El lamento de los gobernadores

Para los gobiernos estatales, el 2017 será el año más difícil en décadas.

El recorte anunciado por el Gobierno federal pegará directo al corazón de la mayoría de los estados.

Lejos quedaron los años de bonanza en las finanzas estatales, cuando el alto precio del barril de 

crudo les permitía las participaciones multimillonarias que repartía la Federación.

A esto se suman las nuevas reglas del juego: aunque se vean apretados en sus presupuestos, sólo pueden contratar cierta cantidad de deuda que les permita solventar sus compromisos.

Las entidades del país dependen en mayor medida de los ingresos que les son enviados por la Federación.

En el 2015, según datos del INEGI, un promedio de 8.6 de cada 10 pesos de que disponían los estados fueron transferencias federales. El resto, 1.4 pesos, provenían de ingresos propios y de créditos contratados por los gobiernos estatales.

Con menos recursos federales, los gobernadores deberán estirar el dinero que reciben y mejorar su capacidad de recaudación local.

Los lamentos ya han comenzado.

En algunos casos, la caída de los ingresos federales es de hasta una cuarta parte. Otros, en cambio, tendrán aumentos.

Por la alta dependencia de estos recursos, perder un solo punto porcentual puede ser un desastre financiero para las entidades, pues los obligará a cortar programas sociales o disminuir dramáticamente la inversión o la construcción de obra pública.

De los tres estados donde habrá elecciones el próximo año, Nayarit presenta una disminución en el gasto programable de 2 por ciento en su presupuesto, y Coahuila del 0.1 por ciento. El Estado de México tendrá un aumento del 0.4 por ciento.

Crisis a la vista

Los estados del país reciben recursos del gasto federalizado que se contempla en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017.

Ese dinero fluye a las entidades en dos grandes rubros.

Por un lado, el gasto programable que se compone de aportaciones, convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación y subsidios; y el gasto no programable, las participaciones que reciben los estados por la venta de petróleo y otros ingresos.

Para el 2017, el 72.3 por ciento del gasto que recibirán las entidades es de naturaleza programable; el 27.3 por ciento restante es no programable.

Los grandes recortes se observan en el gasto programable, donde la Secretaría de Hacienda especifica que contempla el gasto directo de las dependencias y entidades federales que operan en los estados.

Comprende también los subsidios que se entregan a la población beneficiaria de programas gubernamentales; los subsidios a estados y municipios; el gasto transferido por los convenios de coordinación; las aportaciones federales; y otros subsidios.

Es decir, en esta definición se encuentra el dinero que será enviado a los estados para su propio gasto y también el que la Federación gasta en esas entidades a través de sus delegaciones y programas.

El estado más afectado es Hidalgo, que tendrá una reducción del 24.8 por ciento del dinero que llegará a la entidad, lo que representa 17 mil 611 millones de pesos menos para el ejercicio 2017.

Ese dinero equivale a más de lo que Hidalgo invirtió en todas sus áreas de educación pública en 2016 (15 mil 423 millones de pesos).

Este gasto incluye la operación de las autoridades centrales de educación estatal (Instituto Hidalguense de Educación) hasta el presupuesto de todas las universidades, escuelas, colegios de bachilleres e institutos tecnológicos públicos que operan en la entidad.

El recorte en Hidalgo representa 14 veces el gasto en toda Seguridad Pública del estado (mil 244 millones de pesos); y es 2.8 veces el recurso que la entidad transfirió a los municipios (6 mil 137 millones de pesos).

El gobernador hidalguense, el priista Omar Fayad, ha dicho que defenderá el presupuesto para su entidad.

“Es un reto con todo y los recortes, pero les pediré que el presupuesto sea más que el del año pasado o que se mantenga en esa cantidad”, ha dicho el mandatario, de acuerdo con la agencia Quadratín.

Campeche, el segundo

La segunda entidad con el recorte más pronunciado es Campeche, que se verá acotado en un 18.1 por ciento. Es decir, 28 mil 826 millones de pesos menos que en 2016.

Ese dinero representa 19.8 veces lo que se presupuestó este año para el Instituto de Servicios 

Descentralizados de Salud Pública (mil 454 millones de pesos); o 6 veces el presupuesto de la Secretaría de Educación estatal (4 mil 808 millones de pesos).

El priista Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, ha dicho que utilizará todos los recursos a su alcance para evitar que llegue menos dinero a su entidad.

“Jamás escucharán del gobernador, aunque haya mil pesimistas de frente que no quieren el desarrollo de Campeche, jamás escucharán del gobernador que no hay recursos o que no se puede. 

Yo gestionaré los recursos, yo gestiono los programas, estaremos trabajando todos los días”, dijo Moreno Cárdenas.

