Cannabis avanza entre prohibición y tolerancia

Danielle es una nómada digital en la Ciudad de México originaria de Arizona que consume cannabis con fines recreativos.

Llegó a la capital del país hace cuatro meses y adquiere casi cada fin de semana sus cigarrillos de marihuana en lo que ella llama “The Park”.

Este lugar es en realidad el parque Luis Pasteur, la explanada de concreto que está frente a las puertas del Senado de la República y en donde se reúnen consumidores y vendedores de marihuana todos los días.

Ahí los comerciantes ofrecen cigarrillos por precios que van desde los 50 hasta los 200 pesos dependiendo la calidad, también se comercializan bolsas por onza, alimentos con cannabis y pipas o cualquier tipo de herramienta para su consumo.

“No hay bronca si te quieres poner a fumar aquí, reina, esta zona es de tolerancia al consumo y a la venta, tenemos permiso porque somos un espacio de activismo”, afirma Mike, nombre con el que se presenta uno de los comerciantes de cannabis.

En febrero de 2020, el parque se estableció como un lugar de resistencia encabezado por el Movimiento Cannábico de México para apoyar la reforma en materia de uso, consumo terapéutico y personal de cannabis en el país.

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Pero en el famoso Plantón 420, también rebautizado como el Jardín Cannábico Luis Pasteur, ya no se observan las carpas adornadas con mantas en las que se escribían demandas como “Cultivo ¡Ya!”, los panfletos con el pliego petitorio de las organizaciones y los activistas que con altavoces recordaban sus argumentos para manifestarse en ese espacio.

Ahora sólo permanecen las matas de marihuana que se sembraron, el humo de los fumadores, los consumidores y los comerciantes.

Entre las razones que presentaba el Movimiento Cannábico de México hace tres años para establecer una zona de “cultivo público, colectivo, no clandestino” y de “tolerancia”, estaba el presionar para que en el dictamen de regulación de la cannabis que se analizaba desde ese entonces en la Cámara alta se incluyera la no criminalización al consumo personal sin fines de lucro o al comercio, al tiempo que señalaban que estas actividades son un “derecho humano fundamental”.

Rechazo al interior del Senado

De puertas para adentro, en el Senado de la República, la utilización de este espacio público para la comercialización y consumo de marihuana bajo el argumento del derecho al desarrollo de la libre personalidad es reprobado por los senadores.

“El campamento está justo enfrente del lugar donde se encuentran los encargados del diseño normativo para su regulación y la instancia encargada de la regulación, pero no regula”, afirma Claudia Anaya Mota, senadora por la bancada del PRI.

A título personal, Anaya Mota convoca a los legisladores a cumplir el mandato constitucional y legislar a la brevedad la reglamentación para esta actividad, pero por lo pronto cuestiona que no se cumpla la regulación en lugares públicos.

Señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mandató en sentencia que es legal el consumo lúdico de marihuana, en consecuencia, “nosotros tenemos la obligación de diseñar la reglamentación para esta actividad” y reitera que se debe realizar lo más pronto posible para evitar vacíos y actividades que estén fuera de la normativa.

“La declaratoria general de inconstitucionalidad no despenalizó el consumo porque la SCJN eliminó, por así decirlo, la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo; este derecho, como cualquier otro está limitado”, recuerda la Senadora.

Para César Cravioto, vocero de los senadores de Morena, dicho lugar es una zona en que activistas lucran con la venta de la cannabis cuando la ley establece que la posesión en ciertas cantidades está permitida, la venta, en ningún caso.

“Es una zona de respeto hacia la manifestación de las ideas, pero no para lucrar con las causas sociales, no está permitida la venta”.

Apunta que el análisis y trabajo en las reformas enfocadas a despenalizar el consumo lúdico de la cannabis es un proceso largo, ya que hay varias iniciativas (entre ellas una de él) que se tienen que dictaminar en conjunto.

Además, advierte que es preciso “tener claro que la ley debe tener un enfoque totalmente social que busque resarcir de alguna manera la mal llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ que en administraciones pasadas dañaron tanto al país; y se debe generar una cultura de la desmitificación de la cannabis y dotar a los posibles usuarios de toda la información posible”.

