Las mejoras para la impartición de cursos sobre derechos humanos y perspectiva de género a sus elementos para así prevenir y evitar la violación a derechos humanos es una de las deudas pendientes que tienen las instituciones de las fuerzas armadas en México.
Con un proyecto de inversión de 461 millones 585 mil 357 pesos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desea construir un centro de evaluación de control de confianza para certificar a los elementos de la Guardia Nacional y así determinar su confiabilidad, perfil y valores requeridos para su desempeño en las tareas de seguridad. La evaluación será de carácter médico y de capacidad física en apoyo a las tareas de seguridad pública y estará ubicado en el Campo Militar 1.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil coinciden en que, para poder tener elementos de seguridad realmente capacitados con perspectiva de género y de derechos humanos, la creación de un centro de evaluación tiene que ir de la mano con la transparencia sobre el aprovechamiento de la impartición de cursos que reciben durante su preparación.
Cifras del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos muestran que tan sólo durante el primer semestre de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 484 denuncias sobre la actuación de las autoridades federales en materia de seguridad pública.
Además, el reciente informe “Falsas Salvaguardas: las capacitaciones de las fuerzas armadas en derechos humanos y género (2010-2019)”, realizado por Data Cívica, Equis Justicia e Intersecta, denuncia que ni la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, cumplen con la obligación de contar con programas de capacitación para todo su personal.
En el mejor de los casos, las respuestas de las instituciones informan sobre el número de personas capacitadas, pero ninguna institución es capaz de responder con evidencia de qué se trató exactamente la capacitación que recibió su personal. Tampoco se dio a conocer los mecanismos que utilizan para medir el éxito de dichas capacitaciones
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, durante el año previo a la encuesta, aproximadamente 573 mil mujeres sufrieron violencia emocional, física y sexual a manos de agentes de seguridad o policías y aproximadamente 97 mil fueron violentadas por militares o marinos.
Mientras que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 reflejó que las personas que fueron arrestadas por fuerzas armadas sufrieron más atropellos a sus derechos que quienes fueron detenidas por policías. Por ejemplo, mientras el 57 por ciento de las mujeres detenidas por marinos dijeron que las desvistieron durante su detención contra el 31 por ciento de aquellas a quienes las detuvieron policías municipales dijeron lo mismo.
En entrevista, Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, menciona que las violaciones a derechos humanos por parte de elementos de seguridad no se han detenido en la actual administración.
“Hay que tomar en consideración que este Gobierno optó por una seguridad militarizada pese a la oposición de la sociedad civil y pese a que López Obrador había criticado a sus antecesores Calderón y Peña por usar al Ejército en tareas de seguridad pública y ahora tenemos en la Constitución la aprobación de la Guardia Nacional, cuerpo que, junto con la Sedena, ha sido señalado de cometer abusos desde violaciones, desapariciones forzadas y tortura”, asegura.
Nula transparencia de las Fuerzas Armadas
Tras la investigación, las organizaciones advierten la poca claridad con la que las instituciones castrenses informan desde la manera en cómo se imparten los cursos, así como quienes son los encargados de dar la preparación.
Hay incapacidad de la Sedena de proporcionar los temarios o contenidos de las capacitaciones o mayor información sobre las personas que las imparten, además, se encontró que sólo siete de cada 100 elementos de la Guardia Nacional han sido capacitados en materia de derechos humanos a través de los cuatro escalones del Curso de Formación Inicial Homologado, un curso que, en teoría, debería ser obligatorio para todos los elementos, tampoco se proporcionó evidencia sobre los mecanismos de evaluación que utilizan para garantizar que estas capacitaciones cumplieron con sus objetivos
Asimismo, se puntualiza que la Guardia Nacional, al igual que las demás instituciones de las fuerzas armadas, no fue capaz de brindar información sobre los cargos de quienes las recibieron ni el tipo de capacitaciones que brindaron, cartas descriptivas, temarios o perfiles del personal docente.
Para las organizaciones, la falta de evaluación de las capacitaciones resulta preocupante pues aclaran que aún se recurre a las capacitaciones del personal casi por inercia y sin que se sepa, con base en evaluaciones y evidencia, que funciona para mejorar su desempeño.
“Habilitar a las fuerzas militares es fundamental pues se tiene que reeducarlos hacia la vía civil, partir de cursos con visión de género y derechos humanos pero concentrarse en el resultado de poder dotarlos de capacidades que lleven a la prevención y eliminación de abusos, dejar de basar la capacitación en términos de si fuiste o no al curso”, sostiene Rivas.
El informe concluye que aunque se registra un continuo incremento de capacitaciones en derechos humanos y género a las fuerzas armadas parece ser que fungen, más bien, como una falsa salvaguarda, pues señalan que impartirlas no garantiza que las instituciones respeten, en el ejercicio de sus labores, los derechos humanos de las personas civiles y tampoco garantizan la disminución de la violencia.
