Morir por preguntar

La criminalización de las víctimas de desaparición se asoma como un tema menor frente al nuevo fenómeno que cobra fuerza cada vez más en nuestro país: el asesinato de sus padres y familiares que, buscando la justicia para sus desaparecidos o dar con sus restos, sólo encontraron la muerte. 

Desde el 2015 a la fecha ya son 9 las personas que, al sumarse a movimientos sociales en reclamo de justicia para sus familiares desaparecidos o asesinados, han tenido que correr la misma suerte que sus víctimas; todos fueron asesinados por comandos armados que finalmente truncaron el llamado lanzado.

El caso más reciente es el de la activista de Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ejecutada por un comando armado que llegó hasta su domicilio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El único “delito” cometido por la activista fue haber reclamado justicia para su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desaparecida y asesinada en junio del 2012.

La situación que se vive en México sobre los ataques a los padres y familiares que exigen justicia para sus víctimas ya fue reconocido por la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) a través de la oficina local del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, desde donde se señaló la existencia de “factores estructurales que han colocado a las familias de personas desaparecidas en una grave situación de vulnerabilidad”.

Por ello, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México le recordó al Gobierno federal su deber.

“(Que) adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”, dijo.

Los asesinatos de familiares que reclaman justicia para las víctimas, es sólo la punta del iceberg. De acuerdo al defensor de derechos humanos, Jesús González Ramírez, de la organización Alianza Cívica Nuevo León, en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nuevo León y Michoacán, el índice de amenazas contra familiares de víctimas ya es alarmante.

En las estimaciones del activista se considera que, en las entidades más convulsionadas por la violencia, al menos seis de cada 10 personas que buscan justicia para sus familiares víctimas de homicidio o desaparición, se encaran con el problema de las amenazas contra su propia integridad física.

El abogado Alfredo Rojas Duran, integrante de la Fundación Unidos por la Paz y la Justicia, señaló que un estudio reciente de esa organización revela que en América Latina va al alza el fenómeno de criminalización y persecución de activistas, en donde se hostiga por igual a los defensores de los recursos naturales y opositores a los megaproyectos, que a los que abogan﷯ por﷯ los derechos humanos que buscan justicia para las víctimas desaparición y homicidio.

En el caso de México, dijo Rojas Duran, la persecución es terrible llevando el crimen organizado al Estado a la ejecución de la política de crímenes de Lesa Humanidad.

“Estamos regresando a la guerra sucia de los 70’s, pero de una forma más violenta, pues antes era solo el Estado el que perseguía, y ahora es el Estado en alianza con el crimen organizado”, explica el abogado, “el crimen organizado es el que ordena al Estado”.

De acuerdo a las cifras de Alfredo Rojas Duran, en toda América Latina, en donde se incluye a México entre los principales países, se tiene un recuento de mil 700 activistas que han recibido amenazas de muerte, como resultado de su labor de divulgación y visibilidad de los problemas sociales derivados de la violencia.

Por esa razón, al inicio de este año, el relator especial sobre la situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, al emitir su informe tras una visita de observación a nuestro país, hizo un llamado a la autoridad mexicana para proteger y garantizar mejores condiciones de trabajo para las personas que luchan por el respeto a los derechos humanos, entre ellas los familiares de víctimas.

Estado de Impunidad

En solo 2 años y cinco meses, México se ha colocado como el primero de los países de América Latina en cuanto al número de asesinatos de líderes defensores de los derechos humanos, de acuerdo a la opinión del poeta y activista social Javier Sicilia, quien atribuyó esa situación “al estado de corrupción del gobierno mexicano, que está trabajando al servicio del crimen organizado”.

Dijo que solo así se entiende el estado de descomposición en el que se encuentra el sistema “de partidocracia del país”, el que ha llevado a la inseguridad absoluta a todo el país, “donde los defensores y activistas son los primeros en ser blanco de la política de extermino que se practica con total impunidad”.

Es una impunidad que crece todos los días, explicó la activista y dirigente de la organización Sierra Madre A.C, Isela González Díaz, pues consideró que los órganos encargados de la investigación de los asesinatos de activistas, alegan de manera frecuente la falta de recursos humanos y materiales para cumplir con el cometido de brindar seguridad a las familias de los afectados.

Pero lo más lamentable es que el estado de impunidad, que se fermenta todos los días con las amenazas a los que buscan que se respete el estado de derecho, hace que muchos de los familiares de las víctimas de homicidio y desaparición, cejen sus intenciones de búsqueda de justicia anteponiendo su propia seguridad personal, dijo Jesús González Ramírez.

A la fecha, de acuerdo a representantes de organizaciones integradas dentro de la agrupación Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), casi el 10 por ciento de los familiares de víctimas de homicidio y desaparición han decidido disminuir su activismo social en reclamo de justicia, a causa de las amenazas de muerte que pesan sobre ellos.

