El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco elaboró un diagnóstico para identificar sus fallas y puntos débiles.
En el análisis concluyó que requiere de la creación de juzgados penales especializados en dicha materia para resolver con mayor agilidad los expedientes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Además, propone que se instaure una sala especializada al interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, organismo encargado de imponer las sanciones en los casos graves de corrupción, exclusivamente en el ámbito administrativo; así como la transformación de la fiscalía en una instancia autónoma.
De concretarse de manera constitucional la autonomía de la fiscalía, ésta obtendría un rango superior al de la Fiscalía General del Estado (FGE), que actualmente carece de este tipo de independencia ante el Poder Ejecutivo local.
Estas y otras conclusiones están contenidas en el apartado “Mecanismos de coordinación para mejorar los procesos de detección, investigación y sanción de la corrupción” expuestos en el Octavo Informe del Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción presentado en días recientes.
“Capacitar a jueces en el tema y lo relativo a la corrupción y, de ser posible, contar con juzgados penales especializados en la materia. Atender lagunas conceptuales de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco para que el Tribunal de Justicia Administrativa tenga una ‘mayor aportación jurisdiccional’”, indica el texto.
En el ámbito de la persecución penal de los delitos de corrupción subraya la importancia de buscar la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que estar dentro de la estructura organizacional de la FGE limita su acción.
El Octavo Informe del Observatorio Ciudadano señala que de las 154 carpetas judicializadas por el Sistema, solo se han concluido y sentenciado ocho casos
Avances hallados
En el balance positivo, el estudio destaca el número de expedientes iniciados por el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco contra exfuncionarios públicos de alto rango, entre los que se encuentra Francisco Ayón López, uno de los secretarios con mayor influencia política en el pasado sexenio, y quien permanece en prisión preventiva por presuntas corruptelas en el Instituto de Pensiones del Estado
“En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se observa un flujo constante tanto en el número de carpetas que se judicializaron como en las que quedaron personas vinculadas a proceso, a partir del año 2019 a la fecha.
“Entre las personas que quedaron vinculadas a procesos se encuentran seis exsecretarios del estado, 15 directores generales, cuatro expresidentes municipales y varios agentes del Ministerio Público“, indica el informe.
Rezago judicial
La necesidad de implementar los cambios sugeridos en el organismo queda evidenciada en el documento realizado por el Observatorio Ciudadano, cuyos datos demuestran que existe un rezago importante en la resolución de los expedientes administrativos y penales en materia de corrupción.
El Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, reportó haber recibido 396 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), en el período de 2018 al 9 de noviembre de 2022.
“Hay una regular y equitativa distribución de casos entre las diferentes Salas Unitarias. Llama la atención que de los IPRAS recibidos, el 80 por ciento están en trámite, no han recibido algún pronunciamiento o se han regresado a su origen por diferentes motivos. Solo el tres por ciento han recibido sanción: la mitad absolutoria y la otra mitad condenatoria”, advierte el documento.
Agrega que, de todos los procesos recibidos, solo se dictó sentencia -de forma absolutoria o condenatoria- al tres por ciento, lo que hace más que evidente la existencia de obstáculos que impiden el adecuado flujo del proceso.
Este rezago también existe en el ámbito penal, en lo concerniente a las carpetas judicializadas por temas de corrupción en los años 2021 y 2022.
“Finalmente, el Supremo Tribunal informa que de las 154 carpetas judicializadas, solo se han concluido y sentenciado ocho casos en los cuatro distritos que se detallan (Autlán de Navarro, Puerto Vallarta, Chapala y Tonalá)”, acusa.
Renovación del Sistema Anticorrupción de Jalisco en puerta
Luego de que la designación del más reciente miembro del Comité de Participación Social (CPS), Miguel Ángel Hernández Velázquez, resultara cuestionada por anomalías en su proceso de selección, el Observatorio Ciudadano conminó a que estos errores no se repitan en la renovación de la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, en febrero de 2023.
“Resulta por tanto necesario que en esta importantísima designación se respeten los principios de idoneidad, elegibilidad, conocimiento, experiencia, mérito, independencia, perspectiva de género, transparencia, rendición de cuentas y de participación ciudadana, para que el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco no repita el error de designar a uno de sus integrantes mediante un procedimiento cuestionado e ilegítimo”, se manifiesta en el informe.
La actual preeminencia de exfuncionarios públicos en el CPS, como Vicente Viveros Reyes, David Gómez Álvarez y el propio Miguel Ángel Hernández Velázquez, pese a que debía fungir como un organismo ciudadano e independiente, ha suscitado preocupación.
Una de las expresidentas del ente, Lucía Almaraz Cázarez, advirtió en una colaboración para el diario NTR, del 31 de octubre pasado, que si la renovación toma otro rumbo y es la doctora Nancy García quien llega a la presidencia del CPS se esperaría una gestión técnica, con miras a implementar la política estatal anticorrupción.
“Será una presidenta conciliadora, sin ánimo de protagonismo. Nancy no la va a tener sencilla, se queda con un CPS plagado de exservidores públicos con línea por diferentes actores y grupos políticos, con ganas de que el CPS no tenga ningún tipo de incidencia en los temas importantes, que no haga ruido, y que no incomode al poder en el estado”, escribió.
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