L a estrategia de seguridad cambió con el nuevo gobierno y se vio reflejada en las palabras de Enrique Peña Nieto desde que inició su administración, hace nueve meses.
Sin embargo, los muertos, los enfrentamientos y el comportamiento del crimen organizado continúo su misma agenda violenta.
Ante la realidad devastadora que dejó el sexenio del presidente Felipe Calderón en seguridad -con cifras de muertos y desaparecidos que superaron los 80 mil- era de esperarse que Peña Nieto comenzara su mandato con un cambio de estrategia.
Y al menos en el discurso, el mandatario arrancó determinado a dar un golpe de timón a la táctica de seguridad de su antecesor.
Cambió el mensaje del negativo al positivo y dio un vuelco a la estrategia de comunicación.
No se volvió a hablar de guerra ni se volvió a mencionar en boletines los grandes golpes al narcotráfico ni se hizo énfasis en los criminales más buscados.
Se trasmitió un mensaje que trataba de dar una percepción de paz, futuro promisorio y tranquilidad.
Pero en los primeros meses de gobierno, las cifras de muertos en el combate al crimen organizado y la agenda del narcotráfico, no había cambiado.
Pero las percepciones sí.
Y si la primicia básica de comunicación es que percepción es realidad, entonces el presidente Peña Nieto está vendiendo -y la sociedad aceptando- una realidad del país que si aunque desapegada de la verdad, sí tiene un efecto positivo en la ciudadanía.
En la nueva táctica sexenal de seguridad también cambiaron los actores clave.
Súbitamente, la administración se deshizo de las formas y protocolos que caracterizaron al gobierno de Calderón.
El eje rector de la estrategia de seguridad de la nueva administración no está en la confrontación fuego a fuego del crimen organizado, está en la prevención del delito.
También en el énfasis al uso adecuado y eficaz de la inteligencia, a la recolección, diseminación, generación e intercambio de información por parte de las instancias de seguridad.
Seguridad por partes
De acuerdo al presidente Enrique Peña Nieto, uno de los ejes medulares en la nueva estrategia de seguridad y prevención del delito, consiste en dividir al país en cinco instancias de coordinación regional.
Es decir, delinear regiones geopolíticas específicas dentro de México, que permitan homologar e implementar políticas públicas en materia de seguridad.
En estricta teoría, esta estrategia pretende eficientizar los recursos y la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, y facilitar la planeación estratégica de operativos.
En cada región -que comprende entre cinco y siete entidades federativas- las circunstancias en seguridad son distintas.
El diagnóstico es diferente, son diferentes grupos de la delincuencia organizada, también la geografía es distinta. Algunas regiones presentan mayor volatilidad que otras.
A nivel macro, la estrategia de focalización podrá brindar una herramienta que facilite la eficiente coordinación entre las instancias de seguridad, y los niveles de gobierno.
Al descentralizar los operativos la corresponsabilidad tomará fuerza, así como la aplicación de mandos claros y mayor confianza entre dependencias, de acuerdo a la secretaría de Gobernación.
La traducción de esta política en materia de seguridad, es clara, sencilla y directa. El Gobierno Federal, el secretario de Gobernación en específico, mantendrá a los gobernadores “cortitos”, exigiéndoles rindan cuentas sobre su estado, y motivándolos a que la colaboración y coordinación entre dependencias se de sin mayores fricciones. Esto, es claramente un giro de 360 grados con respecto a la administración anterior.
El dolor de cabeza
Se ha presenciado en el país un fenómeno nunca antes visto. La aparición de grupos de autodefensa, policías comunitarias o vigilantes.
Esta situación opacó la actividad del crimen organizado en regiones del norte del país. Por primera vez, Nuevo León y Tamaulipas dejaron de ser primeras planas y su lugar fue tomado por Michoacán, Guerrero, Estado de México, Distrito Federal y Morelos.
La percepción de ingobernabilidad en Michoacán, el acecho del hibrido cártel de la región “Los Caballeros Templarios”, y el constante surgimiento de grupos armados de autodefensas, orilló al Gobierno Federal a colocar a Michoacán y Guerrero como los principales riesgos y amenazas de la seguridad nacional.
