La Cámara de Diputados pretende maniatar con la reforma a Ley de Amparo a los jueces federales en el tema de los casinos.
Y es que hay ejemplos de que juzgadores y casineros han llegado a tener nexos criminales.
Los legisladores federales incluyeron en esta reforma a los casinos, principalmente en el sentido que los jueces no podrán concederles suspensiones de amparo, argumentando que la operación de estos establecimientos contraviene el interés social.
Curiosamente la propuesta fue presentada por el coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, quien junto con su hermano, el también legislador Ricardo Villarreal, ha sido señalado de tener centros de apuestas en Guanajuato.
La negación del “acto reclamado” para los propietarios de casinos en México quedó establecida en el artículo 129, fracción primera, de la Ley de Amparo, que será sometida a votación en el Senado.
Nuevo León es la entidad donde opera el mayor número de casas de apuestas en México y una tercera parte funciona con permisos concedidos gracias a suspensiones de amparo otorgadas por los jueces.
La Segob tiene contabilizados 34 centros de apuestas operando en esta entidad, pero en el estado existen más de 50 establecimientos que funcionan de manera irregular con resoluciones administrativas o de manera ilegal.
Hay cerca de 15 casinos operando en Monterrey gracias a amparos y suspensiones que han otorgado jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación.
Los permisos de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta en el estado son utilizados por siete casas de apuestas, como son el Paradise, Jubilee, Viva México, Crown Cumbres y el Abu Dhabi ubicado en Apodaca.
El casino San Marcos de Cadereyta y el Abu Dhabi en Apodaca también utilizan permisos de esta empresa, validados en el 2008 con una ampliación de la autorización por el polémico juez Luis Armando Jerezano, entonces titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna.
Como dueños de Atracciones y Emociones Vallarta aparecen los hermanos Madero Dávila.
La empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua también logró con una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, para que se le reconociera una resolución emitida por la Segob.
Bajo este permiso en Nuevo León funcionan siete establecimientos de apuestas, como el Foliatti, los dos Hollywood, el Majestic de Montemorelos, el Crown de Linares y el Foliatti de Allende.
Marco Antonio Ayala Anzaldúa y Antonio Ochoa Garza aparecen como dueños en la versión pública de este permiso.
La relación de jueces del Poder Judicial de la Federación con casinos ha destapado casos de corrupción.
El Consejo de la Judicatura Federal suspendió a los jueces Luis Armando Jerezano y Ricardo Hiram Barbosa Alanís para investigarlos por favorecer con sus resoluciones judiciales a propietarios de casinos en Nuevo León.
Estos dos jueces fueron denunciados en su momento por el entonces alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, quien los acusó de cometer actos de corrupción para abrir centros de apuestas en su municipio.
Jerezano incluso ha sido denunciado penalmente por los dueños del casino Fortuna de Monterrey, que los acusan de pertenecer al grupo del crimen organizado que pretende adueñarse de ese centro de apuestas, que por cierto, también opera con una suspensión.
En el 2011 la PGR detuvo a Esiquio Martínez Hernández, quien se desempeñaba como secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
Martínez Hernández fue consignado por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por realizar movimientos en sus cuentas bancarias por arriba de los 432 millones de pesos.
Según la Judicatura, el secretario formaba parte de una presunta red de jueces y secretarios de distrito que emitían resoluciones a favor de casinos coludidos con el crimen organizado.
A Martínez Hernández se le detectó un depósito de medio millón de pesos en su cuenta de ahorros, justo después de haber ordenado la reapertura del casino Paradise, ubicado en la avenida Morones Prieto, en Monterrey.
