Cámara de Diputados, el recinto de la violencia política de género

La Cámara de Diputados federal se ha convertido en juez y parte, por un lado, legisla para erradicar la violencia política de género, pero también entre los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro se cometen muchos de estos delitos.

Desde que se aprobó la reforma en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, en el año 2020 y hasta la actualidad, la Cámara de Diputados ha concentrado una cuarta parte de todas las víctimas que han sufrido este tipo de agresiones, y cuyos casos han sido del conocimiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el Informe que recientemente presentó la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del instituto sobre la atención que se brinda ante hechos de esta naturaleza, se confirma que la Cámara de Diputados se ha convertido en la institución pública que aglutina más víctimas de violencia política en razón de género.

En el periodo comprendido entre el 14 de abril del 2020 y el 15 de septiembre del 2023, el instituto tuvo conocimiento de 301 casos de violencia política en razón de género que fueron denunciados por mujeres; sin embargo, la cantidad de víctimas totales que se vieron involucradas en estos hechos se aproxima a las 400.

“Por lo que respecta a las víctimas, se ha identificado un total de 379 mujeres”, dice el Informe.

El análisis de estas denuncias le permitió identificar al instituto los perfiles de las víctimas que sufrieron la mayor cantidad de estas agresiones.

“De las 379 víctimas, las diputadas federales ocupan el primer lugar, ya que 88 han presentado su denuncia en materia de VPMRG ante el INE, lo que representa el 23 por ciento; seguidas de las candidatas a diputadas federales (43) con el 11 por ciento; y en tercer lugar ciudadanas (28) con un 7 por ciento”.

Con respecto a los responsables de estas agresiones, el INE señala que se han identificado a 667 probables infractores, de los cuales el 18.30 por ciento son personas morales, partidos políticos y medios digitales (122); mientras que el 81.70 por ciento restante son personas físicas (545).

Y aunque la gran mayoría de los agresores denunciados son hombres —así sucede con tres de cada cuatro—, el órgano electoral expone también que una cuarta parte de los probables infractores identificados en estos hechos de violencia política en razón de género son mujeres.

“Al respecto, 408 hombres han sido denunciados o identificados como probables responsables, siendo el género con mayor índice de denuncias ya que representan el 74.8 por ciento de la totalidad de las personas físicas denunciadas; resaltando que, el 25.2 por ciento restante son mujeres (137), lo que evidencia que el hecho de ser del mismo género no es un obstáculo para ejercer violencia“.

Al ahondar en el rubro de la “Calidad del probable responsable”, los registros del instituto exponen que los más denunciados por este tipo de agresiones se han identificado como ciudadanos y ciudadanas (124); después están las consejeras y consejeros electorales (suman 51); y en el tercer sitio con más señalamientos: los profesionales del periodismo (periodistas, reporteros y reporteras), con un total de 46.

Estas tres categorías de probables responsables de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, representan un tercio de todos los agresores denunciados ante el órgano electoral por estos motivos (el 33.5 por ciento).

“En cuanto a la calidad de las personas denunciadas la ciudadanía tienen mayor prevalencia, ya que 18.5 por ciento han sido denunciados o han sido localizados durante la sustanciación de los procedimientos, situación que tiene correspondencia con el hecho de que, el mayor motivo de denuncia es la publicación de material violento y denostativo en redes sociales y/o medios digitales; seguido de las y los consejeros electorales con un 8 por ciento; y en tercer lugar, las y los periodista y/o reporteros con un 7 por ciento”.

Remisiones de casos

Aunque el instituto asevera que le brinda seguimiento a todos los casos que le son denunciados, hay una proporción relevante de estos que se turnan hacia otras autoridades por cuestiones competenciales, principalmente hacia Organismos Públicos Locales Electorales, partidos políticos y Fiscalías locales.

“Del 14 de abril del 2020 al 15 de septiembre del 2023, se han recibido 301 quejas, denuncias o vistas; de las cuales se han registrado 94 PES (Procedimiento Especial Sancionador), 26 CA (Cuaderno de Antecedentes) y se ha determinado la incompetencia respecto de 181 quejas, denuncias o vistas, haciendo las remisiones correspondientes a la autoridad que se consideró competente”.

Formas de violencia, sanciones y polémicas

La violencia política en razón de género que enfrentan las mujeres puede manifestarse como agresiones de muy diversa índole, según consta en el Informe del instituto, incluyendo: hostigamiento, intimidación, denostación y descalificación de imagen, uso indebido de imagen, violencia psicológica y patrimonial, obstaculización para ser candidata a un cargo público y hasta llegar a la violencia física y sexual.

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos (un tercio de todos los que han sido de conocimiento del Instituto hasta ahora), se han tratado de agresiones que se lanzan contra las mujeres en redes sociales, categoría en la que se consideran todas las publicaciones desde plataformas digitales como lo son Facebook, X (antes Twitter), TikTok, YouTube, así como medios de comunicación digital, principalmente.

