"Es una ironía… me fui de espalda al ver en la prensa que ‘El Bronco’ propuso a Ernesto Canales como fiscal Anticorrupción, porque en el caso de mi hija hay un diploma falso, y él tuvo que investigar el caso y debió estar enterado”
Los problemas de Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción del Estado, no terminan, se multiplican.
Además de la acusación que enfrenta por un presunto fraude de 65 millones de pesos, el subprocurador estatal es señalado por intervenir en un caso de presunta negligencia médica del Hospital Christus Muguerza, que dejó en estado vegetativo a una joven regiomontana.
El caso de Johanna Alexandra Fisher Garza ha sido retomado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber indicios de averiguación injustificada e inusual en perjuicio de la joven.
Los familiares de la paciente señalan al hoy fiscal anticorrupción de intervenir con su organización Renace para liberar a la enfermera del Hospital Muguerza acusada de negligencia.
El pasado 30 de marzo la Corte atrajo el proceso de amparo sobre la prescripción de la acción penal solicitada por la enfermera Anita Urbina Alvarado, única indiciada en este juicio.
“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerce su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión a que este toca se refiere”, cita el informe de la Corte que fue aprobado por mayoría de los magistrados.
En 2012, Renace pagó una fianza de medio millón de pesos para liberar a Urbina Alvarado.
“Renace, donde Ernesto Canales es el director, saca rateritos con fianza de mil o 3 mil pesos, pero no de 500 mil pesos, la organización no tiene para darlos.
“Renace trianguló ese dinero por la amistad que Ernesto Canales tiene con el Hospital Muguerza, Canales le hizo el favor a sus amigos”, aseguró Alfonso Garza García, abuelo de Johanna Alexandra.
Irregularidades en el proceso
Para tomar la defensa de un indiciado, Renace revisa que en verdad haya una presunción de inocencia, y que el caso no tenga irregularidades que manche su credibilidad profesional.
“Esta organización tiene la obligación de revisar el expediente, siempre y cuando exista una falla contra el indiciado, pero no puede sacar a un reo por un delito grave”, consideró Garza García.
En septiembre de 2012, la enfermera Anita Urbina Alvarado fue encarcelada en el Penal del Topo Chico, pero ese mismo año recuperó su libertad.
De acuerdo con los demandantes, esta organización no revisó minuciosamente el caso de Urbina Alvarado y decidió defenderla, pagando la fianza de 500 mil pesos por los delitos de falsificación de documentos y negligencia médica.
Ahora la enfermera está solicitando la prescripción del caso.
Pero magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en Nuevo León, negaron la prescripción porque consideran que existen irregularidades en el proceso del expediente 179/2012-VII.
“Los magistrados integrantes de este tribunal consideramos que este asunto revista características de interés y trascendencia porque se está en la hipótesis de que existió una averiguación injustificada e inusual.
“Este colegiado estima procedente la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción (para determinar) qué es más importante, el acceso a la justicia o la prescripción de la acción penal”, cita el documento.
Advierten al gobernador
Alejandra Garza, madre de Johanna Alexandra, criticó la participación de Ernesto Canales Santos, a través de Renace, en el caso de la enfermera del Hospital Muguerza, donde su hija sufrió daño motriz y neurológico permanente.
“Es una ironía… me fui de espalda al ver en la prensa que ‘El Bronco’ propuso a Ernesto Canales como fiscal Anticorrupción, porque en el caso de mi hija hay un diploma falso, y él tuvo que investigar el caso y debió estar enterado”, dice Garza.
Aseguró que el gobernador Jaime Rodríguez fue alertado por medio de una carta emitida el pasado 9 de diciembre por la participación del subprocurador Anticorrupción en este caso que, asegura, estuvo plagado de corrupción.
“El juicio de mi hija fue plagado de corruptela donde está implicado Luis Carlos Treviño Berchelmann y Natividad González Parás, por lo que no debió defender a la enfermera Ernesto Canales Santos”, dijo Alejandra Garza.
Criticó a la institución Renace por prestarse a una triangulación financiara para liberar a la enfermera.
“Lo totalmente extraño, inédito e irregular es que una organización como Renace, por más filantrópica, humanista y religiosa que sea, pague en forma altruista a una reo en especial una fianza por la cantidad de 500 mil pesos.
“Prestándose Renace a esta triangulación, tratando de desviar u ocultar los verdaderos motivos de porqué el hospital Christus Muguerza no daba directamente la cara”, reiteró Alejandra Garza.
Las pruebas del caso
Dentro de las pruebas presentadas en el expediente 179/2012-VII por la familia de Johanna Alexandra Fisher Garza en poder de este medio, revelan la falsificación de documentos y alteración en el expediente médico.
Un diplomado de la Universidad de Monterrey, que acredita a Anita Urbina Alvarado como enfermera intensivista, cuando ella en su declaración preparatoria asegura ante la autoridad que era enfermera general.
Este documento presenta irregularidades, como la fecha de certificación ante la Secretaría de Educación por el entonces secretario de Gobierno, Natividad González.
Inexplicablemente, González lo certificó dos semanas antes de que el diploma naciera a la vida jurídica, es decir, el exgobernador lo firmó el pasado 2 de marzo de 1990 y supuestamente se expidió el 16 de marzo del mismo año.
La familia presentó pruebas donde señala que Johanna Alexandra, tras una operación de una malformación en la parte cervical en enero de 1998, sufrió un paro cardiaco, y señalan al doctor Hernán Campa Núñez de ocultar esa información médica.
Comprobaron que la afección cardiaca fue ocasionada porque el respirador artificial no fue retirado de manera gradual, de acuerdo a protocolos de recuperación.
Aseguran que hay testimonios y documentos falsos de la defensa de la enfermera, con la complacencia del Ministerio Público Número Uno de la Procuraduría de Justicia, con Luis Carlos Treviño Berchelmann como procurador.
