‘Capacidad lenta’ de Daniel Noboa ante la inseguridad en Ecuador puede removerlo del poder

Ecuador vive una de sus peores crisis de inseguridad. Mientras que en menos de dos días el narcotraficante más buscado en todo el país se fugó de una prisión y un grupo de delincuentes ingresó de manera ilegal a un programa de televisión en vivo para secuestrar a sus trabajadores, semanas atrás otras personas armadas asaltaron escuelas e incluso le dispararon a guardias de seguridad mientras lo filmaban todo.

Escenas de inseguridad como las que vive actualmente Ecuador no se veían en ningún otro país de la región desde hace décadas, como cuando en Colombia el crimen estaba a la orden del día en los años 80 y 90 con los asaltos y matanzas que ordenaba el grupo del narcotraficante Pablo Escobar.

Desde el caso colombiano, las escenas de crímenes de dicha magnitud más cercanas en América Latina y el Caribe fueron las registradas en Haití en 2021, cuando en julio de ese año fue asesinado el presidente Jovenel Moïse mientras dormía en su residencia, lo que provocó n olas de inseguridad por parte de las pandillas.

De acuerdo con información difundida en junio de 2023 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la violencia en Haití ocasionada por los grupos criminales generó que más de 165 mil personas se desplazaran internamente por el país; una consecuencia que puede registrarse también en Ecuador por la inseguridad que enfrenta actualmente el Estado.

Al respecto, el doctor Fernanda Neira Orjuela, miembro del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que al haber gente afectada, sobre todo en el centro del conflicto donde dominan los grupos criminales, esas personas sin duda podrían migrar a los sitios poblados más cercanos del país, o en dado caso verse encaminadas a huir hacia Estados Unidos como así ha ocurrido en los últimos años.

Datos recopilados de enero a noviembre de 2023 por la Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México enfatizan que fueron ciudadanos ecuatorianos los que más intentaron llegar a la Unión Americana en ese periodo de tiempo, pero fueron devueltos por autoridades mexicanas.

En total, fueron dos mil 473 oriundos de Ecuador los que fueron devueltos a su país de origen el año pasado desde México; mil 700 personas más que los cubanos, la segunda nación que más intentó llegar a Estados Unidos. Venezolanos, brasileños y colombianos se situaron por detrás.

Neira Orjuela considera que lejos de que la violencia por narcotráfico se sitúe en un solo país de la región, como así ocurrió en Colombia en su momento y ahora en Ecuador, ese problema tiene hoy en día reincidencia a nivel mundial.

“Ya no hablamos de ese narcotráfico de los años 80 o 90 donde dominada Pablo Escobar, sino de toda una industria que tiene un poder que sobrepasa el de los mismos gobiernos. Hoy el narcotráfico es una industria criminal transfronteriza, y por lo tanto estas recientes situaciones de violencia responden a ese nivel de poder”, explica.

Continúa el estado de excepción

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno ecuatoriano siguió respondiendo a la inseguridad de su país con el estado de excepción que implementó el pasado 9 de enero, menos de una hora después de que se registrara el ingreso ilegal de un grupo de jóvenes a la televisora TC Televisión.

De manera específica, el presidente Daniel Noboa, quien tiene menos de dos meses en el poder, emitió un comunicado en el que decretó que disponía de la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad del país contra el crimen organizado trasnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.

En otro de los puntos del documento, el gobierno pidió identificar como organizaciones terroristas a 22 grupos del crimen organizado, entre ellos los Choneros, el cual lideraba Adolfo Macías, alias “El Fito”, el narcotraficante que se fugó de una prisión en Guayaquil.

De igual manera, la Presidencia de Ecuador ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos.

En entrevista, Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concuerda que entre las medidas que debe seguir impulsando el presidente ecuatoriano es tener cierto control de los espacios públicos de su país y generar un proceso de cambios que puedan revertir ciertas problemáticas sociales, sobre todo en el campo de la pobreza.

Para él, aunque desde el gobierno de Guillermo Lasso se autorizó un estado de excepción, a través del cual las Fuerzas Armadas controlaban las calles, esa podría no ser la mejor alternativa a largo plazo.

“Ahora se refleja que hay un descontrol que va más allá de la captura de delincuentes o la fuga de un narcotraficante, esta situación tiene origen desde un abandono de las responsabilidades del Estado a partir del propio gobierno del expresidente Lenin Moreno”, señala López Castellanos.

De acuerdo con datos recopilados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), aunque el total de homicidios aumentaron con el gobierno de Moreno, fue en la administración de Guillermo Lasso cuando más crímenes se cometieron.

