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Más de un año ha transcurrido desde que el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) emprendiera un camino hacia la institucionalización, tras ser transformado en un Organismo Público Descentralizado.
Ese paso dio origen a las figuras de un Consejo Consultivo y del Defensor de la Audiencia, las cuales fueron presumidas en su momento por los directivos que las calificaron como el inicio de un proceso de ciudadanización.
No obstante que eran presentadas como una avanzada estatal para dotar de más espacios a los ciudadanos en los medios de comunicación oficiales, tales figuras quedaron en el olvido, y su participación al interior del sistema se ha visto limitada.
El 7 de diciembre del 2013 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, la ley que creó en un Organismo Público Descentralizado al SJRTV, propuesta que había sido enviada por el gobernador del estado al Congreso Local desde agosto de ese mismo año.
Las propuestas para incluir más a los ciudadanos en el nuevo OPD fueron presentadas por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el poder Legislativo local
Éstas ampliaron la participación ciudadana e incorporaron reglas claras en torno a la integración de un Consejo Consultivo.
En el proyecto de Ley se incluyó la propuesta de Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Congreso de Jalisco, para crear la figura del Defensor de la Audiencia, la cual no estaba en el borrador original enviado por el ejecutivo estatal.
Desde la llegada de Aristóteles Sandoval al Gobierno de Jalisco se interpusieron diversos obstáculos para mantener a C7 Jalisco bajo el control del poder ejecutivo.
Como se evidenció en el debate que se llevó a cabo en mayo de 2013, luego que Castañeda propusiera también reactivar el ya existente Consejo Consultivo del organismo.
Ante el exhorto del legislador dirigido al gobernador para reactivar la figura, el director del SJRTV, Sergio Ramírez Robles, explicó que esa materia era de competencia federal y que era difícil impulsar una ley local para el sistema.
“Esta iniciativa resulta importante, pero tardía, ya que al aprobarse la Reforma Federal en Telecomunicaciones, el destino de los antes permisionarios (como lo es SJRTV) y ahora concesionarios públicos será determinado en primera instancia por las leyes reglamentarias, que el Congreso de la Unión tiene 180 días para construir, aprobar y publicar”, se leía en un documento firmado por el titular del SJRTV, el cual dio a conocer el diario local El Informador.
No así, meses después el ejecutivo presentó la propuesta de Ley que hoy rige a C7 Jalisco.
De igual forma, Martín López Cedillo, diputado local del PRI y presidente de la comisión que revisaba la iniciativa argumentó –durante el debate legislativo de la creación del OPD– que la participación ciudadana sólo entrampaba las órdenes de gobierno, así lo reconoció él en el artículo publicado por Reporte Indigo el 15 de octubre de 2013, con el título “¿Es posible un C7 autónomo?”.
“Me parece que en las facultades del Ejecutivo está un acto de gobierno, y los actos de gobierno son actos de autoridad, y bueno, hay actos y derechos de los ciudadanos que habrá que respetarse constitucionalmente y aquí tiene que ser un tema de autoridad”, apuntó el diputado López Cedillo aquella vez.
Ya publicada la propuesta de ley, los directivos del SJRTV presentaron con bombo y platillo el inicio del proceso de ciudadanización.
Emitieron así las convocatorias que ordenaba la ley para la selección de los miembros del Consejo Consultivo y el Defensor de Audiencia.
Para el 11 de junio de 2014 fueron emitidas las resoluciones por las que se seleccionaba a siete vocales ciudadanos para integrar el consejo y a Gabriel Orozco Bernáldez en calidad de defensor de audiencias.
Brazo oficialista
A menos de un año de que fueran seleccionados estos representantes, provenientes de la sociedad, el proceso de ciudadanización ha sido puesto en duda por académicos y expertos en comunicación que ven en el medio público un brazo del gobernador.
La participación de estas figuras ciudadanas en los procesos internos del sistema se ha visto opacada por el autoritarismo de su director general, quien en declaraciones ante medios de comunicación se ha presentado como un “soldado del gobernador”.
De acuerdo con lo publicado en las distintas secciones de estas figuras, poca ha sido la participación de ellas. Así ha ocurrido con el Consejo Consultivo, el cual ha sesionado sólo en dos ocasiones desde su integración.
La primera sesión se realizó el 8 de septiembre de 2014, tres meses después de que se resolviera quienes lo integrarían.
En esa fecha, el Consejo emitió cinco distintas recomendaciones para que la Junta de Gobierno las pusiera en marcha.
Las recomendaciones hacían énfasis en la utilización del lenguaje de señas en los espacios de noticias, la creación de convenios con universidades para construir espacios de colaboración, y la búsqueda de material infantil y de divulgación científica con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) de Jalisco, así como con otras productoras.
La segunda y última sesión del Consejo Consultivo tuvo lugar el 28 de octubre del año pasado; en ella sólo se leyó el seguimiento de los acuerdos de la reunión anterior, y fue presentada la barra de programación de los nuevos canales digitales y el calendario de trabajo para el 2015.
Se dio a conocer ahí mismo que ya se había establecido un “contacto” con 15 universidades de la entidad; también se presentó el proyecto de un programa infantil enfocado a la divulgación de la ciencia, planteado por la SICyT.
Por último, se dijo que se había establecido apenas contacto con los intérpretes del lenguaje de señas “para la incorporación paulatina de este lenguaje en algunos programas de la programación”. Y nada más.
Incumplen reglas
Según el decreto que creó el OPD del SJRTV, en su artículo 21, las sesiones deberán ser normadas por un reglamento interno del organismo, mientras que el reglamento –aprobado en agosto de 2014– a su vez estipula en su artículo 47:
“Las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo deberán verificarse por lo menos tres veces al año, y las extraordinarias cuando la importancia de algún asunto especifico lo requiera, por no poder posponerse su atención”.
Por su parte la Junta de Gobierno sólo ha sesionado tres veces, de acuerdo con las actas publicadas otorgadas por la Unidad de Transparencia de C7 Jalisco.
La última data del 27 de noviembre del 2014 en la que se discutieron asuntos varios y en donde apenas se revisaron las propuestas que desde dos meses antes había enviado el Consejo Consultivo.
Ahora, el proceso de ciudadanización del medio público parece hundirse con la esperanza de cambios ante la llegada de un nuevo gobierno para administrarlo.
Y el aprovechamiento de los espacios mediáticos del canal han sido utilizados para la exaltación de acciones gubernamentales sin el mínimo de crítica, tanto de fuera como del interior del propio medio.
Por su parte, el actual defensor de la audiencia brilla por su ausencia. Después de que el primer defensor, Gabriel Orozco, renunciara a su cargo ante diferencias con el director general del canal.
Napoleón Medrano, quien lo reemplazó en 2014, no ha figurado ni en los espacios de C7 Jalisco ni en alguna recomendación en torno a los contenidos del sistema, como lo compete le Ley.
Así mismo, desde la academia, se mira con ojo crítico las acciones que se realizan en el sistema, como lo expresó Francisco Aceves González, experto en comunicación política, al señalar que todo ha sido una “simulación”.
De igual forma los académicos y excandidatos a defensor de audiencia, Darwin Franco Migues y Bernardo Masini Aguilera, han expresado que el proceso no ha sido lo que ellos esperaban y por tal hecho rechazarán volver a concursar en otra convocatoria que lance la actual directiva.