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Nadie en México debería pasar hambre. Sin embargo, cambiar esta situación es complicada cuando el poder adquisitivo de los mexicanos es insuficiente para adquirir los productos que conforman la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
En la actualidad, una persona que vive en una localidad urbana necesita un mínimo de 4 mil pesos al mes para satisfacer sus necesidades básicas. El salario mínimo general tiene un valor mensual aproximado de 3 mil 080 pesos, por lo cual no es suficiente para reducir la pobreza por ingresos.
El escenario es poco alentador al considerar que en los últimos 40 años el salario perdió hasta en un 60 por ciento su poder de compra, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
En un intento por combatir el hambre y la desnutrición en el país, el Gobierno federal anunció el fortalecimiento de la canasta básica al integrar 17 nuevos productos, con lo que el número de alimentos pasó de 23 a 40
La ampliación alimentaria contempla productos como carne (res, puerco, pollo, pescado); pan de dulce; huevo; leche; agua purificada; golosinas de amaranto y cacahuates; frutas deshidratadas; gelatina; cuadro básico de frutas y verduras; concentrados sin azúcar para la elaboración de bebidas; jamaica y tamarindo al natural; garbanzos, chícharos y soya; ajonjolí y chía, entre otros.
“Nadie puede estar en contra de elevar la ingesta nutricional de los mexicanos, pero se está dejando de lado que existen millones de personas que no les alcanza para cubrir el total de sus necesidades, por lo que estas medidas, aunque son positivas se quedan cortas”
Hace 30 años, un trabajador en México debía laborar durante cinco horas para ganar lo suficiente para adquirir los productos de primera necesidad; en 2013, el tiempo subió a 21 horas y para 2018 la cifra incrementó a 24 horas, muestra un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
El aumento en el salario mínimo lucha a contracorriente, ya que los productos de la canasta básica se han encarecido en el último año. En 2018, al menos 25 alimentos básicos experimentaron un incremento, situación que derivó en un desequilibrio para la estabilidad de los hogares mexicanos.
En el último monitoreo mensual realizado por la Anpec se detectó un alza en los precios de la cebolla del 34.2 por ciento en Hidalgo; 40.63 por ciento en Tlaxcala, en tanto que en la Ciudad de México se disparó en 50 por ciento.
Por su parte, otros productos como el aguacate y la leche se encarecieron durante la primera quincena de febrero, donde Nuevo León fue la entidad en la que el fruto presentó su mayor incremento con un 22.5 por ciento, mientras que la leche aumentó su precio en el Estado de México en un 4 por ciento.
Una persona que vive en una localidad urbana necesita mínimo de 4 mil pesos al mes para satisfacer sus necesidades básicas y el salario mínimo general tiene un valor mensual aproximado de 3 mil 080 pesos
Cuauhtémoc Rivera comparte que el mayor reto para el gobierno en temas de microeconomía será garantizar una alimentación saludable a las familias con mayores carencias y continuar por la senda de la revaloración del trabajo, aunque es consciente de que en este momento el entorno no es muy favorecedor.
“No será una tarea fácil ni de un día para otro, será un largo y sinuoso camino en el que tal vez apenas se están dando los primeros pasos”.
Un salario que no quita el hambre
A finales del año pasado el Gobierno federal, empresarios y trabajadores acordaron que a partir del 1 de enero de 2019 el salario mínimo general aumentaría a 102.68 pesos diarios y en la franja fronteriza norte sería de 176.72 pesos diarios.
Este incremento del 16 por ciento fue histórico al considerar que del 2000 al 2015 las alzas anuales realizadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fueron de aproximadamente 4 por ciento.
Alrededor de 1.2 millones de personas amasan 40 de cada 100 pesos en México, mientras que 65 millones de mexicanos apenas pueden acceder a 3.5 pesos
Diversas organizaciones y analistas económicos calificaron la medida como positiva, ya que durante mucho tiempo el salario mínimo violó el artículo 123 constitucional que estipula que el ingreso deberá ser suficiente para cubrir las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus hijos.
Aunque el paso fue un gran avance para alcanzar la línea de bienestar, aún es insuficiente para garantizar una mejor calidad de vida.
Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), adjudica esto a que México se divide en dos. Es un país que crece y desarrolla industria, sobre todo en los estados del norte, y al mismo tiempo ha dejado rezagado al sur.
“Hablar de un solo México es muy difícil porque detrás de las cifras hay muchas historias de injusticia. Lamentablemente la canasta básica es más accesible en algunos estados, pero en otros no les alcanza para tener una vida digna”, explica el especialista.
En el territorio nacional la mitad de la población no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. La última Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) revela que el ingreso promedio mensual per cápita del 10 por ciento más pobre de la población es de 572 pesos
A la par, la fortuna de unos cuantos sigue expandiéndose. Alrededor de 1.2 millones de personas amasan 40 de cada 100 pesos en el país, mientras que 65 millones de mexicanos apenas pueden acceder a 3.5 pesos.
En términos concretos esto quiere decir que el 1 por ciento de la población posee el 43 por ciento de toda la riqueza en México.
Sánchez asegura que el reto principal está en la calidad del empleo, ya que más del 56 por ciento de los mexicanos que laboran lo hacen de manera informal y el 44 por ciento gana dos salarios mínimos como máximo.
Derribar el mito
Aumentar el salario de los trabajadores en México no sólo es correcto en términos de lo que estipula la ley, también permite reducir los niveles de pobreza sin tener un costo económico.