La tercera entidad con mayor pérdida de dinero en términos porcentuales es Tabasco, con un 15.1 por ciento menos recursos para el 2017, lo que se traduce en 14 mil 662 millones de pesos.

Este dinero representa, por ejemplo, 1.7 veces el recurso que el Gobierno estatal transfirió a los municipios tabasqueños este año; o 5.8 veces el gasto asignado a la Secretaría de Salud estatal.

El perredista Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, se reunirá esta semana con diputados federales de su partido para conocer la ruta que seguirán en defensa de su presupuesto.

El mandatario ha dicho que pedirá a la federación tener en consideración la doble pérdida de estados productores de petróleo, como el suyo.

“Si fue una reducción grave seguramente nos va afectar a todas las entidades federativas, porque se reduce el gasto federal en nuestros estados.

“Pero esperemos que se tome en consideración la situación especial que viven las entidades petroleras, que además de tener la repercusión de la caída en las finanzas federales, al igual que la demás entidades federativas, tienen el problema de la incidencia del desempleo por ser lugares en donde la operación petrolera se vino a la baja”, citaron al gobernador diversos medios locales.

En términos de gasto programable, la Ciudad de México tendrá una disminución de 72 mil 158 millones de pesos, que representan el 5.2 por ciento menos respecto a este año.

Aunque porcentualmente está en el promedio nacional del recorte en gasto programable a las entidades, que es del 6.1 por ciento, la Ciudad de México es la que más recursos perderá, nominalmente hablando.

El jefe de gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, ha dicho que abrirá un frente de batalla para que no prospere la disminución.

Del otro lado de la moneda están las entidades que recibirán más dinero en 2017.

El aumento más considerable en gasto programable lo tendrá Chihuahua, con 9 mil 786 millones de pesos más.

El segundo aumento lo tendrá Tamaulipas, con 9 mil 229 millones de pesos más, un crecimiento del 10.7 por ciento.

Morelos tendrá el tercer crecimiento más importante, con 2 mil 177 millones de pesos más, un 6.9 por ciento adicional.

Unos suben, otros bajan

Mientras que las participaciones y aportaciones (los dos principales componentes del gasto federalizado) que se entregarán a las entidades subirán ligeramente en el 2017, otros ingresos bajarán considerablemente, lo que pega directo en las finanzas estatales.

En total, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 contempla transferir 1 billón 637 mil 365 millones de pesos a las entidades, un 3.1 por ciento menos que en el 2016.

Esto significa una reducción de 52 mil 834 millones de pesos, mismos que dejarán de ingresar a las arcas estatales.

El 42.9 por ciento de todo el gasto transferible, 701 mil 822 millones de pesos, corresponde a las 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, donde se contemplan varios fondos. Este gasto tendrá un crecimiento del 1.9 por ciento.

Ahí están comprendidos el Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa (FONE), con el que se paga a los maestros –gasto que quedó descentralizado a raíz de la Reforma Educativa- y que tiene un crecimiento del 0.4 por ciento, con recursos por 355 mil 903 millones de pesos (que representan 50.7 por ciento de las aportaciones y 21.7 por ciento del gasto total a transferir).

En las aportaciones están también otros fondos, como el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA), con un crecimiento del 2.9 por ciento; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con un 5.4 por ciento más; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el DF (FASP), con una disminución del 3.2 por ciento; entre otros.

Las participaciones federales, que son los recursos que se entregan a los estados como parte de las ganancias por la venta de petróleo y otros ingresos que tiene el país.

Estas participaciones representan el 45.1 por ciento del dinero que será destinado a las entidades, con un monto de 738 mil 548 millones de pesos, un 5.3 por ciento más que en 2016.

Todos, menos Campeche

Todos los estados tendrán un aumento en sus participaciones, excepto Campeche, que será el único que registre una disminución de 4.1 por ciento, que representan 71 millones de pesos menos en comparación con el 2016.

El crecimiento más grande en las participaciones federales lo recibirá la Ciudad de México, con un aumento de 8.3 puntos porcentuales, unos 8 mil 681 millones de pesos más que este año.

Sin embargo, otros rubros del gasto que se entrega a los estados han sufrido disminuciones dramáticas.

El gasto federalizado para Protección Social en Salud tendrá una caída del 11.8 por ciento, con 9 mil 235 millones de pesos menos.

En cuanto a los Convenios de descentralización y regionalización, la disminución será del 22.7 por ciento, con 37 mil 470 millones de pesos menos para el 2017.

El recorte más amplio se encuentra en el Ramo 23, que contiene los programas regionales, el Fondo Metropolitano, el Fondo para la Modernización de los Municipios, el Fondo de Apoyo a Migrantes, recursos para el Programa de Fiscalización y otros subsidios para impulsar el desarrollo regional.