Ya son cientos de personas las que, luego de iniciar labores de activismo social para alcanzar justicia para sus familiares afectados por la violencia, han tenido que dejar de lado su lucha a causa del desplazamiento forzado o de las amenazas en relación a su integridad física.

La lista de la vergüenza

No hay un registro nacional sobre las personas que ahora son víctimas luego de exigir justicia para sus familiares, pero de acuerdo a los datos periodísticos de los últimos dos años, en todo el país han sido asesinados al menos 9 jefes de familia que reclamaron esclarecer el asesinato o desaparición de sus hijos o parientes.

El 15 de febrero del 2015, en el estado de Guerrero, fue asesinada Norma Angélica Bruno Román, quien se había lanzado al activismo social en reclamo de justicia para su prima Ivette Melissa Flores, que desapareció a manos de un grupo armado el 2 de marzo del 2013.

A Norma Angélica la asesinaron dos sicarios frente a sus tres hijos, a las afueras del panteón Cristo, en el municipio de Chilpancingo, a donde había llegado para participar en el sepelio del también activista José Ramón Bernabé Armenta, ejecutado de la misma forma en una cancha de futbol, dos días antes.

A Miguel Ángel Jiménez Blanco, lo asesinaron el 8 de agosto del 2015. Él era dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y se había autoimpuesto la encomienda de buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre los que se encuentra Cirino Tejeda Meza, familiar en grado de sobrino.

El dirigente de la UPOEG fue asesinado a bordo de un taxi en la comunidad de Xaltianguis, en el municipio de Acapulco, en donde había participado en la excavación de fosas clandestinas y ubicó al menos una docena de cuerpos de personas desaparecidas, la mayoría víctimas de secuestro.

Con la misma suerte corrió Luis Abraham Cabada Hernández, quien fue asesinado en Sinaloa, el 19 de diciembre del 2015. Su cuerpo, con al menos tres impactos de bala en el costado izquierdo y en la cabeza, fue encontrado en el fraccionamiento Rincón del Humaya, en el municipio de Culiacán.

Luis Abraham Cabada Hernández se había sumado al movimiento nacional de búsqueda de desaparecidos desde hacía dos años, con la intención de ubicar el paradero de su hermano Jorge Cabada Hernández, y sus primos Juan Emério Hernández Argüelles y Abraham Hernández Picos, que desaparecieron en la colonia Las Quintas de Culiacán, la madrugada del 30 de junio de 1996.

A Brenda Carrero la asesinaron en el estado de Guerrero el 22 de abril del 2015, ella se disponía a salir de su domicilio en el municipio de Chilpancingo cuando fue interceptada por dos hombres que le dispararon a quemarropa. Brenda era activista del colectivo Guerrero por Las Mujeres, al que se sumó un año antes en busca de su hermano Joel Carrero Hernández, desaparecido el 2 de enero del 2014.

En el Estado de México fue asesinada, el 15 de enero del 2016, la señora Cornelia San Juan Guevara, quien integraba al movimiento Por Nuestros Desaparecidos. Fue activista por más de un año y se dedicó a buscar en fosas clandestinas los restos de su hijo Osvaldo Espejel Guevara, quien desapareció el 3 de agosto del 2010.

Un comando armado de por lo menos cinco personas ingresó al domicilio de Cornelia San Juan, en donde sin mediar palabra fue acribillada por disparos de al menos tres tipos de armas largas. Ella murió sin conocer el paradero de su hijo, que fue secuestrado también desde el interior del mismo domicilio por un comando de al menos 10 hombres.

José Jesús Jiménez Ganoa, quien participaba activamente en la búsqueda de su hija Jenny Isabel Jiménez de 23 años, fue ejecutado a balazos en el municipio de Poza Rica, el 22 de junio del 2016. Fue emboscado cuando viajaba al lado de su esposa Francisca Vázquez Mendoza, luego de una reunión con activistas para programar la búsqueda de fosas clandestinas en el estado de Veracruz.

Jiménez Ganoa, quien recibió al menos 12 impactos de Ak-47, era integrante y vocero de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y también formaba parte de la organización Búsqueda de Familiares María Herrera, A.C. en Poza Rica, una de las organizaciones más activas en la búsqueda de personas desaparecidas en esa entidad.

A Heriberto López Gastelum lo mataron el 30 de noviembre del 2016, cuando se encontraba haciendo unas compras en una tienda ubicada en las calles Jesús García y Edmundo Taboada, en la colonia Náinari del Yaqui, en el municipio de Cajeme, en Sonora; tres personas se acercaron hasta donde él estaba, para descargarle al menos siete disparos de rifle AR-15.

