el diagnóstico de la Comisión.

En 2013 Jalisco obtuvo de la CNDH un siete de calificación, retrocedió con respecto a 2012, cuando mereció un 7.22, y también está por debajo del 2011, cuando alcanzó un 7.54. 

Las peores evaluaciones están precisamente en las condiciones de gobernabilidad y en la garantía a la integridad física y moral del interno, con 6.44 y 6.65 respectivamente. 

Ajustes al sistema

La opción para reducir el hacinamiento en las cárceles del estado es que avance con éxito el nuevo sistema de justicia penal que comenzó en octubre pasado.

El modelo prioriza los mecanismos alternativos de solución de controversias y restringe el uso de la prisión preventiva sólo para los delitos más graves.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, le hacía ver al gobernador que el 60 por ciento de las personas que están en las prisiones estatales tienen penas por menos de tres años, es decir, por delitos menores, como robos sin violencia.

Por su parte, Marisela Gómez, fiscal de Reinserción, dijo: “Está iniciando el nuevo sistema de justicia en Ciudad Guzmán, esperamos empezar a bajar con esto la sobrepoblación, también se implementó la nueva Ley de Ejecución de Penas y acaban de iniciar actividad en octubre jueces de ejecución de sentencias, llevamos 267 libertades, esperamos que en el transcurso de estos meses podamos bajar la población de alguna manera”.