Este Ramo 23 tendrá una reducción de 58.7 por ciento, 56 mil 711 millones de pesos menos respecto al 2016.

Es en este Ramo donde los diputados han etiquetado recursos de forma discrecional para el desarrollo de algunos municipios, en fondos relacionados con la pavimentación, el deporte y la cultura.

Ese rubro ha sido bautizado como el “Fondo de los moches”, por el escándalo que se suscitó hace un tiempo por el cobro de comisiones o moches que los propios diputados hacían a cambio de la asignación de recursos.

Hace un año, cada diputado tuvo la libertad de asignar “libremente” 20 millones de pesos al municipio que quisieran, sin tener establecidas obras o programas de dónde se aplicarían esos recursos.

Empero, aunque el Ejecutivo envió un PPEF donde no se contempla un solo peso para este gasto, los diputados ya planean estrategias para revivirlo y continuar asignando millones de pesos a discreción.

Protestan por recortes

Desde diversas entidades han comenzado a levantarse las voces de los mandatarios por los recortes que enfrentarán sus estados.

La protesta más airada ocurrió en la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la capital, quien pidió al Gobierno federal no ahorcar a la ciudad con la falta de dinero.

“Quiero hacer un llamado respetuoso pero enérgico al Gobierno federal (…) para que no se ahorque a la Ciudad de México, para que se respete el acuerdo del Fondo de Capitalidad”, dijo Mancera en su informe de gobierno, en presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El Fondo de Capitalidad, creado en el 2013, es una bolsa de recursos que se entregaba exclusivamente a la Ciudad de México para reconocerle su condición de capital del país. El PRD negoció su creación ese año a cambio de su voto a favor de la reforma fiscal, que el PAN votó en contra.

En el 2016, el Fondo tuvo recursos por 4 mil millones de pesos. Para 2017, ni siquiera existe dicho fondo.

Además, se recortaron otros recursos, como la ampliación de las líneas 9 y 12 del Metro, así como varios proyectos educativos, culturales y de subsidios.

Miguel Ángel Mancera calcula que los recortes directos a la Ciudad de México superan los 8 mil millones de pesos, lo que pondrá en jaque a la capital.

Otro de los airados reclamos vino desde Nuevo León.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha dicho que su estado tiene el peor recorte de recursos en materia de inversión, con una caída de alrededor del 70 por ciento.

“Es el peor presupuesto presentado en inversión en el país (…) Vamos a hacer exigencias a la Federación”, ha señalado el mandatario.

Rodríguez Calderón ya convocó a los diputados de su estado para pedirles que le ayuden a cabildear más recursos para la entidad, pues algunas áreas, como el desarrollo carretero, podrían verse comprometidas en el 2017.

La bonanza que ya fue

Hasta hace unos años –no muchos, todavía seis años atrás- ir a San Lázaro a pedir presupuesto para sus estados era una fiesta para los gobernadores.

El derroche en la búsqueda del presupuesto era evidente. Lo más extravagante ocurrió en la LXI Legislatura (2009-2012), cuando el priista Luis Videgaray Caso era presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro.

En el 2009, los entonces gobernadores priistas del Estado de México, Enrique Peña Nieto; de Tamaulipas, Eugenio Hernández; de Yucatán, Yvonne Ortega; y de Quintana Roo, Félix González Canto, armaron una comilona para los diputados en los jardines del Palacio Legislativo.

En octubre del 2010, por ejemplo, el entonces gobernador de Nayarit, el priista Ney González, llevó hasta la Cámara de Diputados música de banda, arena de sus playas (transportada desde su estado), modelos en bikini y consintió a los congresistas con cortes de carne y brochetas de camarón traídas desde la entidad.

Ese mismo año, alcaldes de Jalisco ofrecieron a los diputados una comida que incluyó tortas ahogadas y tequila.

Ahora, los gobernadores acuden con un muy bajo perfil a reunirse con los legisladores para pedirles que gestionen más recursos para las entidades.

Este año la pasarela de gobernadores y de los mandatarios electos apenas va arrancando. Eso sí, el común denominador será pedir más dinero para sus entidades.

El panista Martín Orozco, gobernador electo de Aguascalientes, es uno de los primeros que ya acudió a la Cámara baja y desde ahí acusó al Gobierno federal.

“Es lo que también deberían de hacer el propio Gobierno federal, disminuir aquello que no genera economía o que no genera bienestar y aumentar en el tema de inversión, ese es un camino que tenemos que hacer en cada uno de los estados y en cada uno de los municipios.

Aunque se busque repartir culpas, lo cierto es que la disminución de recursos pondrá en aprietos a los estados, lo que los obligará a innovar en formas de aumentar la entrada de dinero propio. Un reto en tiempos de crisis económica.