A pesar de que Lenin terminó su mandato en mayo de 2021, el día que Lasso tomó posesión, su último año completo como presidente fue 2020, cuando se registraron 262 homicidios. Por su parte, su sucesor finalizó su gobierno con 224 crímenes en 2023, aunque fue 2022 el año en el que Ecuador se convirtió en el décimo Estado más violento en América Latina y el Caribe al contabilizarse 332 homicidios en todo el año.

El golpe presidencial

El único antecedente político del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue el que vivió al lado de su padre, Álvaro, quien compitió en tres ocasiones por la presidencia del país latinoamericano. Su derrota lo llevó a reforzar su lado empresarial, lo cual le heredó a su hijo.

La inexperiencia del hoy presidente se refleja en la inseguridad que hoy en día vive su país, así lo considera la doctora Claudia Edith Serrano Solares, especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.

En entrevista, la también docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón detalla que la poca acción del mandatario se vio desde la respuesta que emitió a través de la implementación del estado de excepción, un plan en el que no quedó del todo claro cuál sería el contenido en cuanto a la seguridad.

“En el plan de acción solo se están articulando nuevas formas de nombrar al crimen organizado y no queda estipulado qué se hará para que la población no enfrente daños colaterales”, dice la especialista.

Para ella, a Noboa se le vio “una capacidad bastante lenta” debido a que su respuesta oficial no se difundió sino hasta que se dio el incidente en la televisora TC Televisión, casi un día después de la fuga de “El Fito” y los asaltos en otros entornos del país.

“El país ya vivía una emergencia y el presidente no había impuesto nada, lo que puede provocar que Noboa solo termine el mandato ya estipulado y no haya ganas por parte de la ciudadanía para que permanezca en el poder por su titubeo y poca claridad para darle resultados”, reafirma la doctora.

Noboa tomó juramento como presidente el 23 de noviembre pasado para acabar con el gobierno que no finalizó Guillermo Lasso, quien al disolver el Parlamento y llamar a elecciones urgentes, le heredó sus retos pendientes a su sucesor.

El presidente de 36 años tendrá oficialmente un gobierno de un año y medio, a menos de que pida la reelección, la cual se autorizó en el país latinoamericano durante el periodo de Rafael Correa, quien gobernó 10 años, de 2007 a 2017.

Entre el respaldo y el rechazo

Tras la ola de violencia en Ecuador, el gobierno de México condenó “enérgicamente” los actos perpetrados por grupos de delincuencia organizada, y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) extendió su asistencia a las y los mexicanos ubicados en aquella nación.

Al igual que nuestro país, Costa Rica, Canadá, Argentina, Colombia, Bolivia, Cuba, Venezuela, Uruguay y Estados Unidos, por mencionar algunos, ofrecieron su respaldo al gobierno ecuatoriano.

Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, detalló que su nación apoyaba al pueblo de Ecuador y que, por lo tanto, estaba listo para brindar asistencia a su gobierno.

A diferencia de las naciones mencionadas, una de las posturas más criticadas fue la de Perú, que antes de condenar los actos de violencia en Ecuador y expresar su respaldo al presidente Noboa, se dispuso a reforzar la seguridad de la frontera que comparte con el territorio ecuatoriano.

Fue ayer por tarde que Víctor Torres, ministro del Interior de Perú, junto al titular del Ministerio de Defensa, realizó un sobrevuelo en la línea de la frontera con Ecuador para garantizar que las acciones de seguridad se estuvieran implementado como se pidió.

Sobre el accionar del gobierno peruano, la doctora Claudia Edith Serrano Solares, especialista en la región, asegura que lo único que hace Perú es velar por el probable desplazamiento que se lleve tanto de civiles como de los grupos armados ante la confrontación con las Fuerzas Armadas de Ecuador.

“Esta es una realidad que se comparte entre gobiernos para procurar la seguridad no solo para aquellos que puedan llegar a internarse en el país, sino para darle un poco de certeza a todos los comerciantes.

“Sin embargo, sí considero que la administración peruana se adelantó un poco ante el tardío desplazamiento de las Fuerzas Armadas de Ecuador en esas zonas fronterizas”, expresa la docente.

El doctor José António Hernández Macías, miembro del CIALC de la UNAM, considera que los países que se solidarizaron con Ecuador lo hicieron porque algunos comparten problemas similares de violencia, como Colombia, mientras que otros actuaron de manera más restrictiva, como el caso de Perú.

Desde su punto de vista, por toda la situación de inseguridad en la región es muy importante que se normalicen mecanismos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que sirven para resolver este tipo de problemas, pero de forma multilateral.