Con el objetivo de brindar atención expedita a mujeres que sufran de violencia política en razón de género, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (FDENL) presentó este viernes una iniciativa en el Congreso local para emitir de oficio órdenes de protección a víctimas en este tipo de situaciones.
En voz de su titular, Gustavo Javier Solís, el órgano señaló que existen protocolos que deben aplicarse inmediatamente tras el conocimiento de este tipo de faltas, esto mediante a una reforma del artículo 18 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La implementación de la medida, aseguró el funcionario, propiciará de entrada un espacio más seguro para mujeres que se dediquen a la vida pública en la entidad.
La violencia contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos. Lastimosamente, Nuevo León ocupa el primer lugar en feminicidios, con 47 casos registrados en los primeros 8 meses del año. Esta cifra es un llamado urgente a tomar acción por el bien de todas las… pic.twitter.com/9Xz2EC74Vb
— Lorena de la Garza (@lorenadelagarza) October 25, 2024
“Desde nuestra perspectiva tenemos una gran área de oportunidad, porque muchas veces, si a la las mujeres no les ofrecemos un espacio de confianza, seguro y protegido, tienen temor a represalias; lo que estamos buscando como Fiscalía es que el Congreso nos apoye para que podamos ofrecerle a las mujeres que participan en política un espacio seguro, con protección, donde puedan denunciar y nosotros podamos investigar y darles los resultados que ellas esperan”, afirmó Solís.
De la misma forma, se espera que la reforma pueda incentivar el número de denuncias recibidas, toda vez que, en 2024, la FDENL recibió sólo 11 denuncias de este tipo por las más de 100 que se registraron en el ámbito administrativo.
Pide Lorena de la Garza evitar ‘normalización’ de violencia
Luego de la presentación de la iniciativa, la diputada priista Lorena de la Garza, presidenta del Congreso local, afirmó que no se debe tomar la violencia política en razón de género como algo “esperable” para las mujeres que laboran en el sector público.
“No debería ser y no es así; lo que nos falta es ese mecanismo de protección en el que, por más normalizada que esté una conducta violenta, quien la realice sepa que es un delito, que no es política, que es que estás cometiendo un delito”, afirmó.
La legisladora recordó que el respeto a los derechos políticos y laborales a las mujeres de la entidad no es ningún favor, sino el cumplimiento de una ley que pretende garantizar equidad.
“Todas las mujeres que hacemos política lamentablemente nos hemos sentido violentadas en nuestros derechos por ejercer este trabajo (…) Los derechos que tenemos no son ninguna concesión, no es ningún favor: son derechos que ya tenemos adquiridos las mujeres de Nuevo León”, afirmó.
