Cárceles de México: sistema en el olvido

El 2020 empezó con una estela de muerte para una de las poblaciones más ignoradas del país: la penitenciaria. Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de este año, se registraron dos riñas en el Penal de Cieneguillas, en Zacatecas, con un recuento de 17 personas muertas y 10 heridas. Hechos que desafortunadamente no son aislados para las cárceles del país.

Sin embargo, solo cuando ocurre alguna tragedia o incidente mayor al interior de las cárceles se recuerda la deuda que tiene el Estado de crear un sistema penitenciario que proporcione las condiciones necesarias y sea capaz de reinsertar a la sociedad a aquellas personas que cometieron algún delito.

El diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH, revela que del 1 de enero al 31 de octubre pasado hubo mil 29 incidentes como homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos en las prisiones mexicanas

De ellos, 902 ocurrieron en Centros de Readaptación Social (ceresos) y 127 en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Los sucesos más comunes en este periodo fueron las riñas, con 482 en los ceresos y 124 en los ceferesos; los abusos, con 196 solo en los ceresos; y en el tercer sitio los desórdenes, con 92 en ceresos y 2 en ceferesos, indican los datos.

Uno de los eventos más trágicos fue el ocurrido el 10 de febrero de 2016, cuando se registró la que es considerada la peor masacre dentro de un penal en el país: el de Topo Chico, en Nuevo León, donde murieron 49 internos.

La masacre, según las investigaciones, se originó por la disputa que existía entre dos bandos de un mismo grupo delincuencial que operaba al interior de la cárcel.

Sin embargo, pese a los múltiples informes sobre la situación de las personas privadas de la libertad, los incidentes y las quejas dentro de los centros penitenciarios del país continúan registrándose año tras año.

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Los invisibles están en las cárceles

“Son los grandes olvidados de los olvidados, los que están hoy prisioneros en las cárceles”, dice la diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio, quien es integrante de la Comisión de Justicia.

En México hay 255 mil 638 personas privadas de su libertad, de acuerdo con datos del Observatorio de Prisiones, una iniciativa de la organización Documenta A.C.

De ellas, 13 mil 200 son mujeres; 107 mil 295 no tienen sentencia y 8 mil 743 pertenecen a pueblos indígenas.

La cifra de personas en esta condición en el país equivale a llenar casi tres veces el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, cuya capacidad es de 87 mil 523 personas, por lo que no es un tema menor.

“La cárcel es el lugar más seguro para delinquir con la protección del Estado a través de sus custodios y directores, quienes están ahí como grandes delincuentes”, acusa Villavicencio.

La legisladora también señala que en las prisiones se ha normalizado el autogobierno y el co-gobierno, por lo que la primera medida que se tendría que adoptar es que las autoridades retomen el control y separen a las personas por el grado de sus delitos.

También esa depuración debe incluir a los custodios y a los directores que están totalmente corrompidos, o sea, que incurren permanentemente en la corrupción y están incluso sometidos a este régimen de control de muchos delincuentes”, dice.

Para asegurar a las personas internas una verdadera inserción a la sociedad y que tengan una nueva oportunidad en la vida, se deberían de garantizar trabajos y educación en todas las cárceles, explica.

Gonzalo Levi Obregón Salinas, doctor en Derecho de la UNAM, explica que es necesario replantear el sistema penitenciario porque no cumple con su objetivo que es la readaptación social.

“Tendría que cumplir con la reinserción social de estas personas que de alguna forma tuvieron alguna equivocación, pero no tiene por qué marcar toda su vida, porque precisamente no es una sanción.

“Va más allá en relación a cumplir una readaptación social desde el punto de vista de su educación, desde el punto de vista de su libertad, de sus sentimientos, de su libertad para cumplir una función social, que es lo que está esperando todo el grupo social”.

El abogado explica que aunque un juez dicte una sentencia contra una persona y se le prive de su libertad, ésta aún goza de los derechos humanos que establece el artículo 1 constitucional, como el derecho a la educación, el trabajo y la salud, los cuales suelen ser transgredidos en las cárceles mexicanas.

“Cuando la autoridad tiene la facultad o la obligación de comportarse de una forma, en realidad lo que se le está imponiendo es que garantice con su actuar la protección de los derechos humanos de las personas, incluyendo a las de los reclusorios”.

El profesor en el posgrado de Derecho de la FES Acatlán señala que los servidores públicos que violen los derechos humanos deberían ser sancionados económicamente, ya que así se les pegaría en el bolsillo y eso podría lograr cambios.

“Pareciera que la regla precisamente es transgredir los derechos humanos cuando debería ser la excepción, debería de ser lo raro, pero lamentablemente nos encontramos que las autoridades son los transgreden”, asevera.

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Encierro en carne propia

Si hay alguien que escarmentó en carne propia las deficiencias del sistema penitenciario es Alfredo Ramírez, quien estuvo en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

Esa experiencia lo marcó de por vida con una lesión que lo dejó con una discapacidad, pero también lo impulsó a velar por sus derechos y por los de otras personas privadas de su libertad.

