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La autoridad competente puede iniciar una investigación de las personas a las que considere con perfil de cometer actos de robo
Un grupo conformado por 26 casas de empeño perfilan un amparo por medio de Federico Fernández, representante legal que buscará la reapertura de estos negocios.
Aunque no precisó la fecha, el litigante aseguró que los 26 negocios, que han sido clausurados por aparentemente no tener los permisos correspondientes, cuentan con todos los requisitos que les marca la ley.
Fernández enfatizó que la clausura, más que por reglamento, se trata de una cortina de humo usada por los alcaldes de la zona metropolitana para acaparar los reflectores de la comunidad y los medios de comunicación.
Al menos hasta ayer, en San Nicolás se habían cerrado 36 negocios de este tipo, mientras que en San Pedro, tan solo 8.
El representante legal de las casas de empeño aseguró que la mayoría de los negocios de este giro sí cuentan con los requisitos que solicita el Municipio, y que las clausuras se han aplicado partiendo de un prejuicio, relacionado con que en las casas de empeño se compran prendas robadas, lo que provoca que se dispare este delito.
El pasado 8 de diciembre, el secretario de Ayuntamiento, Jesús Horacio González Delgadillo, aseguró que Nuevo León es el segundo estado con mayor número de casas de empeño, y que hay una relación entre los negocios de este giro con los índices delictivos tipificados por robo.
Según los números de la Procuraduría General de Justicia, en San Nicolás el delito de robo ha disminuido desde el año 2013, cuando se registraron 372 casos; en el 2014, hubo 345; y en lo que va del 2015, se han registrado solo 176.
El litigante Fernández comentó que las 26 tiendas prendarias están registradas tanto en la asociación AMESPRE, como en la Profeco, y que cuentan con los permisos que exige el Ayuntamiento para poder brindar los servicios de préstamo.
“Vamos a promover un medio de defensa para que se levante la suspensión y que los dejen trabajar”, dijo el abogado.“Toda la gente que tiene ahí sus mercancías no las puede sacar, y obviamente no se puede cobrar intereses porque es un acto de autoridad ajeno al deudor”.
Fernández explicó que para evitar caer en la adquisición de prendas robadas, las 26 casas de empeño en San Nicolás, entre otras de la zona metropolitana, presentan un informe a la Procuraduría General de Justicia de los clientes que acuden frecuentemente a empeñar.
“Es un prejuicio creer que todas las casas de empeño compran robado. Parten de ese prejuicio y generan un temor infundado”, comentó. “(…) Hay un acuerdo en la PGNL que los obliga a informar sobre los empeños que alguna persona haga de manera frecuente de más objetos”.
De este modo la autoridad competente puede iniciar una investigación de las personas a las que considere con perfil de cometer actos de robo.
“Por qué la autoridad los está molestando. Porque han satanizado el giro”, señaló. “En San Nicolás están clausurando a todas, menos a las más pequeñas, porque esas no están registradas en la Profeco, y ni si quiera saben en dónde están. Todo es una actuación arbitraria, sin un estudio y sin una audiencia”.
El litigante aseguró que el Ayuntamiento de San Nicolás ha solicitado a las casas de empeño el permiso de uso de edificación, y que dicho permiso no se tiene debido a que cuando los negocios fueron abiertos, la ley no lo solicitaba.
Y que a diferencia del permiso de uso de edificación, incluyó Fernández, sí se cuenta con permisos de uso de suelo y de construcción.
“Todo esto es un pretexto para ganar reflectores, para aparentar que son funcionarios muy bien orientados, como el caso del secretario de Ayuntamiento de San Nicolás, que aparenta ser muy eficiente porque están clausurando casas de empeño que sí tienen permisos”, expresó.
“Es una cortina de humo para cubrir el montón de ineptitudes y raterías que se aventaron en las administraciones pasadas (…) Sí están comprando robado, que la Procuraduría los meta a la cárcel. Ahí están las casas de empeño, esas no se van”.
El abogado comentó que con información de los propietarios de las casas de empeño, se estima que alrededor de mil 500 personas se queden sin empleo, debido a que diferentes municipios han optado por cerrar este tipo de negocios.
En San Pedro también se sumaron a la clausura de este tipo de negocios, al cerrar ocho casas de empeño.
Aunque hasta el cierre de esta edición no habían clausurado ningún negocio de este tipo, el municipio de Guadalupe también se sumó a los operativos contra las casas de empeño, debido al acuerdo que se tiene con el Estado para revisarlas y combatir los índices de delitos por robo.