Caos en playas concesionadas de México

Las concesiones de las playas en México se encuentran inmersas en el caos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que se ha traducido en la carencia de un padrón confiable de concesionarios, y en que la gran mayoría de esas autorizaciones presenten irregularidades.

Así fue corroborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la gestión que hace esa Secretaría de las playas concesionadas del país, y donde encontró un abanico muy amplio de anomalías, entre las cuales también se pueden sumar la detección de concesionarios “fantasma”, y discrepancias millonarias en los ingresos que obtiene el Estado con este tipo de autorizaciones.

La Auditoría puntualiza que la Semarnat “tiene la obligación de llevar un registro de ocupantes de la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas”, sin embargo, cuando esta información le fue requerida por el órgano fiscalizador, se constató que dicho padrón es inexistente.

“La Secretaría proporcionó una base de datos en la que se identificaron 9 mil 987 concesiones registradas al cierre del ejercicio 2021; se constató que no contó con un catálogo, inventario, catastro y registro de ocupantes actualizado de la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas de los contribuyentes que ocupan dichas zonas en las 17 entidades federativas con litoral costero”.

A pesar de la relevancia ecológica y económica que tienen las playas para el país, la Auditoría confirmó que el Gobierno mexicano carece de información precisa sobre los concesionarios que están autorizados para explotarlas principalmente con fines turísticos.

“Sin el registro de ocupantes, no fue posible identificar de manera confiable el número total de concesiones, el objeto del destino, la vigencia, ni en su caso, el número de ocupantes irregulares”.

Este descontrol que impera sobre la gestión de las concesiones de las playas ha generado que ocho de cada 10 de estas autorizaciones que emite la Secretaría presenten algún tipo de anomalía.

”De las 9 mil 987 concesiones registradas, se identificaron 8,373 que presentaron alguna irregularidad (83.8 por ciento), por lo que sólo mil 614 contaron con la integración correcta y los requisitos legales”.

Las anomalías detectadas en las concesiones son 6 mil 287 concesiones sin fecha de notificación de resolutivo, 958 carecen de información de uso de suelo otorgado, 782 carecen de información de bitácora (para que los concesionarios consulten el estado en que se encuentra su concesión,131 carecen de información de superficie autorizada, 117 se encuentran con vigencia prescrita y 98 no presentan vigencia.

Concesionarios ‘fantasma’

Otra irregularidad descubierta por la Auditoría consiste en el hallazgo de concesionarios “fantasma”, es decir, concesionarios que sí aparecen en los registros de las autoridades locales, pero que no están incluidos en los que genera la dependencia federal.

Las autoridades locales también cuentan con información de estas concesiones pues, mediante convenios suscritos con la Federación, están facultadas para hacerse cargo de las contribuciones que deben pagar los concesionarios por la explotación de las playas.

“Las 17 entidades federativas costeras tienen suscritos convenios de colaboración con la SHCP. (…) El municipio asume las funciones operativas de administración, recaudación, comprobación, determinación y cobro en los términos de la legislación federal, en relación con los ingresos federales que están obligadas a pagar las personas físicas y morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, o cualquier otro depósito de aguas marítimas”.

La Auditoría cotejó los registros de la Semarnat con los de cuatro estados: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo, y encontró discrepancias tanto en los concesionarios reconocidos como en los ingresos presuntamente recaudados por estas autorizaciones.

“Se comprobó que las entidades federativas registraron 3 mil 284 concesiones, cifra mayor que la presentada por la Semarnat, por mil 883 concesiones.

“De las cuatro entidades federativas revisadas, tres enviaron a la Semarnat el informe de la recaudación; sin embargo, esta información discrepa de la recaudación reportada por la Secretaría, por lo que se determinaron diferencias en dos entidades federativas: Quintana Roo, por 27 millones 824 mil pesos, y Jalisco, por 244 mil pesos. Además, se determinó una diferencia de 2 millones 077 mil pesos en la recaudación que informó Baja California Sur”.

Ante ello, el órgano advierte que la Semarnat no tiene control ni da seguimiento de la información de la recaudación que le envían las entidades federativas.

La Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas, está constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde su desembocadura en el mar, hasta 100 metros río arriba.

Vigilancia raquítica

En esta auditoría de la Cuenta Pública 2021 sobre los “Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento. Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas y Derechos de Impacto Ambiental” puede destacarse una última anomalía: la escasa vigilancia sobre estas concesiones. 

La Auditoría corroboró que la Federación vigila muy pobremente las playas concesionadas.

“La Profepa cumplió con sus atribuciones de inspección, vigilancia y verificación del uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas (…); no obstante, se observó que las 161 inspecciones representaron sólo el 1.6 por ciento, respecto del total de las 9 mil 987 concesiones registradas por la Semarnat como vigentes en 2021”.