La falta de empatía en el entorno laboral se traduce en nulo apoyo económico, discriminación y señalamientos contra las personas con discapacidad.
A Myrna Corina Rico Maciel, una maestra de inglés de Morelia, Michoacán, la aplicación de una vacuna contra el Virus del Papiloma Humano le cambió la vida: la reacción del químico le desarrolló el síndrome Guillain-Barré, paralizándola completamente durante un año.
En ese momento, para Myrna apenas comenzaba el martirio de ser parte del 20.2 por ciento de la población que se ha sentido discriminada por algún motivo, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017.
Su caso habla del desinterés de los empleadores hacia las personas cuando adquieren una discapacidad, pues no obtuvo apoyo económico ni atención médica por parte de la escuela en la que trabaja.
“Me quedé un año en cama comiendo papillas, con pañal, después en silla de ruedas y como no me podía sostener me amarraban a la silla para mantenerme. Me quedaron secuelas en las piernas, no camino bien”, asegura.
Actualmente, Myrna ha recuperado el 50 por ciento de la movilidad y ya regresó a trabajar.
“En mi escuela no hay rampas, ni tubos, tampoco han dado alguna capacitación a mis compañeros para que entiendan cómo es vivir y tratar a una persona con discapacidad, ha sido todo lo contrario: me hacen sentir que estorbo, pues han habido burlas, señalamientos, discriminación o comentarios como ‘a lo mejor estás inventando y ni siquiera te sientes mal’”
Myrna no recibió acompañamiento legal cuando quedó discapacitada, sin embargo, el camino tampoco hubiera sido fácil de haberse acercado a las autoridades.
Valeria Hernández Escobedo, representante patronal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, señala que pese a la buena fe y búsqueda de justicia para los trabajadores, no hay un protocolo de atención para personas con discapacidad.
“Estamos muy rezagados en temas de inclusión (para personas con discapacidad), falta mucho para llegar al momento en que podamos entregar un documento en braille, por ejemplo; confiamos mucho en la representación que le da el apoderado legal al trabajador”.
En cuanto a las opciones para apoyar en los procesos a personas con discapacidad no hay un protocolo establecido, acusa Hernández.
“En el sistema probatorio estamos en las cavernas en el derecho laboral, muchas personas presentan audios como pruebas cuando hablan sobre despidos o acoso, sin embargo, ante la Junta de Conciliación, si bien se aceptan como prueba, no hay un medio idóneo para ratificarla, no se puede determinar si los materiales están editados o corresponden a las personas; en un juicio se admite como prueba, pero se deja para ser valorada, lo cual en la mayoría de las ocasiones pasan desapercibidas”.
Aunque afirma que se trabaja en el proceso para capacitar a personas en lengua de señas dentro de los tribunales, no existe un protocolo o manual para brindar la atención. La única regulación de inclusión que existe en el Poder Judicial es cuando alguien no habla español
“Sí hay peritos y abogados gratuitos que hablan en lenguas indígenas, pero en temas de discapacidades, no. Entonces, si una persona sorda o con debilidad visual se acerca para llevar a cabo algún proceso, debe valerse por sus propios medios para desahogar sus confesionales o avanzar en los trámites, es decir, llevar a una persona intérprete autorizada por el Poder Judicial de la Federación”.
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