Explica que se debe solicitar un permiso a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para poder sembrar, poseer o transportar cannabis para uso personal, y aunque aún no existen los lineamientos que ordena la Corte, sí se dejaron parámetros claros como que no se debe consumir en espacios públicos y la prohibición para el consumo de personas menores de edad, pues se considera un delito por la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.

 

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“El tema comercial sigue absolutamente prohibido, incluso después de la declaración de inconstitucionalidad o si tienes un amparo de uso personal, eso está penado, se está violando la ley, y eso nos afecta porque si nos ponen en la misma bolsa a todos, nos ponen como una industria a la que no le importa la regulación o la ley”, comenta.

De este modo, Ponce manifiesta que el activismo de antaño, si bien fue parte del proceso, ahora puede “manchar” lo que se está realizando debido a que abona a la estigmatización de la planta ante la ciudadanía y los gobiernos.

Para continuar con la conversación, el próximo 8 de febrero se llevará a cabo el foro abierto “Uso medicinal de la cannabis, avances y retos de la política pública en México” en la Cámara de Diputados, en el que participarán la iniciativa privada, la sociedad civil, legisladores y otras autoridades.

“Es una forma de retomar que el uso medicinal ya es legal en México, solo que no se ha corrido la voz como uno quisiera porque aún hay muchas trabas burocráticas. El mayor enemigo que tenemos, además de la desinformación, es el mercado negro, y puedes encontrar productos a la salida del Metro o en redes sociales que claramente no son legales y eso también puede traer un tema de salud”, expresa el especialista.

Retos para 2023

El panorama actual de la industria cannábica en México se resume en tres frentes: el consumo lúdico y responsable, el uso medicinal y el uso industrial (cáñamo), pero sólo el relativo a los fines médicos cuenta con un marco legal, pese a que aún existan algunos vacíos legales en la regulación como el de la trazabilidad.

Aunque el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador esté cercano a concluir, hay actores políticos que se han pronunciado a favor de avanzar con la legislación en los rubros pendientes, tal es el caso de la senadora de Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, lo que podría derivar en un avance positivo a nivel federal en los años que restan de la administración.

Sin embargo, si el año previo al cambio de Gobierno, en 2024, se centra en las prioridades electorales, podría quedar el tema rezagado para el siguiente sexenio, lo que impactaría desfavorablemente en el interés de los miembros de la industria de darle celeridad a la formalidad del mercado.

De acuerdo con el especialista Erick Ponce, director general de ICAN Latam, a la par del trabajo de las autoridades, empresas dedicadas a la industria de la cannabis avanzan en la investigación de la planta en coordinación con distintas universidades y hay movimiento económico respecto al uso medicinal, aunque es lento.

“Lo que está pendiente en el Legislativo es lo referente al uso adulto responsable y recreativo, en este ámbito la promesa se ha quedado pendiente desde 2020, hemos estado estire y afloje, primero con el Senado, que hizo un dictamen y lo pasó a la Cámara de Diputados.

“Ya van varios períodos legislativos y no tenemos todavía avances; sin embargo, el mismo Senado volvió a poner como un pendiente prioritario la discusión. Entonces no sabes con certeza qué es lo que viene”, explica.

No obstante, advierte que han visto resistencia por parte de algunos legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para que el debate continúe y llegue a buen puerto.

Sin embargo, la determinación de que el caso se resuelva y cuente con una normativa generada desde la Cámara baja está ordenada desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida actualmente por la ministra Norma Piña, quien ha votado a favor de despenalizar el uso de la mariguana y ha defendido la autonomía del organismo que ahora lidera en diversas ocasiones.

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“Hay que tener bien los pies sobre la tierra y, como sabemos, este año empieza la veda electoral. Si te soy honesto, el sentimiento de la industria es que no habrá una ley completa en este Gobierno por diferentes razones, lo que creo es que sí saldrán propuestas de ley y se implementarán hasta el siguiente sexenio, así nos pasó en el tema medicinal”, comenta Ponce.