La Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia desaforó al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, solo por el delito de defraudación fiscal agravada, luego de que la Sección Instructora no encontró elementos suficientes para inculparlo de lavado de dinero y delincuencia organizada como lo demandaba la Fiscalía General de la República (FGR).
De esta forma y tras un ríspido debate que se prolongó por seis horas, Morena y sus aliados del PT y PVEM avalaron con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el juicio de procedencia en contra de García Cabeza de Vaca.
En el dictamen la Sección Instructora argumentó que el gobernador declaró al SAT ingresos por 6 millones de pesos (mdp) cuando en realidad fueron de 42.9 mdp, una diferencia de 36.9 mdp, lo que provocó un daño fiscal de 6.5 mdp.
#ÚltimaHora Con 302 votos a favor, 134 en contra, 14 abstenciones se avala dictamen de Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, solicitado por la @FGRMexico en contra del gobernador del estado de Tamaulipas. pic.twitter.com/QM5P9xvMpB
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 30, 2021
Pablo Gómez, como presidente de ese órgano institucional, reconoció que no hubo elementos suficientes para imputar al gobernador todos los delitos de los que lo acusa la FGR.
Lo único que se pudo comprobar fue la defraudación fiscal que constituye una defraudación a la nación, indicó el legislador.
En el entendimiento de la Sección Instructora no hay elementos suficientemente fuertes para considerar que recursos que llegaron a poder del inculpado, el gobernador de Tamaulipas, fueran producto claramente de delitos, aunque tampoco puede existir la convicción de que no lo sean. Ante la duda, es preciso preferir al inculpado antes que al fiscal.
Sin embargo, Elizabeth Alcantar, de la Fiscalía General de la República, mantuvo la acusación de los tres delitos contra el gobernador al considerar que sí hay elementos probatorios en contra de García Cabeza de Vaca.
Aseguró que el funcionario se aprovechó de sus cargos públicos para amasar una fortuna de unos 951 millones de pesos, entre ellas 30 propiedades, muy por encima de los 50 millones de pesos que reportó al inicio de la campaña electoral, a través de prestanombres y empresas fachada.
El abogado Alonso Aguilar Sinzer, defensor del mandatario tamaulipeco, no asistió físicamente a la Cámara de Diputados, por lo que sus argumentos en defensa de Cabeza de Vaca, lo hizo de manera virtual.
En relación con las consideraciones anteriores y para acreditar el delito de defraudación fiscal se ofrecieron 21 pruebas y en el escrito de alegatos presentado a la Sección Instructora, se contiene de la página 5 a la página 49 consideraciones técnicas relacionadas con dicho delito. En relación con esas consideraciones se afirma que no se respondió la litis en el dictamen, expresando como única causa que se involucró a la esposa del gobernador, lo que implica que no se analizaron las pruebas a favor.
Manifestó que la FGR genera una falsa percepción a la opinión pública al citar delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que no comprueban, por lo que la Sección Instructora citó al pleno solo por defraudación fiscal, acusación que rechazan.
Los morenistas y petistas se enfrascaron en una guerra de acusaciones con los panistas que denunciaron venganza política contra el gobernador.
“Dejaron de optar por los procesos de justicia que nos obliga la Constitución para montar este vergonzoso circo mediático y melificación de las instituciones, decidieron optar en tiempo electoral por el uso selectivo de los mecanismos de los instrumentos de justicia. Han decidido utilizar a la justicia para ayudar a sus amigos, pero para perseguir a sus opositores, han resumido su carrera política en el uso faccioso de la justicia”, les reclamó el panista Elías Lixa.
Los panistas sacaron a relucir los casos de los morenistas Felix Salgado Macedonio y Benjamín Saúl Huerta Corona, acusados de violación sexual contra mujeres y menores de edad.
La diputada del PRI, Claudia Téllez, denunció la falta de uniformidad de criterios con la cual se condujo la Sección Instructora para sustanciar los procedimientos de procedencia.
“Es increíble que de los cuatro asuntos que teníamos en la Sección, únicamente vamos a resolver el último de los recibidos, cuando tenemos otros en los que transcurrió más de un mes sin una sola actuación de la Sección Instructora.
“Esto sólo demuestra una cosa: el claro interés de la mayoría en esta Cámara por utilizar este tipo de procedimientos con fines electorales, de golpeteo político y de sumisión de todas las instituciones del Estado”, señaló la priista, quien cuestionó la prisa de Morena por desaforar al gobernador.
