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Las modificaciones del organigrama del gobierno federal abonaron al silencio, que fue elocuente desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
El 11 de diciembre el Senado aprobó que la Secretaría de Seguridad Pública formara parte de Gobernación.
La rebautizaron como la Comisión Nacional de Seguridad y pasó a dirigirla Manuel Mondragón y Kalb, con el cargo de Subsecretario de Planeación y Protección Institucional.
Con él, surgió el puesto de subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, en el que nombraron a Roberto Campa Cifrián.
Echaron a andar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, una estrategia para “municipalizar” el diagnóstico.
Propusieron programas sociales como medida para disminuir el impacto de los delitos más comunes en la ciudadanía.
La publicidad de las acciones contra la violencia, desde entonces, pasó a la Segob.
Se impuso como regla hablar de los derechos de los detenidos, y reemplazar el alarde de las detenciones por un discurso en el que la política acaparó las primeras planas.
La permanente confrontación gobierno-narcotráfico del sexenio pasado como contendientes de una lucha que dejó 70 mil muertos, fue eliminada por completo.
Plan claro
La estrategia estaba trazada. Desde el equipo de transición la instrucción era directa para todos los mandos, de las bases a los puestos superiores: no hablar de narcotráfico.
En su primer discurso como presidente, Peña Nieto sólo anunció que se le eliminaría el veto presidencial a la Ley de Víctimas que había parado el gobierno de Felipe Calderón.
El secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz, manifestó su “compromiso de actuar con ética, valor, además de estricto apego a los derechos humanos”.
Lo secundó el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda: “Nos pronunciamos en favor de ser abiertos y transparentes (…) tenemos claro, que los derechos humanos, son prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas”.
Desde entonces se acabaron las presentaciones a la prensa de “presuntos delincuentes”, de droga y armamento.
También los enlaces de operativos en cadena nacional, los spots pagados en medios y se redujeron los boletines en que presumían los logros de la estrategia antinarco.
Las incautaciones y el apresamiento de personas pasaron a los boletines regionales del Ejército y a las páginas interiores de los diarios nacionales.
Se concentraron en el desmantelamiento de campos de marihuana, en la incautación de armas y droga, más algunas detenciones de células dedicadas al secuestro.
La Marina, apartada
En tres meses de gobierno, la Marina, protagonista del combate al narco al final del sexenio pasado, solo anunció la incautación de tres toneladas de marihuana en Tamaulipas, la detención de 27 personas en Coahuila, cuatro en Tamaulipas y tres en Zacatecas.
Todos los boletines anteriores a la toma de posesión de Peña Nieto fueron eliminados del acceso de prensa de su portal de internet, y ya no pueden ser consultados.
La Policía Federal se ha concentrado en boletines que hablan de cateos en carreteras, en los que el promedio es de uno o dos detenidos y recuperan algunos kilogramos de droga.
Hacen hincapié en que no se disparó “ni un solo tiro”, a los detenidos se les leyó su cartilla de derechos y el gobierno busca restablecer “la paz, el orden y la seguridad entre los mexicanos”.
Los anuncios más fuertes, todos provenientes del Ejército, han venido de sus mandos regionales.
Incluyen incautación de cocaína, marihuana y heroína, armas largas, vehículos, aeronaves y la detención de más de 500 personas durante este gobierno. Ninguna ha sido presentada a los medios.
Luego de cada información, reiteran que “todas las actividades desarrolladas por personal militar son apegadas a derecho, respetando en todo momento los Derechos Humanos”.
Pero las cifras de muertos siguieron igual. El 8 de febrero la Segob anunció que habían fallecido en diciembre y enero 2 mil 243 personas por homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Si estas cifras se mantienen, Peña Nieto terminaría su sexenio con más de 80 mil muertos.
Una forma personal de gobernar
Los últimos tres presidentes han planteado sus estrategias de seguridad: Vicente Fox, en el 2005, Felipe Calderón en el 2006 y Peña Nieto en el 2012, a 17 días de tomar posesión.
Vicente Fox
> En mayo de 2005 Vicente Fox lanzó una ofensiva contra el crimen organizado anunciando el operativo México Seguro, que duraría 90 días, para combatirlo alrededor del país, sobre todo en Sinaloa, que había elevado la tasa de ejecuciones.
Felipe Calderón
> Felipe Calderón inaugura el Operativo Conjunto Michoacán el 11 de diciembre de 2006 contra la delincuencia organizada. Se detiene el 16 de diciembre a Jesús Beltrán Uriarte, lugarteniente de Nacho Coronel y el 19 a Miguel Ángel Beltrán.
Enrique Peña Nieto
> El cambio de estrategia de Peña Nieto lo anuncia el 17 de diciembre. “Política de Estado por la Seguridad y la Justicia de los Mexicanos” se basa en seis ejes: planificación, prevención, protección, coordinación, transformación y evaluación.
Los grupos de autodefensa
Por Armando Estrop
Un fenómeno nuevo en este sexenio son los llamados grupos de autodefensa.
Como consecuencia del hartazgo de que las autoridades no hacen nada para combatir el crimen organizado, pobladores de la Costa Chica de Guerrero decidieron tomarse la justicia por sus propias manos.
Este movimiento de personas encapuchadas y armadas se inició en enero en el municipio de Ayutla de los Libres y, poco a poco, se fue replicando en otros poblados de la zona.
Para finales de enero lograron la detención de 54 personas relacionadas con el crimen organizado. Se anunció que serían juzgadas de acuerdo a sus usos y costumbres. El juicio levantó polémica.
Decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales se dieron cita en el publicitado juicio popular. Sin embargo, ya para esas fechas, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, operó para desactivar ese juicio que terminó siendo sólo una presentación de detenidos.
Con el paso de las semanas se fueron uniendo más poblados de la Costa Chica y para mediados de febrero, en Oaxaca, Estado de México y Michoacán, decenas de pobladores, hartos de la actitud pusilánime de las policías locales, copiaron el método de autodefensa.
Fue entonces cuando en el Congreso de la Unión iniciaron la solicitud, mediante puntos de acuerdo, de discutir, analizar y proveer de una solución a un problema que crecía cada día más.
De acuerdo a los propios grupos de autodefensa y pobladores de la zona, desde que hacen su trabajo, la delincuencia ha cedido.
Guerrero y Michoacán son los estados en los que más se ha incrementado la presencia de estos grupos.
No existe un antecedente de este tipo de defensa, pues a diferencia de otros grupos armados, estos solo hacen labores policiacas comunes y quieren evitar el robo común, los secuestros, y actividades delincuenciales.
La Secretaría de Gobernación ha dicho que apoyará a las comunidades, y los gobernadores de los estados han dado muestras de preocupación sin que, en realidad, se hayan desactivado las actividades de los grupos de autodefensa, que algunos llaman policías comunitarias.
Lo cierto es que el problema crece y ya rebasó de manera evidente a las autoridades municipales. Falta ver si rebasarán a los gobiernos de las entidades.
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