Durante años se ha debatido sobre si esta medida representa riesgos a la inflación o se trata más de un discurso que se ocupa como moneda política.
Raymundo Campos, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos en El Colegio de México, explica en el análisis ‘Salario mínimo vs inflación’ que los impactos de un incremento en el salario mínimo dependen principalmente de cómo funciona el mercado laboral.
Si el mercado laboral se comporta competitivamente y el salario mínimo está por encima del salario de mercado, entonces se genera una distorsión, ya que un incremento ocasiona desempleo.
Por el contrario, si el mercado laboral para trabajadores de bajos ingresos no se comporta competitivamente entonces un salario mínimo puede aumentar el empleo y la eficiencia económica. En pocas palabras, el especialista resume que elevar el salario mínimo es una política pública de doble filo.
Francisco Madrazo, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, tiene una visión más optimista y comparte que darle un mayor ingreso a la población ayuda a mejorar su calidad de vida, pero se necesita de un gobierno y sociedad más eficientes.
El reto principal para la nueva administración está en generar empleos de calidad, ya que más del 56 por ciento de los mexicanos que laboran lo hacen de manera informal y el 44 por ciento gana dos salarios mínimos como máximo
“La productividad es la única manera de que el incremento de precios no afecte a la inflación, si México produce más en bienes y servicios, el mercado dictamina el precio de eficiencia. Pero para que todo esto se logre se debe acompañar de una política transparente en el tipo de cambio y de subsidios”, detalla el economista.
Trabajar juntos
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación a la canasta básica quedó estipulado que sería distribuida y comercializada a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado que surge de la fusión de Liconsa y Diconsa, ambas tiendas del Estado.
Su creación generó un debate sobre si sólo se estaban dando respuestas viejas a problemas nuevos, ya que en gobiernos anteriores quedó demostrado que una logística de distribución y comercialización que depende exclusivamente del sector público muchas veces conlleva a prácticas de clientelismo político y a actos de corrupción.
Para que los productos de la canasta básica puedan ser distribuidos por todo el país, lleguen a las personas que más los necesitan y se garantice la transparencia es fundamental que tanto el gobierno como el sector privado colaboren en esta labor
Especialistas coinciden en que si el gobierno quiere que la maquinaria funcione de mejor manera es necesario que utilice la experiencia de las empresas que conocen bien los procesos logísticos.
Esto permitiría que las personas que se encuentran en zonas marginadas puedan acceder a los productos de la canasta básica bajo mejores condiciones de transparencia.
Para lograrlo, sería necesario repensar en un nuevo esquema que atienda al programa de abasto y que en esta tarea participe tanto el sector público como el privado.
“Una política nacionalista como la que se está impulsando no debe implicar hacer a un lado a los empresarios, al contrario, se les debe incorporar de manera eficiente y con sus mejores estrategias. Los líderes de las empresas en México tienen una gran visión sobre los negocios”, dice Francisco Madrazo, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.
Entre los jugadores de la industria de consumo que podría aportar valor a la cadena de suministro están Grupo Bimbo; Coca-Cola Femsa; Grupo Lala; PepsiCo, entre otros
Aunque Segalmex distribuirá esta nueva canasta a través de sus 27 mil tiendas comunitarias, las cuales se ubican en localidades de alta o muy alta marginación, la penetración que tienen los grandes conglomerados de consumo en el país alcanzan a más de 100 millones de consumidores.
La tecnología de estas empresas permite que los procesos de distribución y comercialización sean más eficientes en la operación de sus rutas. De igual forma, sus canales de logística cuentan con una fuerza de ventas que les facilita la comunicación con los minoristas, quienes se encargan de distribuir los productos.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) también constituyen una pieza clave en el tablero. En México, existen un millón 182 mil puntos de comercio tradicional (pequeños establecimientos, carnicerías, y papelerías), de los cuales 632 mil son abarrotes, de acuerdo con las últimas cifras disponibles por Anpec.
El gobierno puede trabajar de la mano con el sector privado para garantizar que los productos que integran la nueva canasta básica puedan estar al alcance de todos los mexicanos, sobre todo, aquellos que se ubican en las zonas más marginadas del país.
“Si ambos se unen pueden ampliar la capacidad de distribución y con ello garantizar que los productos lleguen de manera directa sin intermediarios. Esto también permitirá eliminar prácticas clientelares que han persistido durante décadas”, expone Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.
Limar asperezas
La relación entre el presidente López Obrador y los empresarios ha experimentado varios altibajos a causa de la cancelación de proyectos clave y la diferencia de opiniones en la implementación de políticas enfocadas al desarrollo económico del país. Es fundamental que los empresarios y el gobierno trabajen juntos, de lo contrario, existe el riesgo de que pierdan alianzas estratégicas, pues el sector público genera empleos, pero el privado da un valor agregado al desarrollo económico.
Los integrantes de los principales organismos empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguran que la inversión es el principal motor de crecimiento, de ahí su relevancia de mantener el grado de confianza en el país.
Cifras del Sistema de Cuentas Nacionales revelan que, del total de la inversión del país, 14 por ciento tiene como origen el sector público, en tanto que el 86 por ciento proviene del privado.
Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), manifiesta que la única forma de garantizar que la canasta básica llegue a todos los mexicanos es que se genere certidumbre para garantizar un pleno Estado de derecho, aunque para lograrlo se requiere de voluntad política.
“El problema de México es que es un país de leyes que no se aplican y eso impacta de forma negativa a las empresas. Estamos muy lejos de ser un país desarrollado por esta desigualdad que se ha generado y arrastrado desde hace años”
