¿Cacería de brujas?
La filtración de las dos fotografías en las que aparecen las alcaldesas de Pátzcuaro, Salma Karrúm, y la de Huetamo, Dalia Santana Pineda en reunión con “La Tuta”, ha vuelto a inquietar a los alcaldes de Michoacán.
Muchos ya habían manifestado su temor de verse procesados y encarcelados en caso de aparecer en videos o fotografías al lado del jefe de Los Caballeros Templarios.
La marejada política que han generado las dos imagenes filtradas anónimamente, ha hecho que varios ediles estén planteando una reunión con el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
J. Jesús LemusLa filtración de las dos fotografías en las que aparecen las alcaldesas de Pátzcuaro, Salma Karrúm, y la de Huetamo, Dalia Santana Pineda en reunión con “La Tuta”, ha vuelto a inquietar a los alcaldes de Michoacán.
Muchos ya habían manifestado su temor de verse procesados y encarcelados en caso de aparecer en videos o fotografías al lado del jefe de Los Caballeros Templarios.
La marejada política que han generado las dos imagenes filtradas anónimamente, ha hecho que varios ediles estén planteando una reunión con el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La semana pasada 25 alcaldes priistas –entre ellos las munícipes de Pátzcuaro y Huetamo- integraron un bloque para defenderse de un inminente procesamiento penal, ya que aunque reconocen que están grabados en video al lado del jefe del cártel de Michoacán, aseguran que fueron llevados a la fuerza, bajo amenaza de muerte.
Ellos aseguran que la mayoría de los 113 alcaldes de Michoacán fueron obligados a ese tipo de reuniones.
Las fotografías que han vuelto a enrarecer el clima político de Michoacán -en donde no hay una postura oficial del gobernador Salvador Jara Guerrero- son parte de un video que se exhibirá en breve.
Nadie sabe quién tomará la decisión de cuándo y cómo se exhibirá la nueva evidencia de las relaciones del crimen organizado y los gobiernos municipales de Michoacán.
Aun cuando hasta este momento la mayoría de los alcaldes michoacanos que han sido exhibidos en video son del PRI, el Comité Ejecutivo Estatal del PAN ha reprochado el show mediático que se deriva luego de la filtración de las filmaciones, las que pudieran estar administradas con fines políticos.
En conferencia de prensa, el líder estatal del Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, señalñó que su partido no acepta el chantaje y la exhibición pública como una forma de negociación para ceder posiciones políticas en la entidad.
Esto lo dijo en clara alusión a la posibilidad de que dichos videos sean filtrados por la oficina del comisionado federal, Alfredo Castillo.
“No seremos rehenes de los videos ni del comisionado”, dijo el líder estatal del PAN, quien demandó públicamente que quien tenga en su poder la videoteca de la corrupción estatal la presente a las autoridades correspondientes para que sea la justicia quien se haga cargo.
No serán tapadera de nadie
El líder del PAN en Michoacán dijo que ante lo basto de la videoteca que se ha comenzado a filtrar, no se descarta la posibilidad de que algunos funcionarios emanados de las filas de Acción Nacional pudieran ser exhibidos.
Pero, en ese caso, aseguró, el partido no será tapadera de nadie ni solapará conductas fuera de la ley.
Aseguró que si se presentara ese escenrio, será el mismo PAN quien exigirá a las autoridades que mande llamar a cuentas los funcionarios de su partido que hayan infringido la ley.
Esa será pauta a seguir desde el partido, dijo, a fin de no aceptar el chantaje político que pudiera estar preparando el comisionado federal, Alfredo Castillo.
Miguel Ángel Chávez Zavala metió las manos al fuego por sus precandidatos al gobierno estatal y descartó que pudieran aparecer en videos al lado de los jefes del cártel de las drogas en la entidad. Dijo que la honorabilidad de Luisa María Calderón Hinojosa, Salvador Vega Casillas y Marko Cortés, queda intacta en medio del escándalo que se vive en Michoacán.
Dos más a la cuenta
En enero de este año, la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, salió de Palacio Municipal y se sumó a la petición de la ciudadanía que se oponía la presencia de las autodefensas en su municipio.
“Huetamo vive en paz y tranquilidad, rechazamos las llamadas guardias comunitarias”, “¡No a los comunitarios!”, reclamaban.
Ocho meses despúes, la funcionaria está recluida en el penal de Zitácuaro está acusada del delito homicidio con todas las agravantes y extorsión en agravio de todos los trabajadores del ayuntamiento que encabezaba.
Santana Pineda también es investigada por presuntos vínculos con el líder visible del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, “La Tuta”, luego de la publicación de unas fotografías -tomadas de un video- en el que aparece en una reunión con el jefe del grupo criminal y la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrúm.
Aunque no se determina la ubicación del encuentro, la imagen muestra un lugar muy parecido a donde “La Tuta” se encontró con el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera, quien está preso por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
La presidenta municipal solicitó a Cabildo una licencia por 30 días para “arreglar asuntos personales”.
Ayer, en sesión extraordinaria los funcionarios consideraron prudente aceptar la solicitud de la funcionaria.
El pasado 4 de agosto, el periódico La Razón publicó un video en el que aparece Karrúm junto con un presunto jefe de plaza de Los Templarios, apodado “El Tony”, a quien recrimina por el asesinato de su yerno y alude una negociación que implicaba la entrega de dos carteras del gobierno municipal.
De acuerdo a fuentes al interior de la PGR, la alcaldesa será llamada a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizadas (Seido) por lo que pudiera ser su probable participación en delitos del orden federal.
El ‘cantante’
Fuentes al interior de la PGR señalaron que la detención de la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana fue a consecuencia de la declaración ministerial del también detenido y procesado por delincuencia organizada, Jesús Reyna García, quien fuera gobernador interino de Michoacán y protector político de la funcionaria.