López Gastelum había dedicado todos sus esfuerzos de los últimos 7 meses para dar con el paradero de su hijo de 17 años de edad, también de nombre Heriberto Gastelum, quien desapareció en esa misma localidad el 3 de marzo del 2016, luego de ser secuestrado por un comando armado en donde actuaron elementos de la Policía municipal.

Otra víctima de la búsqueda de justicia para su familiar fue Gerardo Corona Piceno, asesinado en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco, el 19 de abril del 2017; él estaba en busca de su hermano Álvaro Corona Piceno, desaparecido el 3 de agosto del 2013.

Gerardo Corona siempre aseguró que su hermano había sido víctima de secuestro por parte de elementos policiales de la Fiscalía General del Estado, asegurando tener pruebas que implicaban a varios de los elementos de esa corporación, por eso era frecuente su protesta de caminar frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Guadalajara, exhibiendo en una pancarta los nexos de corrupción de la Policía estatal.

La víctima más reciente de los activistas fue Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, que fue asesinada en Tamaulipas el pasado 10 de mayo del 2017. Ella denunció la liberación irregular del secuestrador y homicida de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, quien desapareció en el 2012 y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en el 2014.

Padres asesinados buscando a sus familiares

>> Norma Angelica Bruno Román asesinada en Guerrero el 15 de febrero del 2015

>> Miguel Ángel Jiménez Blanco ultimado en Guerrero el 8 de agosto del 2015

>> Luis Abraham Cabada ejecutado en Sinaloa el 19 de diciembre del 2015

>> José Jiménez Ganoa ultimado en Veracruz el 22 de junio del 2016

>> Cornelia San Juan Guevara asesinada en el Estado de México el 15 de enero del 2016

>> Brenda Carrero acribillada en Guerrero el 22 de abril del 2015

>> Heriberto López Gastelum ejecutado en Sonora el 30 de noviembre del 2016

>> Gerardo Corona Piceno acribillado en Jalisco el 19 de abril del 2017

>> Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez asesinada en Tamaulipas el 10 de mayo del 2017

Otro ataque a la prensa

El periodista y director de diario Río Doce del estado de Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, fue acribillado el medio día de este lunes, en la calle Vicente Rivapalacio, en la colonia Jorge Almada, casi frente a las oficinas del medio que fundó y destinó para brindar información relacionada al narco.

“Uno más… los ojos, los oídos y los labios de la sociedad, son castigados por el crimen organizado, que se ha coludido con el crimen organizado”, lamentó el poeta y activista Javier Sicilia, quien recordó que la violencia no es fortuita y que es producto directo de la corrupción del gobierno.

Con Javier Valdez Cárdenas, oficialmente ya son cinco los periodistas que han sido asesinados en lo que va del año. Pero extraoficialmente son siete.

Una cuenta trágica que mantiene la constante registrada en los últimos años en México, en donde, en promedio, cada mes o menos, un periodista es ejecutado.

“Por eso no nos sorprende que México sea el segundo país más violento del planeta, sólo después de Siria”, explicó Javier Sicilia a Reporte Indigo.

De acuerdo al activista Alfredo Rojas Duran, el patrón de agresiones de los grupos delincuenciales, está bien definido en México.

“Siempre son atacados aquellos que se oponen a proyectos invasivos de desarrollo, los que defienden los derechos humanos y los periodistas que dan voz a las denuncias de la población afectada”, dijo.

La lista de asesinatos de periodistas en este año inició el 2 de marzo con el homicidio en Guerrero de Cecilio Pineda Birto. Siguió luego Ricardo Monlui Cabrera, ejecutado en Veracruz el 19 de marzo. El día 23 de ese mismo marzo fue ejecutada en Chihuahua Miroslava Breach, a la que le siguió, en Baja California Sur, Maximino Rodríguez, ejecutado el 14 de abril.

El 29 de abril, aun cuando no ha sido reconocido como una agresión a la prensa por los organismos defensores de derechos de periodistas, fue ultimado en la ciudad de Puebla el periodista Erick Bolio López. Ese mismo día, pero en el estado de Morelos, fue asesinado el comunicador Filiberto Álvarez Landeros, cuya muerte tampoco fue reconocida como agravio a la prensa.

Ahora, la muerte de Javier Valdez Cárdenas, un periodista especializado en temas de narcotráfico, quien era corresponsal de La Jornada y de la Agencia France Press, autor de los libros “Narcoperiodismo”, “Los Huérfanos del Narco” y “Miss Narco”, sigue aumentando la cuenta y evidencia los riesgos señalados por organizaciones internacionales promotoras de la libertad de expresión, que indican que México es el país más peligroso para el ejercicio periodístico.

El último mensaje que escribió el periodista en sus redes sociales, apenas unas horas antes de su ejecución, se antoja premonitorio, como una clara advertencia sobre la condición de riesgo para ejercer el periodismo en México: “que no te toque bola negra, ni te alcance la voladora”, dejó la sentencia.