Buscan reducir ‘exceso’ de escoltas de NL

Diputados del Congreso de Nuevo León criticaron el desvío en el que incurre la Secretaría de Seguridad del Estado al habilitar como escoltas de funcionarios y exservidores públicos a cerca de 200 policías de Fuerza Civil.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García, adelantó que hoy presentará una iniciativa para reactivar el comité técnico que asigna a los guardias, para reducir la cantidad de elementos asignados para la protección de los servidores.

“Nos parece una ofensa a la ciudadanía, que falten policías para cuidar la ciudadanía, pero los funcionarios estén repletos de escoltas, de vehículos blindados y creemos que es excesivo.

“Mañana (hoy) vamos a presentar una iniciativa para reactivar el comité técnico de remuneraciones y de seguridad, y buscaremos bajar todo a la mitad, la mitad del tiempo para los escoltas, la mitad de vehículos y la mitad de gasolina”, detalló García.

Reporte Indigo publicó ayer que mientras los índices de inseguridad y de violencia crecen en la entidad, el Estado desvía alrededor de 200 elementos de Fuerza Civil, habilitados -no como policías para cuidar a los ciudadanos- sino como escoltas de funcionarios estatales, jueces y excolaboradores priistas de la pasada administración.

Este periódico tuvo acceso a la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, clasificada como reservada, donde aparece la lista de elementos de Fuerza Civil asignados como escoltas a los funcionarios, jueces y exsecretarios estatales.

De los funcionarios estatales es Manuel González, secretario general de Gobierno, quien tiene asignados para su protección el mayor número de elementos de Fuerza Civil con cerca de 50 policías.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local señaló que con los cambios en la Ley se buscará reducir el número de escoltas y vehículos asignados para la protección de los funcionarios, y enviar a esos elementos de Fuerza Civil a las calles.

“De perdido tener 150 policías más en la calle cuidando a la ciudadanía y eso es un avance, conque en la Ley bajemos a la mitad, eso es una competencia del Poder Legislativo y mañana (hoy) vamos a presentar la iniciativa.

“Hay funcionarios que no deben tener dos vehículos y ocho escoltas, o un juez, eso es demasiado, y al final del día, si vas a entrar al Gobierno, es por valentía, y no vas a entrar con miedo, y si tienes miedo paga tus escoltas”, dijo Samuel García.

En Seguridad, sin comentarios

El general Arturo González, secretario de Seguridad Pública, acudió ayer al Congreso local al arrancar la glosa del segundo informe de gobierno.

Ahí fue cuestionado por el diputado Marcelo Martínez Villarreal, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, sobre el tema de los 200 policías asignados como escoltas. El funcionario evadió contestar las preguntas del legislador panista.

Al término de la comparecencia, el general González fue abordado por Reporte Indigo, pero nuevamente se negó a explicar este desvío de policías estatales en el que se incurre al asignarles tareas de protección de funcionarios públicos y exservidores.

Incluso hay policías estatales asignados a funcionarios administrativos de segundo nivel, como Nicole Saviñón, y a exfuncionarios como el exprocurador Adrián de la Garza y el actual diputado federal Álvaro Ibarra, exsecretario general de Gobierno.

“No tengo más comentarios sobre eso”, dijo el general cuando fue abordado por Reporte Indigo.

Evalúan reducción

Luego de que este periódico ventilara la nómina de policías estatales asignados como escoltas en la administración estatal, el secretario general de Gobierno, Manuel González, prometió reducir el número de guardias que tienen los funcionarios estatales y que no están involucrados en la seguridad del estado.

“Creo que tenemos que hacer una reducción, la tenemos que hacer proporcionada, a nivel de decisión de injerencia que tenga el funcionario, respecto a la peligrosidad en contraprestación a su decisión”, dijo el secretario.

La Ley de Seguridad del Estado contempla protección a funcionarios y exfuncionarios por medio de escoltas, y a través de un consejo técnico que determina la protección a los secretarios.

De acuerdo con el Gobierno independiente, ese consejo técnico no ha sesionado desde hace nueve años.