El documento emitido este 15 de septiembre de 2023 precisa cuáles son, por lo tanto, las manifestaciones más comunes de la violencia política en razón de género.

“Al respecto, se precisa que, de las 301 quejas, vistas y/o denuncias, las conductas denunciadas que más se manifiestan son los ataques en redes sociales (100), seguido de la obstaculización en el ejercicio de las funciones (39), y en tercer lugar se presentan los ataques en medios de comunicación con 27 quejas”.

El instituto advierte que los ataques en redes sociales y en medios de comunicación digital han sido cada vez más frecuentes y quienes han perpetrado estos ataques en su mayoría tienen la calidad de ciudadanos.

“En dichas publicaciones se han advertido contenidos que denotan una desvalorización de las mujeres en los espacios públicos con base en estereotipos de género, todo lo cual afecta el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales”.

Panorama general de violencia

En el año 2020 la Cámara de Diputados federal aprobó las reformas que permitirían sancionar la violencia política en razón de género.

A raíz de esta decisión comenzó a operar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).

Desde entonces, se han registrado 341 casos por dicho delito y 297 sanciones de las cuales 238 estuvieron dirigidas a hombres y 59 contra mujeres.

Sin embargo, a pesar de que el delito se encuentra legislado, las autoridades no garantizan la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia política.

De acuerdo con cifras del mismo Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en la mayoría de los casos la conducta del agresor fue calificada como “leve”: en el 47.51 por ciento no ameritó sanción alguna, en el 29.91 por ciento fueron penalizados con una multa económica y solo en el 15.84 por ciento hubo uno amonestación pública.

Nueva controversia

El 20 de septiembre de este año el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los legisladores que hayan cometido violencia política de género podrán aspirar a la reelección en el Congreso, a menos que la sanción señalé explícitamente el impedimento.

El órgano autónomo además estableció que los partidos políticos deberán valorar la postulación de las personas inscritas en el RNPS, pero esto no será un impedimento para buscar una candidatura.

El INE también puntualizó que no podrán postularse personas con sentencia firme por delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar, doméstica y sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, respondió al INE y dijo que pronto podrían presentar una controversia constitucional, ya que la autoridad electoral se extralimitó al imponer dichos lineamientos para la reelección legislativa.

‘Código de ética, letra muerta’

Durante la LXV Legislatura varias han sido las legisladoras que han padecido violencia política, entre las que se encuentran Margarita Zavala y María Clemente García.

Zavala ha sido agredida por sus compañeros de Morena y del PT y la morenista por la panista Teresa Castell, que en muchas ocasiones ha expresado su desacuerdo en que una mujer trans “ocupe un cargo que le corresponde a las mujeres”.

Pero también María Clemente García recientemente llamó “perras” a las legisladoras de la oposición.

En la mira también ha estado el petista Gerardo Fernández Noroña, que ha sido acusado de violencia política de género e incluso tiene en su haber denuncias en su contra tanto en el INE, la Fiscalía General de la República y en el Comité de Ética de la propia Cámara de Diputados, por atacar a mujeres legisladoras.

La panista Joana Torres, actualmente vicepresidenta de la Cámara de Diputados, de manera recurrente es insultada por los legisladores de Morena, que le gritan que no está a la altura para conducir las sesiones cuando asume la Mesa Directiva.

Hasta el año 2016 no existía ningún mecanismo para sancionar a algún legislador que incurriera en este tipo de actos, como insultos, agresiones, denuestes y violencia contra algunos de sus pares.

Sin embargo, en la actualidad la Cámara de Diputados cuenta con un Código de Ética, que, a juicio del vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, es un instrumento muy poderoso, pero que en los hechos no se aplica.

“Es una legislación que no se ejerce, es como si tuviéramos guardada una pistola nueva, lista para disparar y que no se quiere disparar. Pareciera que hay intereses oscuros que no quisieran que se abriera la Caja de Pandora. Ni siquiera sabemos cuántos incidentes o denuncias por violaciones al Código de Ética existen hasta el momento”.

Indicó que el Código de Ética, que está integrado por la Mesa de Decanos, que preside el priista Augusto Gómez Villanueva, más un representante de cada grupo parlamentario, solamente sesionó el día que se instaló.

“A este comité están llegando las denuncias, pero no pasa nada y el propio Código de Ética contempla sanciones para aquellos legisladores que incurran en este tipo de actos violentos y no hemos visto que se aplique uno solo”.

El código contempla tres tipos de sanciones: el descuento a dieta, un apercibimiento público por parte de la Mesa Directiva que tendrá que ser publicado en tres diarios de circulación nacional y la remoción de las comisiones y comités que tenga dentro de la Cámara de Diputados.

“No hay un solo precedente de que haya llegado a buen puerto un proceso de este tipo y que se haya sancionado a un legislador. Yo creo que algo está saliendo mal y tenemos que repensar ese proceso”, concluye.