Canal 28 de Nuevo León: Gestión entre anomalías

La gestión de Osvaldo Robles López como director del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León Canal 28, muestra serias irregularidades en el manejo de recursos.

El funcionario estatal ha violentado la Ley General de Responsabilidades Administrativas en varias licitaciones, lo que lo llevó a buscar un amparo después de que se emprendiera una investigación en su contra por posibles actos de corrupción.

Contravenir esta Ley ha sido una constante por parte de Robles López, quien ha estado al frente de la televisión pública en dos ocasiones, una con el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y ahora con el mandatario Samuel García.

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, en su revisión del ejercicio fiscal 2022, volvió a encontrar anomalías después de que el Canal 28 entregara, a través de una adjudicación directa, millones de pesos a una empresa fantasma.

Se trata de la empresa Telerma S.A de C.V., la cual recibió un contrato por un millón 155 mil 599 pesos por el servicio profesional de consultoría para diagnóstico y propuesta de refundación del canal, y otro más por un millón 200 mil pesos para la elaboración de la nueva imagen y manual de identidad de Radio Nuevo León.

Es decir, esta empresa ganó 2 millones 355 mil 599 pesos.

Según este órgano fiscalizador, esta compañía no era apta para realizar el servicio de consultoría y elaboración de la nueva imagen de radio, incluso, los dueños de esta empresa no cuentan con credenciales que acrediten experiencia en este rubro para hacer frente a este contrato.

“No solventa, la empresa Telerma, S.A. de C.V., no cuenta con capacidad técnica, económica, financiera, infraestructura, activos, ni con personal profesional capacitado para prestar de manera directa los servicios para los cuales fue contratada por el ente público”, revela la Auditoría.

Reporte Índigo adelantó que Osvaldo Robles López gastó 84 millones de pesos en la modernización del Canal 28, en el que la empresa Telecomunicaciones y Servicios del Norte S.A. de C.V. (TSN), ganó el proceso de licitación  para llevar a cabo estas acciones.

Sin embargo, esta empresa fue la que presentó la propuesta más alta, por lo que haberla elegido viola el artículo 2 de la Ley de Adquisiciones del Estado, que establece que el dinero público que dispongan los sujetos obligados será administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En 2022, el funcionario intentó no rendir una explicación ante las 19 observaciones de las cuentas públicas de 2018 y 2019 tramitandoun amparo, siete de las cuales violaban la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que ameritaba una investigación.

Robles López no comprobó el pago que acredite los derechos de uso de espectro radioeléctrico de las frecuencias de radiodifusión administradas por esta empresa.

Tampoco acreditó el total de los patrocinios y donaciones obtenidos durante su administración y el documento que acredite el destino de los recursos. La ASENL no encontró evidencia que justificara los ingresos adicionales. Este caso, aún se encuentra en la impunidad.

Los hallazgos

La ASE encontró una serie de irregularidades para que Robles López no contratara a la empresa Telerma, S.A. de C.V.

Robles no acreditó la prestación efectiva de los servicios contratados de manera directa a esta empresa, los cuales fueron pagados los días 18 de enero y 22 de diciembre de 2022, pues no se proporcionaron las actas de entrega-recepción respectivas, en los términos de la cláusula tercera, segundo párrafo, de los contratos.

“Además, las socias de dicha empresa en las comparecencias llevadas ante este Órgano Fiscalizador, realizaron manifestaciones en el sentido que, en específico, desconocen a Telerma, S.A. de C.V., que no participaron en su constitución y que su formación escolar o académica no se encuentra vinculada con los servicios objeto de los contratos”, dice la Auditoría.

El órgano fiscalizador agrega que, en armonía con lo observado con la no acreditación de la efectiva entrega del servicio, pues se tiene que no se justifican los pagos realizados por más de 2 millones de pesos con motivo de los contratos.

Telerma, S.A. de C.V., forma parte de un grupo de 15 empresas vinculadas entre sí a través de sus socios o apoderados, y toda apunta que esta compañía forma parte de una red de factureras que operan en el Gobierno de Samuel García.

Este también recibió contratos en Agua y Drenaje de Monterrey y en la coordinación de Comunicación Social del Gobierno central en la gestión de Glen Villarreal Zambrano.