“Yo llego en el 2013 al reclusorio de Barrientos acusado de un delito que no cometí, me acusaban de un robo de 500 pesos (…) llegué en diciembre y en el mes de febrero tengo un problema en la prisión, por lo cual me resulta una lesión en mi brazo y tengo la necesidad de ingresar al área médica del centro penitenciario”, dice.

Ahí, el trato que recibió fue discriminatorio y hostil, además el lugar no contaba con los elementos para atender a un interno, por lo que perdió la mano derecha.

“Derivado de eso yo me encontraba en una situación emocionalmente inestable, por lo que en un momento dado, por economía procesal decidí declararme confeso de la acusación que me hacían y me dieron una pena de 2 años 4 meses”, relata.

Con los conocimientos de una carrera trunca en Derecho, Alfredo se dedicó a realizar denuncias e ingresar quejas del trato que estaba recibiendo y logró que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitiera una recomendación por negligencia médica, discriminación y abuso de autoridad.

“Todo el tiempo es un mundo de corrupción y por esa razón mucha gente o muchos internos se apoderan de espacios para vender, para traficar, para hacer cosas y a veces están apadrinados por la misma autoridad.

La vida en prisión no es barata, para todo hay que hacer pagos, cuenta. Por ejemplo, los internos deben de pagar una renta por ocupar un espacio en una celda, para pasar al área médica, para que los custodios les hablen a sus familias en los días de visita e incluso para tener una mesa en esos espacios. También internos de alta peligrosidad conviven con otros de media y baja.

“Hay extorsiones y el ambiente en general está repleto de tratos crueles e inhumanos, donde el área médica no cumple con los requisitos necesario para respetar los derechos humanos, no hay condiciones para atender a un ser humano”, dice.

Para poner un alto a esta situación, Alfredo comenta que se tienen que acabar con las malas prácticas de corrupción que existen y garantizar actividades reales que permitan que las personas que están ahí cambien su visión sobre la vida.

La vida en prisión no es barata, para todo hay que hacer pagos. Para tener un espacio en una celda, para pasar al área médica y para poder ver o hablar con sus familias

“Me he dedicado a trabajar para ayudar a gente que se encuentra en prisión en condiciones precarias como yo las viví. Terminé de estudiar la carrera de Derecho que había dejado trunca y hoy llevo la defensa de muchas personas.

“Ya tengo un despacho que pienso convertirlo en una sociedad anónima denominada Defensa adecuada integral”, relata.

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Ocupar los espacios vacíos de las cárceles

Ante las fallas que tiene el sistema penitenciario mexicano, organizaciones sociales han implementado acciones y actividades para darles una nueva oportunidad a las personas privadas de la libertad.

Un ejemplo es lo que realiza la activista Tatiana Ortiz Monasterio, quien en alianza con la iniciativa española “A las olvidadas”, lanzó el año pasado una campaña para construir con libros donados una biblioteca dedicada a las mujeres del Penal de Santiaguito, en el Estado de México.

Con esta labor, la activista busca disminuir los índices delictivos en el país, ya que uno de los principales problemas es la reincidencia por la falta de actividades en las cárceles.

Los libros iban dedicados a las mujeres porque el abandono que viven una vez que entran a la cárcel es mayor que el de los hombres. El proyecto de Ortiz Monasterio también incluye otras actividades como la costura, el bordado y las manualidades.

“Yo creo que estas organizaciones civiles son muy importantes para ayudar justamente en este proceso de reinserción de quienes están hoy recluidos, yo creo absolutamente en la necesaria participación de la sociedad civil organizada, no solo en el proceso de pacificación del país, sino en este proceso que se vive en las cárceles para darles oportunidades a los reos”, dice la diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio.

Se debería apoyar a estas organizaciones que hacen un trabajo extraordinario en las cárceles mexicanas, trabajo que no está haciendo hoy el gobierno, excluir a la sociedad civil y dejarles los espacios vacíos, lo único que provoca es que los reos se conviertan en personas peligrosas cuando no debería de ser así”, dice.

La legisladora es integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, lugar desde donde señala que se va a iniciar un proceso de discusión de cuáles son las medidas que se tendrían que adoptar o garantizar en las cárceles de todo el país.

“No queremos que se siga estigmatizando a quienes cometen un delito, queremos que se conviertan en personas productivas y que se les dé una oportunidad, que evidentemente el Estado Mexicano asuma el control de las cárceles y que cada día haya menos”, señala.

Alfredo Ramírez, quien estuvo recluido en el Penal de Barrientos y ahora busca crear una organización para ayudar a personas en esa situación, dice que es posible crear un programa adecuado a las necesidades actuales.

“Muchas de las personas salen de prisión y tienen el estigma de haber estado ahí y no hay alternativas de vida, no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de nada porque ya están señalados por la sociedad como expresidiarios, eso hace que vuelvan a cometer un delito porque es lo único que saben hacer”, dice.

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